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» Diario Cordoba
Fecha: 01/06/2025 11:33
El sindicato CSIF muestra su rechazo a la distribución de plazas realizada en distintas convocatorias y resoluciones publicadas este año por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública en el marco de procesos selectivos y llamamientos recientes correspondientes a distintos cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a la provincia de Córdoba. Por este motivo, la central sindical ha remitido un escrito al delegado de Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, para abordar esta situación. La central sindical justifica su queja en tres convocatorias. La primera de ellas fue por una resolución del 24 de febrero en la que se ofertaban vacantes para el cuerpo general de administrativos. En este caso, Córdoba solo recibió cuatro plazas de un total de 98 en el conjunto de la comunidad autónoma, apenas un 4% del total, “una circunstancia que evidencia un reparto arbitrario y lesivo para los intereses del personal funcionario de esta provincia”. Otro ejemplo de esta situación se produjo tras una resolución del 7 de marzo relativa a una oferta de vacantes de personal aspirante en el proceso de promoción interna en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General. De los 168 puestos ofertados, únicamente seis fueron asignados para Córdoba, un 3,5%, “algo que refleja una clara desproporción con respecto a otras provincias andaluzas”. El caso más sangrante se corresponde con el llamamiento a personal funcionario interino del Cuerpo Superior de Administradores. En la convocatoria publicada el pasado 20 de mayo se ofertaban un total de 75 plazas en Andalucía, sin que ninguno de esos puestos fuera finalmente asignado a Córdoba. "Grave agravio" Para el responsable del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, “esta exclusión supone un grave agravio comparativo que vulnera el principio de igualdad en el acceso al empleo público, además de que repercute negativamente en la ciudadanía cordobesa, que se ve privada de una administración suficientemente dotada de personal, lo que limita la capacidad de respuesta de los servicios públicos y merma la calidad de la atención que reciben”. El representante sindical destaca que “esta situación supone un perjuicio directo para los empleados y las empleadas públicas de la provincia al restringir sus oportunidades de promoción y desarrollo profesional, así como un quebrantamiento del principio de equidad territorial en el acceso y progreso dentro de la función pública”.
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