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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/06/2025 14:07
A Tomás Cuesta lo detuvieron durante una protesta en el Congreso simplemente porque intentaba registrar con su cámara cómo arrestaban a un jubilado. Las imágenes de una decena de policías que tiraban al suelo al fotógrafo y le pisaban la cabeza se hicieron virales en el país y también en el mundo. Sin embargo, lo que ocurrió después pasó desapercibido. Los agentes lo trasladaron a un estacionamiento cercano a la Cámara, donde suelen dejar los vehículos que utilizan para mover a los detenidos tras las marchas. Cuesta fue arrojado en el fondo de uno de esos autos. Con las manos esposadas a la espalda, observó cómo los policías que momentos antes le habían aplastado la cabeza se pasaban un celular mientras comentaban, con sorna, las repercusiones que se habían vuelto virales en las redes. “¡Mirá, mirá cómo lo dejaste!”, exclamó uno entre risas. Hasta que otro, scrolleando en el teléfono, descubrió que la persona que acababan de arrestar trabajaba para Amnistía Internacional. “Ah, mirá para dónde labura el zurdito roñoso este. Montonero. Bien merecido lo tiene”, sentenció con evidente desdén. Los hechos ocurridos el miércoles 21 no son, en absoluto, una casualidad. Tampoco lo fue lo sucedido el día en que el cabo Guerrero (legajo 103208) le propinó un disparo de gas lacrimógeno que le abrió la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo, quien todavía hoy lucha por su vida: en aquella jornada de represión y protesta, un camión hidrante de la Policía de la Ciudad arrojaba agua mientras un efectivo gritaba por el altoparlante: “Vengan zurdos, vengan”. Las palabras del Presidente, que en cada oportunidad que tiene invita a “odiar” más a este oficio, parecen haber calado hondo en el sentido común de algunos, incluso entre aquellos que supuestamente deben hacer cumplir la ley. Ahora, su rencor personal hacia el periodismo se ha transformado en una política de Estado y en un acto de violencia directa. La guerra contra la libertad de expresión ha sido declarada, y el Gobierno no tiene intención de levantar ninguna bandera blanca. Ideas El pulgar de Javier Milei apuntaba hacia el cielo. Su índice, en cambio, estaba bien extendido, como si formara una pistola. Momentos antes, había empujado a Facundo Pastor, al que se cruzó accidentalmente en los pasillos de América TV. Para el libertario, el periodista había cometido la imperdonable traición de darle espacio a Mila Zurbriggen, quien, como exlíder oficial de la juventud libertaria, había denunciado corrupción, modos dictatoriales e incluso “favores sexuales” antes de abandonar el espacio. Milei confrontó a Pastor a gritos por la nota que había publicado y fue más allá. Señalándolo amenazadoramente, sin preocuparse por la presencia de otras personas y las cámaras del canal que grabaron el incidente, le juró: “Cuando sea Presidente, vos vas a correr.” Era septiembre de 2023 y faltaban menos de dos meses para que el economista ganara las elecciones nacionales. Las venganzas que prometía cumplir Milei al llegar al poder se extendían a varios. “Cuando sea Presidente voy a cerrar Perfil”, aseguraba a su círculo más íntimo, en referencia a esta editorial. El Gobierno que preside parece decidido a satisfacer todos los caprichos del Presidente. Terminar con el periodismo crítico, un viejo anhelo de cualquier proyecto autoritario, ocupa un lugar destacado en esa lista. El giro en la historia de Milei es notable: llegó a la política tras ser un fenómeno mediático, cuando se desvivía por obtener una nota o un minuto de aire. “Siempre estoy dispuesto a colaborar con el medio porque es el que mejor me trata de todos. Estoy muy agradecido por cómo se portan conmigo”, le comentó el libertario, en diciembre de 2018, a Alejandra Daiha, la directora de esta revista. En ese momento, NOTICIAS era la única publicación que lo veía como algo más que un economista excéntrico. Esa imagen de Milei ha desaparecido. También se fue el del 2023, que logró ser electo Presidente. En ese momento, el libertario contenía sus arrebatos furiosos hacia ciertos periodistas o medios específicos (esta revista ya era, en ese entonces, uno de ellos). Sin embargo, su administración aceleró sus actitudes violentas. En el cargo, empezó a referirse a los