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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 02/06/2025 08:52
Más de 200 personas marcharon en Concordia como parte de una jornada nacional para reclamar por los recortes en discapacidad. Las demoras de hasta seis meses en los pagos, la precarización del trabajo profesional y la falta de respuestas institucionales. El director de Discapacidad municipal, Maximiliano Navarro, explicó a Despertar Entrerriano las causas estructurales, el rol de las obras sociales, la necesidad de una nueva ley nacional y las fallas en el cumplimiento local de normativas vigentes. “Marchamos porque ya no podemos seguir sosteniendo el sistema con el cuerpo”, dijo una mujer durante la manifestación realizada el jueves por la tarde en el centro de Concordia. Con carteles en mano, más de 200 personas se movilizaron para denunciar lo que definen como un “abandono sistemático” del Estado hacia las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellas. La protesta local se enmarcó en una jornada nacional de reclamo impulsada por familiares, prestadores, transportistas, cuidadores y organizaciones sociales. En Concordia, la movilización fue autoconvocada y contó con amplia participación, aunque con escasa cobertura de los medios tradicionales. “Sabemos que con ciertos medios no contamos. No van a querer cubrir la nota porque quieren tapar todo, como en Buenos Aires. Acá también pasa lo mismo, pero decidimos no quedarnos callados”, afirmó una de las participantes. Prestaciones esenciales impagas: el colapso del sistema El detonante inmediato del conflicto es la demora en el pago de prestaciones terapéuticas, de transporte, apoyo escolar y acompañamiento, fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país. En muchos casos, las deudas alcanzan cinco o seis meses. “De uno de mis pacientes me deben cinco meses. Imaginate estar cinco meses sin cobrar un peso. No se puede vivir así, ni trabajar dignamente”, denunció una profesional. “Nos obligan a elegir entre dejar a un paciente sin tratamiento o seguir trabajando gratis. Nosotras no queremos abandonar, pero también tenemos familias que mantener”, explicó otra psicopedagoga. Las consecuencias no son solo económicas: hay tratamientos interrumpidos, traslados cancelados y un nivel creciente de angustia entre quienes dependen del sistema para vivir. El diagnóstico institucional: palabra del director de Discapacidad En diálogo con Despertar Entrerriano, el director municipal de Discapacidad, Maximiliano Navarro, detalló con precisión el entramado burocrático que genera las demoras en los pagos. Según explicó, la mayoría de las obras sociales y prepagas —como OSDE, OSPE, Jerárquicos, Unimédica o Camioneros— realizan pagos mes vencido, y deberían saldar las prestaciones en 45 días hábiles. Sin embargo, muchas esperan primero cobrar el “recupero” de Nación, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Superintendencia de Salud, lo cual puede tardar hasta seis meses. “Las obras sociales no tienen que esperar el recupero. Nación es clara en eso: deben pagar a los prestadores en tiempo y forma, y luego rendir esos pagos para recuperar el dinero. Pero muchas se justifican diciendo que si no cobran el recupero, no pueden pagar”, explicó Navarro. El caso más complejo es el del IOSPER, la obra social provincial, que se maneja con aranceles propios, plazos propios y sin reconocimiento del nomenclador nacional, lo que obliga a los prestadores a iniciar recursos de amparo para cobrar lo que legalmente corresponde. “IOSPER paga lo que quiere y cuando quiere. A veces, los pagos tardan hasta un año. La única forma de cobrarle lo justo es con un recurso de amparo”, sentenció el funcionario. Profesionales desbordados y un sistema sin reglas claras Otro fenómeno creciente es el del trabajo bajo modalidad de reintegro: muchos profesionales cobran de forma particular y luego las familias presentan facturas para que las mutuales reintegren un porcentaje. Sin embargo, el reintegro se basa en valores desactualizados. “Una sesión vale 12.000 o 12.300 pesos, pero la obra social sólo te devuelve lo que figura en el nomenclador, que puede ser mucho menos”, explicó Navarro. El caso de los acompañantes terapéuticos es aún más crítico: como no están incluidos formalmente en el nomenclador, no son reconocidos por el sistema nacional, y sus pagos dependen de mecanismos más informales o recursos legales. Leyes incumplidas, leyes frenadas La protesta también puso en agenda el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que propone garantizar el pago en tiempo y forma, actualizar los aranceles por inflación y reactivar la entrega de nuevas pensiones por incapacidad. Navarro expresó su apoyo al proyecto, aunque señaló que aún no cuenta con el consenso suficiente en el Congreso debido a vacíos legales. “La ley es amplia, pero no específica de dónde saldrán los fondos ni cómo se controlarán nuevas pensiones. Por eso algunos diputados la frenan. El problema es que se meten muchas cosas juntas y no se aclaran los mecanismos. Pero es urgente que se apruebe”. Además, cuestionó el incumplimiento local de la Ley Nacional que obliga a incorporar al menos un 4% de personas con discapacidad en empleos públicos. “El municipio de Concordia está adherido, pero nunca se hizo un censo. No sabemos si se cumple. Yo pedí un informe a Recursos Humanos para empezar a corregir eso”. También propuso que se obligue a incluir personas con discapacidad en cooperativas de trabajo, como alternativa para fomentar la inclusión laboral. Críticas a los paros, pero apoyo al reclamo Navarro también fue crítico con la modalidad de protesta adoptada por algunos profesionales, que incluyó la suspensión de terapias durante varios días: “Estoy a favor de la marcha, pero no del paro. Suspender terapias vulnera derechos. Si no te pagan, reclamale a la obra social o hacé un amparo. Pero no dejes sin atención a quienes más lo necesitan. Los pacientes no tienen la culpa”. En ese sentido, sostuvo que el reclamo debe estar bien dirigido: hacia las obras sociales que incumplen y hacia los legisladores nacionales que pueden destrabar soluciones estructurales. Un sistema sin sostén La crisis actual no es coyuntural. Navarro detalló que el sistema viene arrastrando años de deterioro: “En 2012, una sesión de discapacidad valía tres veces más que una común. Hoy, una sesión común puede costar 14.000 pesos, y la de discapacidad, 12.000. O sea, vale menos. Esto muestra el abandono”. La inflación del 2023 fue otro punto de quiebre: hubo un 220% de aumento de precios, pero a los prestadores sólo se les aumentó un 20%. La marcha en Concordia, al igual que en muchas otras ciudades del país, dejó claro que el sistema de prestaciones por discapacidad está quebrado. El Estado no garantiza los pagos, las obras sociales desvían responsabilidades, los prestadores se endeudan, y las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos más básicos. “No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, dijeron. Fuente: Despertar Entrerriano
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