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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/06/2025 07:31
Las autoridades universitarias han estado en conversaciones privadas con un asistente del principal asesor de Trump, Stephen Miller, buscando evitar la misma presión intensa que actualmente enfrenta la Universidad de Harvard. Según una fuente cercana al tema, el Gobierno está intensificando sus ataques contra esta Ivy League y otras instituciones. Los responsables de la educación superior han mantenido diálogos con May Mailman, estratega política de la Casa Blanca, durante las últimas semanas, cuestionando qué acciones tomar para mantenerse fuera del radar del Gobierno. Mailman, quien trabaja en estrecha colaboración con Miller, supervisa la estrategia de la administración en relación con las universidades, particularmente en lo que respecta a la gestión del presunto antisemitismo en los campus. Un funcionario de la Casa Blanca comentó que el Gobierno ha advertido a los líderes universitarios que “el dinero no fluirá indefinidamente como lo ha hecho hasta ahora, y que las universidades son vistas como incubadoras de discriminación, algo que los contribuyentes no pueden respaldar”. Estas conversaciones tienen lugar mientras el Gobierno investiga a numerosas universidades y algunos ejecutivos académicos viajan a Washington. Además, la Casa Blanca busca llegar a un acuerdo con otra universidad importante, según la misma fuente involucrada en las negociaciones entre el ámbito educativo y el Gobierno. “Quieren que una universidad reconocida llegue a un acuerdo similar al que han alcanzado los bufetes de abogados, abarcando no solo el antisemitismo y las protestas, sino también las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y la diversidad intelectual”, explicó la fuente. El objetivo es que Trump pueda hacer referencia a ese acuerdo con una universidad de renombre como símbolo de su compromiso de no destruir la educación superior. Cuando se preguntó si alguna universidad estaba dispuesta a aceptar tales términos, la fuente respondió: “Nadie quiere ser el primero, pero las presiones financieras son cada vez más apremiantes”. Varios centros educativos ya han enfrentado recortes significativos en su financiamiento federal, y se cierne una creciente incertidumbre sobre el futuro de las visas para estudiantes internacionales, quienes suelen pagar matrícula completa, a diferencia de sus compañeros estadounidenses. Las conversaciones, según la fuente, siguen adelante. “El presidente está dispuesto a negociar acuerdos que beneficien a Estados Unidos, y esto se aplica a cualquier institución educativa que esté dispuesta a trabajar de buena fe para restaurar los derechos civiles y el orden en sus campus”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca. A esto añadió que se solo se puede trabajar con entidades que actúen con seriedad y no se limiten a palabras vacías. Muchas instituciones están contratando expertos y consultores para responder a las demandas del Gobierno, mientras que Harvard ha adoptado una estrategia legal agresiva y ha movilizado a sus exalumnos en apoyo. Las críticas hacia Harvard comenzaron antes de que Trump asumiera nuevamente la presidencia; sus aliados argumentaron que la universidad estaba tomando medidas enérgicas contra el antisemitismo en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas. Sin embargo, las acciones del Gobierno se enmarcan en una estrategia más amplia: generar un conflicto significativo acerca de la libertad académica, el financiamiento federal y la supervisión de los campus, visto desde la óptica de la Casa Blanca como un asunto que favorecería a Trump. La ofensiva está liderada por el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, que se reúne regularmente y mantiene un flujo constante de comunicación sobre sus prioridades. Este grupo, que tiene a Leo Terrell, ex presentador de Fox News y abogado de derechos civiles, como figura clave, recibe el impulso decisivo de Miller y Mailman, según fuentes cercanas. El Gobierno ha expresado satisfacción con algunas de las acciones tomadas por universidades, elogiando a ciertos objetivos iniciales por cumplir con sus demandas, especialmente en lo que respecta a la disolución de programas de DEI y la represión de protestas en los campus. En cuanto a futuras universidades que podrían ser objeto de atención gubernamental, Terrell ha indicado que “se avecinan demandas generales” contra el sistema de la Universidad de California, entre otros objetivos. “Esperen demandas masivas contra el sistema de la Universidad de California… en la costa este, en la costa oeste y en el medio oeste, esperen cargos por crímenes de odio presentados por el Gobierno federal”, afirmó en Fox News. Al respecto, Rachel Zaentz, portavoz de la Universidad de California, respondió que su sistema educativo colabora con el Gobierno de Trump. “La Universidad de California condena el antisemitismo y trabaja diligentemente para eliminarlo en todas sus formas. Hemos estado cooperando con el Gobierno y planeamos continuar haciéndolo”, declaró Zaentz. El funcionario de la Casa Blanca indicó que las investigaciones del grupo de trabajo suelen iniciarse a raíz de denuncias. “La agencia o departamento correspondiente realizará una investigación sobre posibles violaciones de la ley federal, lo que podría llevar a la suspensión del financiamiento”, comentó el funcionario. Actualmente, más de 70 universidades están bajo investigación en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en instituciones que reciban fondos federales. Aunque se indagan otros establecimientos educativos, el Gobierno no pierde de vista a Harvard, con quien mantiene múltiples batallas legales. La administración ha emprendido también una investigación sobre sus fuentes de financiamiento extranjero, bajo la Sección 117 de la Ley de Educación Superior, que exige la declaración de donaciones extranjeras. Un reciente informe de esta sección fue cerrado, y el portavoz de Harvard, Jason Newton, aseguró que la universidad ha cumplido durante décadas con estas regulaciones, presentando informes sobre donaciones y contratos que superan los 250.000 dólares anuales. Además, una propuesta fiscal dentro de un ambicioso proyecto de ley de Trump, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, podría impactar considerablemente en Harvard y en otras universidades con grandes dotaciones, implementando un nuevo sistema de impuestos por ingresos de inversiones. Si se aprueba en su forma actual, el impuesto podría aumentar del 1,4 % actual al 21 % para las instituciones más adineradas. A pesar de las señales contradictorias emitidas por los portavoces del Gobierno, hay interrogantes sobre si el interés por continuar con las investigaciones irá decreciendo. “Si continúan atacando a Harvard, ¿hasta dónde podrán llegar? A medida que pasa el tiempo, es probable que la Casa Blanca pierda interés. Pero en última instancia, el mercado manda: Harvard sigue recibiendo solicitudes récord”, señaló la fuente. No obstante, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha insinuado que aún hay posibilidad de retomar negociaciones con Harvard. En contraste, Terrell ha manifestado un enfoque más firme: “Vamos a perseguirlos donde económicamente les afecte, y hay muchas formas de hacerlo”. Al ser consultado sobre un posible punto final en este conflicto, Terrell respondió: “No podemos especular. Necesitamos presionar a estas universidades para que cambien”.
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