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Concepcion del Uruguay » RNLT-11
Fecha: 29/05/2025 14:23
El Gobierno nacional oficializó hoy, mediante el DNU 366/2025 publicado en el Boletín Oficial, una reforma integral al régimen migratorio. La norma introduce nuevas categorías de residencia y modifica las condiciones de admisión, permanencia y acceso a derechos para personas extranjeras. Entre los principales lineamientos, se determinó que los migrantes deberán presentar una declaración jurada al momento de solicitar el ingreso, en la que deberán consignar el propósito de su estadía, contar con un seguro de salud y cumplir con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación. Asimismo, se ratificó que "el Estado garantizará el acceso igualitario de los inmigrantes a las condiciones de protección y derechos que corresponden según cada categoría migratoria", en áreas como salud, educación, trabajo, justicia y seguridad social. En el plano sanitario, el texto establece que los residentes permanentes accederán al sistema público en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. No obstante, se aclara que los establecimientos públicos podrán requerir la presentación de un seguro o el pago previo del servicio, según lo determine el Ministerio de Salud. La normativa también contempla excepciones ante situaciones de urgencia: "En casos de emergencia, no podrá negarse ni restringirse el acceso a la atención médica o a la asistencia social, independientemente de la situación migratoria de la persona", indica el decreto. La reforma contempla la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Su objetivo será diseñar y coordinar programas destinados a captar personas extranjeras que contribuyan al desarrollo económico nacional. La dirección de la agencia estará a cargo de un funcionario con rango de subsecretario. El decreto también detalla las causales por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada para el ingreso o permanencia en el país. Entre ellas figuran: presentación de documentación falsa o adulterada; condenas por delitos que impliquen penas de tres años o más; y participación en crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad. También, ingreso irregular al país, eludiendo controles migratorios; y haber sido expulsado por cumplimiento de una extradición. En cuanto al ámbito educativo, se dispuso que los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal seguirán siendo gratuitos para ciudadanos argentinos y para extranjeros con residencia permanente. Quienes no se encuadren en estas categorías podrán estar sujetos al pago de aranceles, de acuerdo con las disposiciones de cada institución. Se habilita además que personas sin residencia permanente puedan acceder a becas, siempre que así lo prevean los estatutos institucionales o convenios con otros estados u organismos. Por otra parte, se establece que el Estado, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá garantizar el acceso y la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario a todos los niños, niñas y adolescentes, aun cuando no cuenten con DNI argentino. "El derecho a la educación no podrá ser restringido por la condición migratoria. Los establecimientos educativos deberán brindar orientación sobre los trámites necesarios para regularizar la situación migratoria de los estudiantes", concluye el documento.
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