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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/06/2025 07:30
EL CALAFATE. La decisión del Senasa de flexibilizar la histórica barrera sanitaria del Río Colorado, permitiendo la entrada de carne con hueso a la región, ha generado preocupación en toda la cadena productiva del sur argentino. A pesar de que esta medida está suspendida hasta el 16 de este mes, productores, frigoríficos, gobiernos provinciales y entidades rurales de la Patagonia han manifestado su rechazo a la Resolución 180/25, reafirmando la importancia de mantener el estatus de libre de aftosa sin vacunación. Los actores de la Patagonia consideran esta medida un “retroceso sanitario y comercial” que no solo pone en riesgo la salud animal, sino que también afecta los mercados de exportación, que valoran la condición especial de la región. "Estamos en estado de alerta. El lunes próximo convocaremos a una asamblea de productores en la Sociedad Rural de Río Gallegos para informarles sobre las acciones que hemos tomado y discutir las líneas de acción a seguir", explicó a LA NACION César Guatti, representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) ante Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien participó en las últimas reuniones con el Senasa y la Secretaría de Agricultura. En un documento conjunto firmado por varias federaciones rurales, cooperativas, frigoríficos y gobiernos provinciales, se advirtió: “Esta flexibilización rompe un esquema sanitario que nos llevó décadas construir. No solo representa un riesgo sanitario innecesario, sino que podría significar el colapso definitivo de las explotaciones ovinas en la Patagonia”. Los productores subrayaron que aunque la Patagonia ocupa un tercio del territorio nacional, solo representa el 4% de los registros ganaderos (Renspa) y el 5% de la población total. La ganadería es una de las pocas actividades económicas con arraigo en el interior patagónico. “Un cambio en las condiciones comerciales podría llevar al abandono de los campos, lo cual es grave para la soberanía en un territorio tan importante”, afirmaron. En abril, se llevó a cabo una reunión a la que asistieron los ministros de las cinco provincias patagónicas del sur del río Colorado, junto a la Mesa de Enlace compuesta por CRA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria. En mayo, las cinco Federaciones patagónicas rurales se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y el presidente del Senasa, Pablo Cortese, pero no han recibido una nueva convocatoria. Los firmantes del documento enfatizaron que la resolución del Senasa no tiene en cuenta los riesgos de integrar zonas con tratamientos sanitarios diferentes. “El sentido común indica que la barrera debería expandirse hacia zonas sin vacunación, no al revés”, señalaron. Además, alertaron que los países importadores han mostrado históricamente su reticencia a adquirir carne de regiones donde se vacuna. La apertura sin garantías podría poner en peligro la continuidad de esos mercados. “Esto comprometería toda la incipiente exportación de bovinos y la históricamente importante exportación de ovinos, que es única en el país, significando el quiebre definitivo de las explotaciones ovinas patagónicas”, advirtieron en el documento. Desde el sector también cuestionaron el argumento que sostiene que la medida busca reducir el precio de la carne en la región. Afirmaron que entre el 60% y el 70% de la carne sin hueso consumida en la Patagonia proviene del norte de la barrera y se vende al mismo precio que la producción local, lo que evidencia que no se trata de un problema de oferta, sino que los precios elevados responden a otros factores. Simultáneamente, los productores solicitaron al gobierno nacional que consulte con los países compradores sobre la aceptación comercial de esta flexibilización para entender el impacto en la continuidad de los mercados que operan desde la Patagonia. Los productores patagónicos esperan con expectativa la derogación de la medida antes de que se agote el plazo establecido por la resolución 186/25, que suspendió su aplicación por 90 días. Se ofrecieron a colaborar en un nuevo programa nacional de lucha contra la fiebre aftosa, con el objetivo de alcanzar un estatus sanitario unificado en todo el país: Argentina libre de aftosa sin vacunación. Asimismo, dedicaron un apartado especial a la provincia de Tierra del Fuego, que no solo está libre de aftosa sin vacunación, sino que también se encuentra libre de tuberculosis y brucelosis bovinas sin vacunación. "Dada su condición de insularidad y al compartir la isla con Chile, cualquier cambio en las condiciones podría afectar gravemente el tránsito de ganado desde la isla al continente, como ocurrió en 2001. Hay que recordar que, para trasladar ganado desde Tierra del Fuego a la provincia de Santa Cruz, los productores fueguinos deben atravesar cuatro controles fronterizos, circular por caminos chilenos y utilizar barcazas chilenas, ya que Argentina carece de conectividad propia”. Por otro lado, la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia también emitió una advertencia: “La suspensión de la medida finaliza el 16 de junio, y la entrada de carne con hueso desde el norte del país podría afectar gravemente las exportaciones de carne ovina con hueso desde la Patagonia a los principales mercados”. También podrían surgir conflictos en el ingreso de animales en pie desde la isla de Tierra del Fuego al continente argentino, ya que tendrían que pasar obligatoriamente por territorio chileno. En una reunión reciente con autoridades de la SAGyP y el Senasa, se informó sobre notas enviadas tanto a la Unión Europea como a Chile, planteando la posición de Argentina. El propio presidente del Senasa, Ing. Pablo Cortese, mencionó que se esperan respuestas para garantizar que ni las ventas ni el traslado de los animales se verán afectados. Ante la falta de respuesta al día 90 de la suspensión, Cortese sugirió la posibilidad de extender el período. En este contexto, la Cámara de Frigoríficos destacó que las cadenas de valor vacuna y ovina en la Patagonia representan directa e indirectamente a más de 100,000 familias que se verán afectadas por la implementación de la Resolución 180/2025.
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