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» Comercio y Justicia
Fecha: 30/05/2025 15:10
A más de dos semanas del brote fatal por el uso de fentanilo contaminado, que ya dejó 34 personas muertas en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Santa Fe, el caso llegó al Congreso Nacional y exigen investigar a fondo. En medio del desconcierto por la falta de información oficial clara, la diputada nacional Silvana Giudici (PRO) presentó un proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora. El objetivo: esclarecer responsabilidades, analizar las fallas en los controles del sistema de salud y determinar quiénes están detrás de la distribución del medicamento adulterado. El foco ahora no sólo está puesto en los laboratorios involucrados —Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A.—, sino también en los mecanismos de trazabilidad, control y vigilancia sanitaria que no funcionaron a tiempo para evitar una tragedia de esta magnitud. Las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que causaron infecciones hospitalarias graves en pacientes en estado crítico. Aunque la alerta sanitaria se disparó hace semanas, aún no se sabe con certeza cuántos lotes fueron afectados, cuántas instituciones recibieron los productos contaminados ni cómo se permitió que estas ampollas llegaran a manos de médicos y pacientes. La Justicia investiga más lotes contaminados El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación judicial, ordenó a la ANMAT tomar medidas urgentes para localizar, retirar y preservar un nuevo lote bajo sospecha. Y fue más allá: impuso esas acciones bajo apercibimiento de incurrir en delitos de acción pública. La medida fue tomada tras confirmarse la peligrosidad de los lotes 31.244 y 31.202 de fentanilo fabricados por HLB Pharma. Ahora, además de esos lotes, el número 31.200 también está bajo la lupa. El Instituto Malbrán confirmó que la droga contenía bacterias que se corresponden con las infecciones fatales. El Congreso exige una comisión para investigar El proyecto de ley presentado por Giudici no sólo apunta a los laboratorios. También busca determinar el rol del Estado en la supervisión del medicamento, y sugiere que podrían existir vínculos políticos con los responsables de la comercialización del fármaco. “Es muy importante que el Congreso ponga la mirada en la conexión con dirigentes kirchneristas que comparten domicilio jurídico con las empresas que manejan los laboratorios implicados”, expresó la legisladora en sus redes sociales. El proyecto está acompañado por los diputados nacionales Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain y Patricia Vásquez, y propone reforzar los controles de trazabilidad para evitar que medicamentos adulterados lleguen a quirófanos y salas de internación. Retrasos, zonas grises y falta de transparencia Uno de los principales cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores del sistema de salud tiene que ver con el tiempo que tardó la ANMAT en reaccionar. El organismo recién prohibió el uso del fentanilo sospechoso el 13 de mayo, cuando ya se había registrado un número considerable de muertes. En paralelo, se investiga por qué no se activaron antes los protocolos de trazabilidad: aún hoy se desconoce el destino exacto de los lotes, los centros de salud involucrados y la cantidad total de unidades en circulación. La información sigue llegando de a poco. El detalle del pedido judicial El juez Kreplak pidió que se releve a todos los pacientes que recibieron fentanilo de HLB, en especial del lote 31.202 (con vencimiento en septiembre de 2026). A su vez, la ANMAT solicitó a todas las jurisdicciones sanitarias que informen si han adquirido productos de los lotes sospechosos y detallen: Número de lote Cantidad de unidades Droguería o efector responsable Lugar de almacenamiento Observaciones relevantes Un caso que expone la fragilidad del sistema El escándalo por el fentanilo contaminado expone no sólo el accionar de laboratorios y droguerías, sino también las fallas estructurales del sistema de control estatal sobre medicamentos de uso hospitalario, especialmente aquellos utilizados en contextos de alta complejidad médica. Mientras las familias de las víctimas exigen respuestas, la Justicia y el Congreso intentan reconstruir una cadena de hechos que debería haberse cortado mucho antes, y que hoy obliga a repensar con urgencia el modo en que se controlan los medicamentos en Argentina.
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