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» Sin Mordaza
Fecha: 29/05/2025 16:11
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), funcionarios y autoridades del gobierno local, supervisó el miércoles el derribo de dos búnkers dedicados a la venta de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. La intervención se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico, promulgada a comienzos de la actual gestión, que ya permitió inactivar más de 60 puntos de narcomenudeo en todo el territorio santafesino. La medida, llevada adelante en Pavón al 1800, en el barrio Villa Moisés, fue ordenada por la Justicia en el marco de la Ley de Microtráfico, a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y el coordinador regional del Ministerio de Justicia y Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli. Durante el operativo, Pasquinelli remarcó: “Esta inactivación no es simbólica, ya que marca un antes y un después en la lucha contra la venta de droga en Venado Tuerto y la región. Con la firmeza de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estamos demostrando que se puede actuar con decisión y respaldo legal para proteger a los vecinos”. Pasquinelli destacó también el rol de la comunidad local: “Es importante que todos estemos comprometidos, y el aporte de los vecinos fue fundamental para que la Justicia pudiera intervenir y, a través de todos los instrumentos que permite la legislación vigente, lograr este derribo”. Por su parte, Chiarella expresó: “Estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta”. El intendente, quien estuvo acompañado por la senadora Leticia Di Gregorio, agradeció el acompañamiento institucional en cada instancia del proceso. “Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, a las fuerzas de seguridad provinciales y al juez Mauricio Clavero, que intervinieron con esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que, cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, manifestó. Denuncia, investigación y allanamientos La denuncia inicial fue presentada el 20 de enero de este año, luego de que numerosos vecinos manifestaran su preocupación por el nivel de actividad ilícita que se registraba en algunos domicilios del barrio. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), iniciándose una investigación que incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los involucrados. Como resultado de estas tareas, el 22 de mayo se realizaron tres allanamientos simultáneos en dos domicilios ubicados en Pavón al 1800 y en Marenghini al 300. En los procedimientos se detuvo a seis personas que se encontraban en el lugar, y se incautaron diversas evidencias vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Entre los elementos secuestrados se encontraron más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada para la venta, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados, una planta de cannabis, picadores, una máquina contadora de billetes y una suma cercana a los 380 mil pesos en efectivo. Tras las audiencias respectivas, cinco personas quedaron detenidas por orden del juez Mauricio Clavero: Joaquín M., Micaela V., Juan Manuel S., Brian Miguel J. y Victoria Nahir C. Un sexto detenido, que se encontraba comprando estupefacientes, fue identificado como ajeno a la banda y no fue imputado en la causa principal. Uno de los domicilios allanados, ubicado en Pavón al 1800, ya había sido objeto de múltiples investigaciones anteriores vinculadas a hechos de abuso de arma de fuego y tenencia de armas. Cabe destacar que dicho terreno estaba usurpado y pertenece al municipio de Venado Tuerto.
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