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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 04/06/2025 06:20
El Gobierno nacional modificó por decreto la ley que protege a personas en situación de calle, limitando su participación directa y transfiriendo mayor responsabilidad a provincias y municipios. El Decreto 373/2025 redefine el rol del Estado nacional como coordinador general, mientras que la asistencia concreta dependerá de las capacidades locales. La Ley N° 27.654, que había sido creada para garantizar el acceso a la vivienda, ahora se ajusta a una lógica de intervención más descentralizada. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la nueva autoridad encargada de coordinar acciones entre distintas jurisdicciones y fiscalizar el uso de fondos cuando se requiera apoyo nacional. El Gobierno argumenta que las problemáticas habitacionales varían según cada región, por lo que las provincias podrán aplicar soluciones propias, siempre en línea con los derechos garantizados por la Constitución. El Gobierno nacional implementó cambios significativos en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle, limitando su intervención directa y fortaleciendo el rol de las provincias y municipios en la ejecución de políticas sociales. A través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se redefine el alcance de la Ley N° 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla. Con esta medida, el Gobierno de Javier Milei busca reordenar el esquema de responsabilidades entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales. Según el texto oficial, el Ejecutivo nacional actuará como «órgano rector» a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, pero su participación en la asistencia directa quedará supeditada a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes. La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional. El decreto subraya que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Por eso, cada provincia y municipio podrá diseñar sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente. En definitiva, el Decreto 373/2025 marca un cambio de enfoque en las políticas de asistencia: el Estado nacional asume un rol de guía y coordinación, mientras que la implementación concreta de programas queda en manos de las provincias y municipios. Esta medida se enmarca en la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir la intervención estatal y reconfigurar las competencias entre Nación y las jurisdicciones locales, bajo un modelo de federalismo más acentuado. Fuente: Ámbito
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