comunicadores como “mentirosos”, “difamadores”, “extorsionadores”, “delincuentes con micrófono” o “ensobrados” (un término que ya no es solo un adjetivo sino una acusación de delito, razón por la cual el fundador de esta editorial, Jorge Fontevecchia, lleva adelante un juicio que ya tuvo un fallo favorable en primera instancia). En septiembre, durante un acto en el Parque Lezama, incitó a la multitud a gritar “hijos de puta” a los periodistas. En noviembre del año pasado utilizó, por primera vez, una metáfora inquietante. “A gran parte del periodismo le gustan los combates duros con dosis extremas de violencia. Quiero decirles que ha llegado su momento de soportar el regreso”, publicó en sus redes, una lógica pugilística que retomaría en múltiples ocasiones. Pero en abril, el tono de la andanada se intensificó. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, “hay que odiarlos más”, comenzó a manifestar. A lo largo de este recorrido de “odio” no estuvo solo: sus funcionarios y dirigentes se sumaron a sus pronunciamientos. “El periodismo va camino a desaparecer”, afirmó Luis Caputo. Daniel “el Gordo Dan” Parisini le solicitó a Milei que “metiera preso a un periodista por decreto”. “No odiamos lo suficiente a los periodistas. Aún”, publicó en su cuenta paralela Santiago Caputo. “Es imprescindible acelerar la batalla cultural contra el periodismo basura”, exigió Agustín Laje. Estos son solo algunos de los numerosos mensajes, que también replican sus seguidores. Incluso la Policía. Hechos La violencia simbólica siempre antecede a la real. En esta ocasión, no es la excepción. La ofensiva del Gobierno no se limita únicamente a las palabras. El Estado mueve sus hilos para silenciar la libertad de prensa. Por un lado, utiliza la pauta oficial, en contraposición al relato que sostiene que esta se ha acabado. No se ha extinguido; simplemente ha pasado a ser discrecional y reservada para los amigos. Un caso emblemático es el de YPF, controlada por Guillermo Garat, socio y mano derecha de Santiago Caputo: en 2024, YPF incrementó, en términos reales, casi un 40% su gasto publicitario (de $31.749 millones a $97.110 millones). Esta es solo una de las vías por las cuales el oficialismo financia a medios afines. También otros organismos, como ARCA, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, figuran en esta estrategia. Asimismo, el Gobierno ha pagado deudas antiguas a los medios: ha abonado el 85% de ese monto, pero medios críticos, como Perfil, no han recibido un solo peso. La lista de acciones es extensa y continúa: el cierre de Telam, la restricción al Acceso a la Información Pública (a raíz de la tapa de NOTICIAS que reveló la verdadera cantidad de perros que tiene Milei en Olivos), el intento del ministerio de Capital Humano de matricular a la profesión, las limitaciones impuestas por Manuel Adorni a la sala de periodistas en la Casa Rosada, y la prohibición a los fotógrafos de ingresar al Congreso para tomar imágenes cuando habla Milei. También ocurrieron situaciones de otra índole. Santiago Caputo, en una actitud amenazante, fotografió la credencial del reportero gráfico Antonio Becerra durante el debate de candidatos porteños. A Roberto Navarro le abrieron la cabeza de un golpe en el lobby de un hotel, y debió permanecer dos días en el hospital. A Marcelo Longobardi lo despidieron de Radio Rivadavia por pedido de Karina Milei. Milei demandó a Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa. De la misma manera, el Ministerio de Justicia había actuado el año pasado contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. A Silvia Mercado se le retiró la acreditación en la Casa Rosada tras una pregunta sobre los perros de Milei, y logró recuperarla tras la presión de distintas entidades y un amparo judicial. También se puede incluir a todos aquellos que, con un apellido célebre, levantaron la voz en crítica y fueron atacados por todo el aparato oficial: Lali Esposito, Mirtha Legrand, Graciela Borges o Ricardo Darín, entre otros. Incluso se podría sumar a tuiteros que en la red social publicaron alguna investigación o formularon una objeción al Gobierno. A Javier Smaldone (@misdoscentavos), la patota digital que opera para el Gobierno le reveló la dirección de su casa y la de su hija, además de difundir fotos de su hijo menor y sus cuentas bancarias, ataque muy similar