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» El Ciudadano
Fecha: 04/06/2025 04:26
Con la sequía de dólares pese a los megapréstamos internacionales, el blanqueo y el nuevo pseudo blanqueo, el Gobierno nacional lanzó el «plan colchón» a base de flexibilizar los controles para captar divisas que están fuera del sistema. En un principio, el Ejecutivo santafesino puso reparos centrados en el riesgo de circulación legal de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico. Este martes, sin embargo, reforzó un acompañamiento de la iniciativa aunque con condiciones: que esté regulada por leyes. Es decir, que pase por el Congreso nacional. Quien expresó la posición de la Casa Gris fue el ministro de Economía, Pablo Olivares. «El gobierno nacional ha hecho un anuncio. Creo que se han percatado posteriormente que gran parte del impacto de esos anuncios dependían de leyes que tiene que sancionar del Congreso y, que, obviamente tienen que seguir el camino de sanción de una ley», repasó el funcionario los argumentos para el respaldo. Olivares continuó en la misma línea: «Sobre todo el sistema financiero le está planteando (al Ejecutivo nacional) que necesitan esas leyes aprobadas para poder cumplir con el no pedido de información que es parte del objetivo de estas medidas». El ministro santafesino abundó en el respaldo de la voluntad del Gobierno libertario. «Estamos a favor de la iniciativa del gobierno nacional, no vemos ningún inconveniente mientras sea para reactivar la economía», argumentó. Ley y negociaciones La Casa Rosada avanza en el plan para monetizar, con dólares fuera del radar fiscal, la economía. El modo es el de relajar preguntas sobre el origen de las divisas. Y busca negociar con los gobernadores un apoyo. Incluso, prometió diálogo de funcionarios del ARCA con los mandatarios de los distrittos para limar asperezas o negociar tomas y dacas. Olivares volvió este martes sobre la justificación del apoyo a pesar de los riesgos que la administración santafesina había puesto en la agenda mediática hace poco. «Si hay una decisión macroeconómica tomada, la legitimidad se la ha dado el pueblo de la nación para tomar esas decisiones. No creemos que lo mejor sea ponerle obstáculos», señaló el ministro. «Eso sí, el que toma las decisiones es el que después tiene que responder ante el pueblo por el acierto o no de de la medida», completó sobre qué jurisdicción deberá asumir el costo político de las consecuencias.
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