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Parana » Inventario22
Fecha: 30/05/2025 10:34
Chiara Páez iba a encontrarse el 10 de mayo 2015 con sus amigas de 2° año de la Escuela de Educación Técnica de Rufino, en Santa Fe. Sentía angustia por el embarazo que cursaba y tristeza porque su novio, Manuel Mansilla, de 16 años, quería interrumpirlo. Chiara permaneció apenas un rato con las chicas, para ir a la casa de Mansilla y comunicarle que seguiría adelante con la gestación. Tras siete días de rastrillajes, hallaron el cuerpo de la adolescente de 14 años enterrado en el patio de los Mansilla, a metros de la mesa donde la abuela y los padres del adolescente comían un asado. Su femicidio marcó el inicio de Ni Una Menos y una movilización sin precedentes contra las violencias de género en la Argentina, Latinoamérica y Europa. Desde entonces, las cifras de femicidios y los ataques a la comunidad lgbttiq+ siguen aumentando, pese a la batería de políticas públicas logradas por las luchas de los feminismos y la decisión política de implementarlas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que las altas y bajas de los gobiernos posteriores debilitaron para fortalecer las complicidades machistas. Desde la gestión de Javier Milei, 1 mujer es asesinada cada 28 horas en la Argentina. Y a Mansilla, el femicida de Chiara, condenado a 21 años y medio de prisión, la justicia santafesina le redujo la pena a 15 años, por considerar su condición de menor al momento del crimen. Un año antes del crimen de la adolescente, en 2014, la Corte Suprema de Justicia publicó el primer Registro Nacional de femicidios. Se relevaron 225 femicidios en todo el país, es decir 1 muerte cada 40 horas. El 94% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años, y sus agresores, de 21 a 40 años. En un 57%, se trataba de parejas, exparejas, novios, maridos o convivientes. Pero el 75% de las mujeres fueron asesinadas por allegados. Cuatro meses después del femicidio de Chiara, el Concejo Nacional de las Mujeres iniciaría la aplicación de una mirada transversal de género sobre políticas planteadas por el colectivo NiUnaMenos: mujeres y niñas en igualdad de género plena, la eliminación de barreras para su empoderamiento, políticas eficientes contra las violencias, reconocimiento económico de las tareas de cuidado, la efectiva implementación de educación sexual integral en las escuelas y del cupo laboral travesti trans. El primer manifiesto de NUM exigió la instrumentación en su totalidad de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pedía garantías para la protección de víctimas de violencia y para su acceso a la Justicia, patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial, creación de hogares/refugio en la emergencia, subsidio habitacional con asistencia interdisciplinaria, insumos necesarios para sostener la Línea 144, que comenzó a funcionar en 2013, hasta la intervención y el vaciamiento de Milei, con la pérdida del 45% de su personal. “Hoy no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó”, advierte el último informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). "El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda.” Diana El 11 de octubre de 2015, apenas cuatro meses después del primer Ni Una Menos, fue asesinada una de las referentas históricas del colectivo travesti trans, Diana Sacayán. La autopsia estableció 27 lesiones en su cuerpo. Durante el ataque fue golpeada, atada de manos y pies, amordazada y apuñalada con un cuchillo de cocina. En 2018, uno de los perpetradores del crimen, Gabriel David Marino, fue condenado a prisión perpetua como “coautor de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género”. Fue la primera vez que un fallo judicial en la Argentina reconocía el travesticidio como categoría delictiva. Diez años después, en su brevísimo paso por la Corte Suprema, el nombrado por decreto y autodimitido juez Manuel García Mansilla, firmó con especial interés el rechazo a sostener la calificación de travesticidio en la causa de Diana, desconociendo así los crímenes de odio, junto con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz. Lo hizo el mismo día que el Senado rechazó su candidatura y la de Ariel Lijo para integrar la Corte. Nosotras paramos Mientras en 2016 se realizaba el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, violaban y asesinaban a la adolescente Lucía Pérez en Mar del Plata. Su femicidio selló el punto más alto de una trama de violencias contra las autonomías de los cuerpos. Fue causa y bandera del Llamamiento al Primer Paro Nacional de Mujeres, el 19 de octubre de 2016. Sólo en ese mes se contabilizaron 19 muertas por la violencia