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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/06/2025 07:32
En el transcurso de 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales registrados en el país ocurrieron en rutas nacionales, según indican las estadísticas del Informe de siniestralidad vial elaborado por el Gobierno Nacional. En este contexto, el estado de las carreteras ha llevado a varios gobernadores a elevar sus reclamos, solicitando un esfuerzo del Ejecutivo para reactivar la obra pública. No obstante, el presidente Javier Milei ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de implementar un sistema de obras privado que sustituya al Estado en estas tareas. En días recientes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, con el objetivo de erradicar antiguos mecanismos de “cartelización” y fomentar una mayor competencia y transparencia entre empresas nacionales y extranjeras. Conforme a un informe de Chequeado, hasta mayo de 2025, el Ejecutivo solo ha iniciado 18 proyectos de obra pública, mientras que no se ha avanzado en el 54% de las construcciones que comenzaron durante la gestión de Alberto Fernández. Esto ha llevado a diversas provincias a centrar la discusión en el estado de las rutas nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino también por el deterioro de las carreteras por donde transitan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia. Uno de los que ha expresado su preocupación recientemente es Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, quien criticó el estado de las carreteras nacionales y afirmó: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”. “La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, continuó en sus redes sociales. El gobernador rionegrino subrayó que las carreteras nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”. “Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, concluyó. Por su parte, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, se refirió al estado de las rutas en la provincia, señalando problemas como baches, escasa iluminación y falta de desmalezado. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 han tapado algunos pozos, pero fue muy precario”, indicó en declaraciones radiales. “Lo que exigimos es tapar pozos, encender las luces y cortar el pasto”, enfatizó el funcionario en relación a las demandas a Vialidad Nacional. Además, puntualizó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería intervenir en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”. En este sentido, se ha dado a conocer recientemente que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que sostiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza asuma la administración de las vías nacionales que atraviesan su jurisdicción. Esto sucedió tras el pedido de diputados nacionales al Gobierno para declarar el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile. Cornejo subrayó que se encargarán de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. Este acuerdo abarca un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que cruza la provincia. Este convenio permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y la seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora quedan bajo la responsabilidad provincial, incluyen cláusulas que asignan a Mendoza la responsabilidad ante posibles reclamos durante su desarrollo. La administración mendocina podrá recuperar las inversiones, ya sea mediante la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado Nacional si no se autoriza el cobro. El Gobierno avanza en el plan de privatización de las rutas nacionales Desde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han comenzado audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Este movimiento busca transferir la gestión de rutas a concesionarios privados como parte de un plan más amplio para cerrar la empresa estatal, según anunciaron fuentes oficiales, anticipando la información a Infobae. La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC), que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una parte significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En la fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta esencial para el Mercosur. Los futuros concesionarios podrán gestionar rutas de alto valor comercial, como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De ser aprobada, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, enfocando la estructura de financiamiento en los operadores privados. Durante las audiencias, programadas para mediados de junio, se dará la oportunidad a usuarios y vecinos de expresar sus opiniones y propuestas. Estas participaciones ciudadanas forman parte del esfuerzo por mantener la transparencia en la adjudicación, que se completará utilizando resultados de un Data Room donde los oferentes han podido evaluar y sugerir mejoras a los documentos preliminares. Se anticipa que la consolidación de la fase inicial se complete entre septiembre y octubre, proyectando un nuevo modelo de gestión vial que busca redefinir el panorama de infraestructura en Argentina.
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