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» Comercio y Justicia
Fecha: 04/06/2025 21:43
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su apoyo al proyecto de ley “Régimen para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Deportivos”, conocido como “Ley Antibarras”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque criticó que lo la convocaran para colaborar en la redacción del texto. Durante el inicio del debate en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el representante legal de la AFA, Andrés Urich, manifestó que la entidad valora cualquier medida que contribuya a erradicar la violencia en el fútbol. Urich, en representación del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, avaló la iniciativa y ratificó el compromiso de la AFA con un fútbol “sin violencia, lleno de hinchas y sin barras”. Por otra parte, reiteró la oposición de la entidad a la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Durante el debate legislativo, los representantes del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto y Martín Ferlauto, defendieron el proyecto al considerar que las barras bravas deben ser tratadas como organizaciones criminales con fines económicos. Explicaron que la iniciativa busca agravar penas ya existentes y crear figuras específicas, como la asociación ilícita futbolística. Sus intervenciones fueron cuestionadas por algunos legisladores que señalaron la falta de datos y la ausencia de consulta con actores clave. Penas Entre otras cosas, el texto propone elevación de penas: de uno a cuatro años por daños en muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis por portar y/o ingresar con armas blancas; de cuatro a ocho años por llevar elementos inflamables y de cinco a 10 por portar o ingresar con armas de fuego. En el mismo artículo se establece que los dirigentes de los clubes deberán responder en caso de connivencia comprobada o colaboración. La iniciativa también indica que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión de un partido mediante el empleo de violencia tendrán una pena de tres a seis años, y de cinco a 12 si la interrupción se ocasiona con el uso de armas de fuego. Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años, y de dos a seis para quienes revendan las de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la sanción sería de tres a ocho años de prisión.
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