al que sufrió @antiponzista y Ayelén Romano (@_venusandmars). También hubo políticos que han sido víctimas de este acoso. A Emilio Monzó le intentaron entrar a su casa y a Martín Lousteau le vandalizaron el despacho. Ambos señalaron a la SIDE como responsable. A Hugo Alconada Mon intentaron hackearlo, un caso que reviste una gravedad adicional. Venía de publicar en La Nación una directiva secreta de la SIDE, organismo dirigido por Santiago Caputo, donde se estipulaba el “monitoreo” a todos aquellos actores que “manipulen la opinión pública”, “generen pérdida de confianza en la política económica” o cometan “acciones cuyo impacto erosionen la estructura política e institucional del país”. La lista de personas potencialmente espiadas bajo esta lógica es tan extensa que la duda sobre los intereses reales del Gobierno detrás de este cambio es más que legítima. Especialmente si se consideran los antecedentes. De hecho, el nivel de agresión contra la libertad de prensa es tal que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en su informe de marzo —en el que alerta sobre todos estos hechos— una “visita” al país. ¿Aceptará Milei esta propuesta? Relato Desde la Casa Rosada minimizan este ataque. Aseguran que gran parte de lo que se dice se relaciona con “las formas de las redes” y muestran cifras que probarían que esto no es más que una “estrategia” para influir en la conversación pública. Aducen copiar los modos de Donald Trump, quien instauró el “you don’t hate the media enough” (no odias lo suficiente a la prensa) tras su primer mandato. No obstante, si se aleja el foco de la libertad de expresión y se observa lo que ocurre en otras áreas, se puede apreciar hasta dónde ha ascendido el autoritarismo del Gobierno. El derecho a la protesta fue restringido en el mismo momento en que el “protocolo antipiquetes”, decretado en diciembre de 2023, alteró la lógica histórica de las fuerzas de seguridad: a partir de esa medida empezaron a contar con poder de jueces para dictaminar delitos “en flagrancia”. El derecho a huelga se ha visto limitado por la cartera de Federico Sturzenegger, que declaró como “servicio esencial” todos los servicios de telecomunicaciones y la educación (con excepción de la universitaria), por mencionar solo un par de casos. Las barreras democráticas que ya fueron desplazadas por el Gobierno de Milei continúan: tomó deuda con el FMI sin contar con la aprobación del Congreso, intentó imponer dos jueces de la Corte por decreto, gobierna sin un presupuesto votado, y difundió un video falso de un candidato opositor en el que supuestamente se retiraba, solo por citar algunos ejemplos. En enero, Santiago Caputo comenzó a incluir en sus encuestas la pregunta “¿preferirías vivir en un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos?”. Y ahí radica el meollo de la cuestión. Para un líder mesiánico, que se considera predestinado por una fuerza superior, su voz y su deseo no pueden ser cuestionados. El periodismo, con su investigación e información, pone en jaque esa construcción teológica, y por ello el ataque a la libertad de expresión es tan solo la punta del iceberg. Lo que verdaderamente está en disputa es un viraje autoritario. “El camino está muy claro: se trata de una autocracia electoral, un régimen que no es totalitario de partido único, sino autoritario con visos de democraticidad. Las elecciones se celebran, pero no son justas ni libres. Las cartas están marcadas y las reglas del juego pueden cambiar según los intereses de quien gobierna; el pluralismo informativo va desapareciendo y surgen la mano dura, los recortes de derechos, y se debilita la separación de poderes. Ese es el modelo que se implantó con éxito en Hungría, en El Salvador; se intentó en Polonia y se ha visto parcialmente, lo están intentando en Israel con Netanyahu, en India con Modi, y en Italia con Meloni”, afirmó Stevan Forti, historiador italiano y autor de “Extrema derecha 2.0”, en una reciente entrevista con la revista Crisis. Esa parece ser la Argentina con la que sueña Milei. Y en ese mundo idílico que imagina, donde solo concede entrevistas a sus amigos, nadie jamás se atreverá a cuestionarle una sola palabra. En ese mundo, está claro, no hay espacio para periodistas. También te puede interesar Galería de imágenes En esta Nota
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