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» Diario Cordoba
Fecha: 04/06/2025 21:47
Ustea ha denunciado "la situación de extrema vulnerabilidad" en la que han quedado numerosos centros educativos de difícil desempeño en la provincia de Córdoba tras la finalización del periodo de escolarización de admisión. Los centros de difícil desempeño son aquellos que enfrentan condiciones especialmente complejas que dificultan su funcionamiento y el logro de objetivos educativos. Estos centros están ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZTS), caracterizadas por altos niveles de pobreza, exclusión social, desempleo y otros factores que afectan negativamente al entorno educativo. Las familias han comenzado esta semana a matricular a sus hijos e hijas, pero no todas han tenido la suerte de hacerlo en el centro que habían escogido como primera opción. "La Administración Educativa ha vendido por activa y por pasiva la libertad de elección de centro para las familias, pero con estas prácticas, se demuestra que faltan a sus propios compromisos", han denunciado. Sin embargo, Educación defiende que "estamos en una fase intermedia" del proceso de escolarización y la "foto fija" no llegará hasta septiembre. Este problema se ha manifestado especialmente en centros de difícil desempeño, donde "la supresión anticipada de aulas ha tenido consecuencias graves". Sonia León, responsable de organización, ha apuntado que “se ha comprobado que la planificación a la baja llevada a cabo por Educación antes del mes de marzo, eliminando unidades educativas que hasta este curso formaban parte de la oferta, ha condicionado la admisión”. Desde Ustea critican con firmeza "el modus operandi de la Administración Educativa en los centros de difícil desempeño: la decisión de quitar una unidad y dejar un aula mixta a la ratio máxima permitida —15 alumnos—, siendo plenamente conscientes de los recursos que precisa este alumnado y de la cantidad de nuevas peticiones de admisión que presentan estos colegios a lo largo del curso, lo que provoca una sobrerratio asegurada para el siguiente curso". Centros afectados Lo que consideran más grave es que "esta situación jamás se da en un centro concertado, donde no se crea aula mixta ni siquiera en una fase posterior", habiendo casos como el del CDP Zaida, que ha recibido tan solo tres solicitudes para tres años, o el CDP San Rafael, con cuatro solicitudes, sin que ello haya supuesto la agrupación de niveles ni recortes similares. "Esta doble vara de medir supone una clara discriminación hacia la red pública de centros", afirman. En el CEIP Obispo Osio, en la capital cordobesa, se ha eliminado una unidad de Infantil antes del 1 de marzo, lo que ha dejado una única aula que mezcla los tres niveles del ciclo a ratio máxima, impidiendo así la matriculación de una nueva alumna que pedía el centro como primera opción. Situación similar se ha vivido en el CEIP Albolafia, donde también se suprimió una unidad a priori, lo que ha dejado al centro con tres aulas mixtas ya, una de ellas superando incluso la ratio permitida, con 16 alumnos y alumnas. En el caso del CEIP Maestro Enrique Asensi, de Puente Genil, se han suprimido dos unidades de Educación Primaria antes de conocer la demanda real de las familias. Esto ha impedido que varias familias hayan podido matricular a sus hijos e hijas en el centro que habían escogido como primera opción, una situación que no se habría producido de haberse mantenido la oferta existente. Actualmente, el centro se encuentra en una situación crítica: dos nuevas aulas con la ratio máxima permitida y agrupando niveles distintos, afectando a un alumnado especialmente vulnerable, con un alto porcentaje de necesidades educativas especiales y en riesgo claro de exclusión social y comprometiendo seriamente su derecho a una atención educativa adecuada. Resulta preocupante que estos recortes afecten, en su mayoría, a centros que no cuentan con asociaciones de familias constituidas que puedan ejercer presión sobre la Administración, lo cual evidencia una falta de equidad en el tratamiento de la comunidad educativa más desfavorecida. Acceso al colegio público Duque de Rivas, en las Palmeras. / Patricia Cachinero El sindicato recuerda que ya el curso pasado tuvo lugar el cierre de dos centros educativos públicos con características similares en la capital —el CEIP Alfonso Churruca y el CEIP Duque de Rivas—, y que el CEIP Pedagogo García Navarro, único centro superviviente en ese contexto, también ha visto mermadas sus aulas para el próximo curso. El pasado lunes, Ustea estuvo presente, como única fuerza sindical, en la Comisión de Garantías de Escolarización Provincial, un espacio en el que trasladó al delegado "esta gravísima situación, que evidencia una estrategia de desmantelamiento progresivo de la red pública en los centros que más apoyo requieren". Por todo ello, desde Ustea han solicitado con urgencia la rectificación de la planificación realizada y la devolución inmediata de las unidades eliminadas a estos centros de difícil desempeño porque "no podemos permitir que decisiones administrativas anticipadas y alejadas de la realidad social de cada centro priven al alumnado más vulnerable de su derecho a una educación digna y adecuada a sus necesidades". Respuesta de Educación Desde Educación aseguran a este periódico que "estamos en una fase intermedia del proceso de escolarización, con una oferta de planificación de salida muy superior a la evolución de las matrículas de los últimos cursos, marcada por una caída pronunciada de la natalidad. La foto definitiva no la tendremos hasta septiembre, porque incluso entonces se incorpora alumnado y se suman unidades", afirman. La Consejería ha ampliado en el curso 2024-25 la plantilla pública en la provincia de Córdoba para las Zonas de Transformación Social (ZTS) con 82 docentes en 51 centros, de los cuales 36 son maestros de Primaria, 32 profesores de Secundaria y 14 orientadores. Con esta incorporación, se ha conformado la mayor plantilla de profesionales especialistas en atención a la diversidad de la historia, entre maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL), orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS). En Andalucía, son más de 13.600 profesionales en el curso actual, lo que supone un incremento de un 34% respecto a 2018.
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