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Parana » APF
Fecha: 05/06/2025 19:30
El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, tras cinco horas de lectura de la resolución en la que rechazó todos los planteos de las defensas y aceptó los de Fiscalía, remitió a juicio la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri; al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y ex funcionarios de las gestiones de Urribarri, por el presunto pago de coimas para beneficiar a la empresa de Cardona Herreros en una licitación pública. Ahora resta que se fije fecha de debate jueves 05 de junio de 2025 | 19:07hs. El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, remitió este jueves a juicio oral y público la causa conocida como Coimas; Relevamientos Catastrales, por el nombre de la empresa presuntamente beneficiada; o la causa del Paraguayo, por la nacionalidad del dueño de la empresa. Así, la causa que comenzó a sustanciarse a partir de evidencia que se colectó en otro legajo que se sustancia contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario, Diego Armando Cardona Herreros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito, será juzgada en debate oral y público en fecha a determinar por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). El juez le dio la vista a la incorporación de evidencia que se colectó en el legajo que investiga a Urribarri y Cardona Herreros por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito para conformar el de Negociaciones incompatibles que terminó remitiendo este jueves a debate. Entendió que de los allanamientos que se realizaron fines de julio de 2018 en propiedades del empresario se obtuvo información de distintos dispositivos electrónicos que dio cuenta de la posible comisión de otro delito. Sostuvo que se trató de evidencia que se buscó para el legajo sobre enriquecimiento pero permitió, con la aprobación de la Justicia de Garantías y la debida notificación a las defensas, investigar otros delitos como el que es motivo de este legajo sobre Negociaciones incompatibles con la función pública. Los hechos Al ex gobernador se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”. Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo. Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”. Imputados Los imputados que enfrentaran los cargos son el ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos, Luis Alfonso Erbes, que es asistido por Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa; Cardona Herreros, que lo es por José Velázquez e Ignacio Díaz; el ex secretario de Hacienda de la provincia, Humberto Flores, representado por Leopoldo Lambruschini y Julio Federik; el ex director de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía que aún está en funciones, Miguel Ángel Ulrich, que es defendido por los defensores oficiales, Gaspar Reca y Sebastián Ludi; el exdirector de Informática, Carlos Haidar, asistido por Juan Méndez); Guillermo Smaldone, que es abogado en causa propia, y Urribarri, que es defendido por Miguel Cullen. Alongada En la prolongada última jornada de la audiencia de remisión de la causa a juicio, Vergara desarrolló detalladamente los planteos de las defensas y los rechazó. En sentido contrario admitió toda la evidencia que le presentó Fiscalía. En este sentido, el juez no hizo lugar al pedido de nulidad de la audiencia porque aún resta que se defina un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia. Entendió que la Corte no tiene efectos suspensivos y la Sala Penal de STJ ya se expidió. Tras detenerse en lugares comunes revisitados por los fiscales, tales como la entidad y naturaleza del delito contra las arcas del Estado y la permanente referencia a los pactos internaciones de lucha contra la corrupción a los que adhirió el Estado argentino, el juez rechazó los planteos de inadmisibilidad de las listas de llamadas entrantes y salientes de los imputados que entregaron las empresas de telefonía; los planteos de exclusión de los informes que realizaron bioingenieros del Gabinete Forense de Fiscalía. También rechazó los planteos sobre la inobservancia de los protocolos de preservación de la evidencia digital, de la naturaleza del trabajo que realizaron los peritos de Fiscalía en la extracción de datos de los dispositivos secuestrados, de violación de la intimidad de los imputados, que entendió se realizaron según las normas vigentes. Finalmente, tras responder a todos los planteos, rechazó los pedido de sobreseimiento que se formularon. (APFDigital)
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