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Diamante » Diamantefm
Fecha: 04/06/2025 19:11
“Hace muchos años que estoy involucrada con mi trabajo en pacientes con discapacidad y siempre se han presentado inconvenientes, cada año todos los profesionales prestadores, en una diversidad de terapias, incluyendo a los transportistas que trasladan a los pacientes para su atención, nos enfrentamos a problemas en los pagos en término con un retraso de varios meses”, lamentó la licenciada en psicopedagogía de nuestra ciudad Juliana Muñoz Denis en DiamanteFM. “La situación se hace insostenible, atraviesa a los prestadores que trabajamos en forma directa con el sistema de integración de personas con discapacidad. No quiero dejar a mis pacientes sin atención”, subrayó. “Tuvimos que recurrir a convocar a una movilización que se llevó adelante hace unos días y se replicó en todo el país con una gran concurrencia de prestadores de servicios, profesionales y familias”. La licenciada resaltó: “Particularmente no me gusta hacerlo pero merecemos ser escuchados”. “Entre noviembre y diciembre del 2024 hicimos las presentaciones para poder trabajar, recién nos autorizaron en abril de este año para facturar a mes vencido en mayo y cobrar a los 60 días; o sea el trabajo que realicé en febrero, por ejemplo, lo cobraré en julio”, detalló. “El arancel es regulado por la Superintendencia de Salud de la nación. La última Resolución de setiembre del 2024 que incluía aumentos en los aranceles quedaron congelados y muy por debajo de lo que estipulan los Colegios Profesionales”. “Hay Obras Sociales que aún no han pagado la atención desde el inicio del año y no tengo garantías del cobro. En estos casos tuve que cortar el servicio. Se hace muy difícil poder trabajar en estas condiciones“. “Tenemos que explicar a cada paciente y a su familia la situación que estamos atravesando”, comentó. “Es muy importante que la opinión pública, la gente en general, sepa lo que está pasando con la atención en discapacidad”. “En general, las Obras Sociales están ordenando lentamente el sistema de pagos, y hay otras que adeudan desde el año pasado. El IOSPER funciona con otro mecanismo, la facturación se la hacemos a nombre del afiliado y el reintegro es a la familia”, agregó. “La sesión por psicopedagogía estipulada por el código ético profesional tiene un valor, en junio, de $19.300 pesos. El nomenclador nacional de discapacidad determina que la hora de prestación de apoyo es de $12.370 pesos a cobrar tres o cuatro meses después”. “Además hay niños que necesitan acompañamiento pedagógico y terapéutico en las escuelas que les hace muy bien y que hoy no están recibiendo”. La licenciada Muñoz Denis cuestionó: ¿Qué pasaría con los pacientes, fundamentalmente niños, si los profesionales dejaríamos de trabajar en discapacidad?. Es responsabilidad indelegable del Estado Nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida, de no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”. “Hoy miércoles 4 de junio se trata en sesión de Diputados la Ley de Emergencia en Discapacidad, esperaremos a ver que se resuelve”, señaló la licenciada. (DiamanteFM) ¿Qué establece el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad? Regularización de pagos y actualización de aranceles: Se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional. Reforma del sistema de pensiones no contributivas: El proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio. Fortalecimiento institucional: Se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones. Transparencia y rendición de cuentas: El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. Compensaciones económicas: El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI. Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona. Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: Se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo. Cumplimiento del cupo laboral: Reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público. (Fuente: Página12)
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