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» Diario Cordoba
Fecha: 30/05/2025 04:15
Desde que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, la estrategia de la guerra comercial que ha abierto contra el mundo con sus aranceles ha estado marcada por caos e incertidumbre, en parte por bandazos dados por él mismo con sus escaladas de amenazas o estableciendo prórrogas. A toda esa volatilidad se le ha sumado ahora la que llega desde el frente judicial en EEUU. Este jueves, menos de 24 horas después de que el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York tumbara la mayoría de los gravámenes de Trump por considerar que el mandatario había excedido su autoridad al imponerlos apelando a una ley sobre emergencias, una corte de apelaciones los ha vuelto a instaurar. Esa decision del Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal restablece de forma temporal los gravámenes que el Tribunal de Comercio determinó que no podían ampararse en esa Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional de 1977: los globales del 10%, los que impuso a Canadá, México y China y los que denomina “recíprocos” (aunque estos están en pausa hasta el 9 de julio). Sin entrar en los méritos Los jueces del tribunal de apelaciones, basado en Washington, no han entrado en los méritos de la litigación original, que presentaron contra los aranceles varias pequeñas empresas, incluyendo un negocio familiar en Nueva York de importación de vinos, y los fiscales generales de 12 estados gobernados por demócratas. No valoran, por ejemplo, si como alega el gobierno la decision en su contra está “plagada de errores legales” y “trastoca los esfuerzos del presidente de eliminar el creciente déficit comercial y reorientar la economía global en igualdad de condiciones”. El restablecimiento temporal es habitual, según los expertos, en recursos de emergencia como el que había presentado el gobierno de Trump contra la primera decision. En esa apelación, además, el gobierno había avisado de que si no lograba que se paralizara la decisión en su contra apelaría con una moción de emergencia al Tribunal Supremo este mismo viernes, un paso con el que, escribieron, tratarían de “evitar los irreparables daños económicos y a la seguridad nacional que están en juego”. Choque con Jusitica Lo sucedido en menos de 24 horas ratifica una vez más la frenética actividad en los tribunales que acompaña a la agresiva agenda del republicano, que desde que volvió el 20 de enero a la Casa Blanca está gobernando con una visión expansiva del poder ejecutivo. Asimismo, sirven de recordatorio una vez más de la dificultad a la hora de establecer y mantener negociaciones con EEUU en este momento, una fragilidad que alimenta tanto la volatilidad del propio Trump como los cambios a sus políticas que llegan desde los tribunales. Entre el miércoles y el jueves ha quedado claro también el crudo duelo con el poder judicial de Trump, su gobierno y sus aliados, pero solo cuando se dictan sentencias en su contra. Y tras la decisión del miércoles, habían redoblado con ferocidad las críticas y ataques a los jueces y el enfrentamiento con la justicia, otra de las las señales de marca de esta segunda presidencia del republicano. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, hablaba de la decisión contra Trump, antes de que fuera paralizada de forma cautelar, como “otra muestra de extralimitación judicial”. No llegaba tan lejos como los más ultra aliados del presidente, como su asesor Stephen MIller y la influencer de extrema derecha Laura Loomer, que habían hablado de “un golpe de estado judicial”, pero declaraba en rueda de prensa que “los tribunales no deberían jugar ningún papel en esto” y hablaba de un supuesto “patrón preocupante y peligroso de jueces que se inmiscuyen en el proceso presidencial de toma de decisiones”. Minimizar el golpe La Administración, antes de la victoria de su recurso , llevaba horas tratando de minimizar el impacto del golpe de la decision en su contra. Asesores económicos de Trump como Peter Navarro y Kevin Hassett habían hecho entrevistas en televisiones en las que aseguraban que el mandatario tiene otras vías para seguir adelante con su plan de usar los aranceles. “Nada ha cambiado realmente”, decía Navarro retando los límites de la credibilidad en una entrevista con 'Bloomberg'. “Si alguien pensaba que esto ha pillado a la Administración por sorpresa que piense de nuevo”. El asesor comercial, y también Leavitt, apuntaban por ejemplo a que Trump podría usar otras autoridades para imponer aranceles. Entre estas está la sección 301 de la ley de comercio de 1974, que empleó en su primer mandato para imponer aranceles a China, así como la 122, que permite usar gravámenes del 15% durante 150 días. También apelaban a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que es la que ha el republicano ha esgrimido para imponer aranceles a las importaciones de acero, aluminio y vehículos y partes y que no estaban afectadas por la sentencia del miércoles. Por más que insistan Leavitt, Navarro o Hassett cualquier freno a sus aranceles es un mazazo que hace zozobrar un elemento vital para la propuesta económica y política del republicano, agujerea su intento de revitalizar la producción industrial en EEUU o las exportaciones y debilita la negociación comercial con otras naciones, diálogos donde el republicano entremezcla otro tipo de cuestiones con las económicas. El freno a los aranceles haría un agujero en el plan de Trump, por ejemplo, para conseguir ingresos y sostener su propuesta presupuestaria. Esas cuentas han sido aprobadas ya en la Cámara Baja pero plantean reparos a varios republicanos en el Senado, donde no está garantizada su aprobación sin cambios, más imperiosos si sabe si las arcas públicas no cuentan con ingresos por aranceles. Y la propuesta de ley incluso se ha ganado las críticas de Elon Musk, que este miércoles anunciaba su salida formal de la Administración. La decisión judicial también crea problemas a Trump en su relación con China. Aunque Washington y Pekín están en aparente tregua en la negociación arancelaria, la tensión crece, como muestran la “agresiva” revocación de visados de estudiantes chinos en EEUU anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, o la aceleración de la guerra tecnológica con un veto de Trump a la exportación de software para chips.
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