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Parana » Inventario22
Fecha: 30/05/2025 10:53
En la noche de este jueves, una multitud conformada por profesionales, familias de personas con discapacidad y asociaciones llevaron a cabo una movilización, que comenzó en Plaza de Mayo y culminó en Casa de Gobierno, a fin de sumarse al pedido nacional de declarar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Allí referentes de distintos sectores explicaron, a través de un comunicado, que la solicitud se refiere a que “el nomenclador nacional de prestadoras gráficas para las personas con discapacidad que establece la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de la Nación no se actualiza desde diciembre del 2024”. Además, hay “retrasos de los pagos en los servicios como profesionales de la salud”. Ante esta falta de actualización, indicaron que las instituciones de discapacidad “corren peligro” de cierre debido a que “ante los sucesivos aumentos paritarios en el año, se hace imposible sostener el pago a los empleados de las mismas”. Por lo que, a su vez, solicitó que el gobernador Rogelio Frigerio “interactúe e interceda ante el Gobierno nacional porque la política de ajuste la está pagando el pueblo de la discapacidad”. Según indicaron en el escrito, actualmente en Entre Ríos se registran 57 instituciones categorizadas para poder brindar diferentes servicios entre los que se encuentran: Centros educativos y terapéuticos, Centro de día, Hogares, SAE, Centro de rehabilitación, Centro de formación laboral, Hospital de día. Y prestan atención a más de 2.500 personas con discapacidad. Otros de los puntos que conlleva a pedir la Ley de Emergencia en el sector es la pensión no contributiva por discapacidad. "El gobierno nacional se ha cizañado por dar de baja cada vez más las pensiones, implementando la resolución 187/25 que autoriza auditorías de pensiones no contributivas por discapacidad. Una auditoría muy desprolija, con párrafos de ofensa, que ataca a las personas con discapacidad de imbécil, idiotas y débiles mentales y que a la fecha no se sabe qué medidas nacionales van a llevar a cabo". Es por ello que por los dos puntos antes descripto, el objetivo del proyecto de ley es “garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad incluyendo el acceso a las prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social”. (APFDigital)
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