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» Diariopinion
Fecha: 03/06/2025 07:59
Han pasado tres años desde aquel oscuro episodio que marcó un antes y un después en la historia institucional de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Fue en 2021 cuando un grupo de actores universitarios, en connivencia con intereses políticos externos y alineados al oficialismo provincial, intentó perpetrar un verdadero golpe contra la autonomía universitaria. Hoy, muchos de ellos continúan transitando los pasillos de la universidad como si nada hubiera pasado. Pero la comunidad universitaria no olvida. La memoria académica tampoco prescribe. No se trató de una simple disputa de poder. Lo que se vivió fue un intento sistemático de avasallar la democracia interna, un asalto a la institucionalidad universitaria que se tradujo en acciones concretas: asambleas irregulares, usurpación de funciones y una alarmante manipulación de órganos colegiados como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, utilizado como escenario espuria para otorgar una falsa legitimidad a maniobras fraudulentas. Desde entonces, la consigna ha sido clara: ni olvido ni perdón a quienes intentaron arrebatarle a la UNaF su rumbo autónomo y autárquico, derechos garantizados por la Ley de Educación Superior (Ley N.º 24.521) y respaldados con contundencia por fallos de la Justicia Federal. En su momento, los tribunales federales pusieron freno al avance de este grupo golpista —autodenominado eufemísticamente «Reconstrucción UNaF»— y ratificaron que la vida universitaria no puede ser intervenida a discreción por intereses políticos o facciones partidarias. En efecto, la Justicia falló a favor de la autonomía y de la autarquía de la UNaF, principios vertebrales del sistema universitario argentino y conquistas históricas del movimiento reformista de 1918. A pesar de estos antecedentes judiciales, los docentes implicados siguen ejerciendo cargos, dictando clases y participando de la vida académica sin haber respondido aún en sede universitaria por las faltas graves cometidas. La figura del juicio académico no puede ser meramente simbólica ni transformarse en letra muerta cuando se trata de conductas tan graves como el abuso de poder, la participación en actos de sedición institucional o la violación del principio de legalidad universitaria. El juicio académico es, en este contexto, una herramienta legítima de resguardo institucional, un mecanismo previsto para garantizar la ética docente, la transparencia y la coherencia de quienes forman a nuevas generaciones de estudiantes. No se trata de revancha, sino de justicia y memoria universitaria. Porque no se puede permitir que quienes atentaron contra la democracia interna de nuestra casa de estudios continúen enseñando los valores que ellos mismos traicionaron. Los documentos judiciales que avalaron la legitimidad de las autoridades electas en la UNaF son claros. La justicia federal desestimó los planteos del supuesto grupo interventor, ratificó la vigencia de las autoridades electas por el voto democrático de los claustros y condenó toda injerencia externa que pretendiera desestabilizar el orden institucional. Este fallo no solo respaldó la institucionalidad de nuestra casa de estudios, sino que defendió, además, a la universidad pública como espacio autónomo y democrático. El juicio académico contra estos docentes —que llevaron el estandarte de una intervención digitada desde sectores del Gobierno provincial— debe avanzar con firmeza, transparencia y sin presiones políticas de ningún tipo. Porque si la universidad pública pierde la capacidad de juzgar éticamente a quienes la comprometen, también pierde su capacidad de formar ciudadanos críticos, libres y comprometidos con la verdad. Los estudiantes, docentes, no docentes y graduados que defendieron la UNaF en aquellos días difíciles merecen una respuesta institucional clara. No podemos permitir que la impunidad se normalice. No se puede educar en democracia desde la impunidad. Hoy más que nunca, reafirmamos la necesidad de que el juicio académico se concrete y actúe como lo que es: un acto de justicia institucional, un paso necesario para sanar, reflexionar y garantizar que nunca más se repitan hechos como los de 2021. Porque la universidad se defiende con verdad, con memoria, y con el compromiso inquebrantable de sus verdaderos protagonistas.
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