femicida, bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos, al galope de la desocupación, la brecha salarial de género del 27%, el ajuste, los tarifazos y el incremento de la pobreza. En esa etapa resonaba el concepto “pedagogía de la crueldad”, de Rita Segato, como hecho funcional a la codicia expropiadora, “porque la repetición de la escena violenta produce un efecto de normalización de un pasaje de crueldad (…)”. El Centro de Información de Naciones Unidas confirmó 230 femicidios en la Argentina, entre el 1° de enero y el 31 de octubre de ese año, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro. Para 2016, La asociación había contabilizado 294 hijos e hijas que perdieron a sus madres, 173 de ellos menores de edad. En el 65% de los casos, las mujeres fueron asesinadas por parejas o ex parejas, y el 67% de las víctimas tenía entre 19 y 50 años. En abril de 2017, cuando la política represiva del gobierno de Mauricio Macri comenzaba a arreciar, Higui De Jesús era detenida por defenderse de una patota que intentó someterla a una violación correctiva, por su condición de lesbiana, y el 8 de ese mes encontraban a Micaela García, violada y asesinada por Sebastián Wagner, en libertad condicional. El colectivo Ni Una Menos denunció ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que “nos matan al ritmo escalofriante de una por día: cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina”. El femicidio de Micaela García, como el de Chiara Páez, Melina Romero, Daiana Abregú, Araceli Fulles y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos nueve años, son responsabilidad del Estado.” La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019, en homenaje a Micaela García, activista feminista y militante del Movimiento Evita. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Desde la irrupción del poder libertario, pasó de 58 capacitaciones a cero. La batalla cultural A principios de 2025, Javier Milei encargó a su gabinete elevar al Congreso el paquete de proyectos “Igualdad ante la ley”, para derogar la figura de femicidio, modificar la Ley Micaela y eliminar el DNI no binario. Volvió a agitarlo en las últimas semanas, subido a la euforia libertaria, luego de los resultados de los comicios provinciales y de Ciudad, para retomar la batalla cultural contra el progresismo. Aún vibraba el anuncio-celebración de Mariano Cúneo Libarona por el cierre de 13 programas de género dependientes del Ministerio de Justicia, que ya habían sido ocluidos en junio de 2024, junto con la degradación y clausura definitiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Creado en 2019 por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, acompañó a más de 1.800.000 personas durante sus cuatro años de historia, a cargo de Elizabeth Fernández Alcorta hasta 2022, cuando la reemplazó Ayelén Mazzina. Entre las políticas relevantes surge el Programa Acompañar, de apoyo económico a mujeres y lgbttiq+, y el apoyo económico a familiares de víctimas de femicidios, travesticidio y transfemicidio se financiaron equipamiento y refacción de hogares y refugios para personas en situación de violencia de género, y se fortalecieron organizaciones sociales y comunitarias, con articulación federal. Hace una semana, Milei publicó en sus redes que durante su gestión y sin el Ministerio, se redujeron "los homicidios de mujeres un 14,3% y los delitos sexuales un 12,8%". "Decir que la violencia de género disminuyó porque bajaron los homicidios es incorrecto", respondió ELA desde su informe. "Ese dato no es un indicador para hablar de violencia de género sencillamente porque se refiere a otra cosa. Un homicidio no es lo mismo que un femicidio. No toda muerte de una mujer a manos de un hombre es un femicidio." En 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género, 228 femicidios directos, 19 vinculados, lo que representa un descenso respecto de 2023, pero mantiene un promedio histórico desde 2017. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema, se cometió 1 femicidio cada 39 horas. A una década del primer NiUnaMenos, el negacionismo institucional de las desigualdades y la violencia de género pretende imponer campañas de desinformación, para confundir y banalizar los debates. “Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es de feminista. Es la realidad. Y no se puede tapar el sol con las manos”, expresa el documento de ELA, que junto con otras organizaciones iniciaron una acción judicial contra el Estado. “Exigimos que dé certezas sobre cómo cumplirán sus obligaciones para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres que surgen de las Leyes y Tratados Internacionales vigentes.”
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