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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 29/05/2025 08:30
Jueves, 29 de Mayo de 2025, 8:09 Redacción EL ARGENTINO El Gobierno nacional oficializó este jueves, mediante el decreto 366/2025, una profunda reforma a la Ley de Migraciones 25.871. Los cambios impulsados por la administración de Javier Milei restringen el acceso a la ciudadanía, endurecen las condiciones para la residencia y habilitan el cobro por servicios públicos como la salud y la educación a personas extranjeras. El decreto introduce modificaciones sustanciales en artículos claves de la norma vigente desde 2004. Entre los puntos centrales, se destaca que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, al tiempo que los hospitales del sistema nacional podrán exigir seguro médico o el pago previo por los servicios, salvo en casos de emergencia o para residentes permanentes. En relación con la educación, el nuevo articulado limita expresamente el acceso gratuito de los extranjeros a los niveles inicial, primario y secundario, excluyendo a las universidades. Hasta ahora, la legislación vigente garantizaba la inclusión educativa sin restricciones migratorias, y prohibía expresamente la discriminación por condición documental. A partir del DNU, las instituciones de educación superior estatal podrán establecer “retribuciones por los servicios educativos” para quienes no sean ciudadanos argentinos o no posean residencia permanente. En el plano sanitario, la norma introduce criterios de pago que marcan un giro respecto del principio de gratuidad que regía hasta ahora. Aunque se mantiene la atención de urgencias sin restricciones, la cobertura habitual del sistema público requerirá seguro de salud o pago previo, a menos que se trate de residentes permanentes, que conservarán el mismo acceso que los nacionales. También se modifican los requisitos para la nacionalización. La ciudadanía ya no podrá obtenerse mediante la prestación de servicios a la República, como establecía el texto anterior —desde el ejercicio de profesiones hasta el poblamiento de fronteras—, sino que sólo podrán acortar el plazo quienes acrediten haber realizado inversiones “relevantes”. Además, el tiempo exigido de residencia continua se mantiene en dos años, pero se elimina cualquier excepción relacionada con vínculos culturales o sociales. La nueva redacción incluye una interpretación más estricta de la permanencia continua: no se podrá salir del país durante el período exigido para que el tiempo compute como válido. También se reduce el plazo de validez de la residencia precaria, que pasa de 180 a 90 días, y se refuerzan los mecanismos de deportación inmediata en caso de ingreso irregular. El Gobierno justifica el endurecimiento alegando un “nuevo escenario global” en el que aumentará el flujo migratorio debido a la política de deportaciones en Estados Unidos. Según el decreto, las actuales facilidades en Argentina representarían un “riesgo” para la economía y los servicios públicos si no se restringen. Con este paquete de medidas, el Ejecutivo apunta a reducir la llegada y permanencia de extranjeros en condiciones irregulares y limitar el uso gratuito de los servicios estatales. La decisión ya generó fuertes reacciones en organismos de derechos humanos y sectores universitarios, que advierten sobre una vulneración de derechos y un retroceso en la política migratoria argentina.
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