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Concordia » Diario Junio
Fecha: 04/06/2025 19:12
La denuncia está dirigida contra Mariano Gallegos, en su carácter de interventor del IOSPER; Ricardo García, subinterventor; y Raúl Matías Sánchez, director general de la intervención, «y/o contra toda otra persona física o jurídica que haya participado, en especial, aunque no en forma exclusiva y excluyente en la suscripción, autorización o ejecución de contrataciones directas irregulares, así como una vez determinado sus nombres, contra los titulares de las empresas proveedoras de prótesis y servicios auxiliares digitales de streaming, durante la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial». Según el texto presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los hechos denunciados podrían configurar los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona. Entre las irregularidades señaladas, se menciona la contratación directa de cuatro empresas proveedoras de prótesis radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin proceso de licitación pública, sin acto fundado de necesidad y sin el cumplimiento de las exigencias legales de transparencia, legalidad y eficiencia. Las empresas no estaban inscriptas en el registro oficial de proveedores del Estado entrerriano, no tenían domicilio legal en la provincia ni estaban registradas ante la ATER para tributar ingresos brutos. Tampoco contaban, según la denuncia, con la documentación societaria habilitante exigida para contratar con organismos públicos. Se denuncia además que estas contrataciones se realizaron en dólares estadounidenses, sin justificación normativa, pese a que los insumos eran en su mayoría nacionales. Se indica que no se realizaron auditorías posteriores a los pagos, y que en algunos casos se adjuntó documentación ilegible, lo cual impidió verificar si las prótesis fueron efectivamente colocadas a los beneficiarios. Aun así, se efectuaron los pagos, lo que, a criterio de los denunciantes, violaría la normativa del propio IOSPER, incluyendo la omisión de la retención administrativa del 2 % habitual. La denuncia incluye un cuadro comparativo de precios que muestra aumentos de entre el 50 % y el 54 % respecto a los valores ofrecidos por proveedores locales, nucleados en APOCIER. Por ejemplo, una prótesis de rodilla cementada fue contratada a $370.000 cuando un proveedor entrerriano la cotizaba a $240.000. Uno de los hechos más graves señalados es el fallecimiento del afiliado Gustavo Godoy, quien habría muerto el 13 de marzo de 2025 luego de permanecer internado doce días esperando un marcapasos que nunca fue entregado. La familia sostiene que todo estaba autorizado pero la empresa proveedora no lo enviaba. Ludmila Godoy, hija del fallecido, declaró: “Fui reiteradas veces a IOSPER. Me decían que estaba todo autorizado, pero que había que esperar a la empresa. El marcapasos no llegó ni el lunes ni el martes, y así estuvimos hasta el 13 de marzo, que falleció”. Además, los denunciantes hacen referencia a una contratación directa firmada por el subinterventor Ricardo García a favor del ciudadano Hugo Moisés Hillairet por $980.000, para la provisión de servicios de sonido, iluminación y streaming del acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio el 28 de abril de 2025. La denuncia sostiene que dicha contratación se formalizó a través de una resolución que autorizó el pago anticipado sin orden de compra ni justificación de urgencia, lo que los denunciantes consideran un gasto irregular con fines políticos solventado con fondos de la obra social. Se cuestiona también la ausencia de auditorías integrales e informes mensuales de gestión, requeridos expresamente en los artículos 5 y 7 del decreto de intervención. Según se indica en la presentación, transcurridos más de cinco meses desde el inicio de la intervención, no se ha publicado ni remitido públicamente ninguna auditoría técnica, financiera o contable, ni informes mensuales que den cuenta de la evolución institucional, administrativa o prestacional del IOSPER. En el plano económico, la acusación pone en duda la existencia real del déficit informado por las autoridades interventoras. Se detalla que el pasivo informado de $55.000 millones incluye $23.000 millones en cuentas por cobrar al Estado provincial y $10.000 millones de saldos disponibles en cuentas bancarias, lo cual reduciría la deuda real a $22.000 millones. Según los denunciantes, se trató de una deuda «fabricada» para justificar la intervención y la creación de una nueva obra social denominada OSER, cuyo proyecto ya se encuentra en trámite legislativo. La presentación judicial remarca también que durante la intervención se retuvieron sistemáticamente pagos a proveedores y se ofrecieron cancelaciones con quitas de entre el 15 % y el 30 %, lo que habría generado asfixia financiera y perjuicios económicos en el circuito prestacional. Además, se documenta un aumento desmedido de los coseguros cobrados a los afiliados. Como ejemplo, una resonancia de pelvis pasó de tener un coseguro de $31.590 a $149.000, monto incluso superior al valor del mismo estudio en el sector privado. En ese sentido, los letrados solicitaron al Ministerio Público que se ordene el secuestro de la documentación correspondiente, tanto física como digital, de todos los expedientes administrativos vinculados a los convenios de provisión de prótesis y al contrato con Hugo Hillairet. También solicitaron medidas ante la ATER, ARCA e Inspección General de Personas Jurídicas para verificar la legalidad y situación fiscal de las empresas contratadas. Además, se pidió la citación de testigos, entre ellos ex directores del IOSPER, afiliados afectados por demoras, representantes de APOCIER y ex empleados del instituto, así como la designación de peritos contables y auditores judiciales para determinar la existencia de perjuicio económico y el grado de responsabilidad penal de los involucrados. La presentación concluye solicitando la apertura de una investigación penal preparatoria, la imputación y procesamiento de los responsables y la adopción de medidas urgentes para preservar las pruebas, ante el riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación crítica para la causa.
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