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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 29/05/2025 02:45
La torre ubicada sobre la calle Cafayate al 5100 tiene 22 pisos y alberga a 136 familias (Foto/Maps) Dicen que un edificio es una pequeña comunidad. En la torre de 22 pisos —ubicada sobre la calle Cafayate al 5100, en el barrio porteño de Villa Lugano— esa comunidad estuvo al borde del colapso. Todo comenzó el 26 de marzo pasado con la clausura de los cuatro ascensores por falta de mantenimiento. Durante 34 días, las 136 familias que viven en el complejo tuvieron que usar la escalera. “Una vez tuve que llamar a los bomberos porque una vecina que estaba en silla de ruedas tenía turno con el médico y no podía salir de su casa. Había tenido un accidente y se rompió la cadera”, cuenta Natalia Navarro. “Natalí”, como la conocen todos, tiene 36 años, es abogada y vive en el lugar desde 1992. A pesar de que su departamento está en el piso 19, los primeros días intentó tomarse la situación con humor. “Pensé que iba a solucionarse rápido y le puse onda. Incluso hasta le ofrecí ayuda a algunos vecinos con las compras, pero llegó un punto en que se empezó hacer cada vez más difícil y empecé a somatizar. Tuve problemas de presión y me agarró un ataque de ansiedad”, le cuenta a Infobae. No fue la única. Las complicaciones eran tan variadas como las historias de quienes habitan la torre. Desde un hombre con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que vomitaba en los descansos de la escalera; pasando por madres y padres que debían cargar a sus hijos o a sus mascotas por más de una decena de pisos; hasta adultos mayores que no podían asistir a su tratamiento de diálisis ni ir al supermercado. “Me sentía prisionera en mi propia casa y sin derecho a quejarme. La Administración se había adueñado del edificio. Si solicitaba un comprobante o pedía explicaciones, no me las daban. Todo era un problema”, resume Cynthia Roldán (41), copropietaria de uno de los departamentos, donde vive junto a su nene de tres años y medio y su madre de 65. Lo que comenzó como un conflicto con la gestión del consorcio, terminó convertido en un caos que requirió una solución inédita: una Asamblea Judicial en el palier del edificio, convocada por el titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 1 de Capital Federal, Gustavo Caramelo. Tras la clausura de los ascensores, personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo que asistir a una vecina que estaba en silla de ruedas para que pudiera ir al médico El inicio La disputa se inició a principios de este año, aunque los problemas de fondo se arrastraban desde 2023, cuando la administradora del consorcio —identificada por sus iniciales como P.P.— se negó a presentar la documentación respaldatoria de los gastos del edificio. Ante la falta de claridad y la ausencia de una rendición de cuentas, se generó una situación inusual: una doble administración de consorcio, que causaba desorden en la gestión y en el cobro de las expensas. “Algunos vecinos querían que P.P. siguiera en el puesto y otros querían que renunciara y se designara una nueva administradora. En ese contexto, un grupo acataba las decisiones que tomaba la administradora y el otro grupo no”, resume la abogada Natasha Santa Cruz Sztyk, quien encabezó una demanda civil contra P.P., junto a Natalia Navarro, en representación de 16 propietarios y vecinos. Para mediados de enero, la administradora convocó a una asamblea para discutir un conflicto judicial con una ex empleada del edificio. En esa reunión, los que estuvieron presentes le exigieron la renuncia. Ella, según los testimonios, aceptó hacerlo y prometió entregar la documentación en un plazo de quince días hábiles. Pero no cumplió. El caos administrativo se trasladó a la convivencia. “El edificio era una olla a presión”, describe Natalia. Las asambleas autogestionadas —las últimas dos en presencia de una escribana— empezaban cerca de las 20 y terminaban pasada la medianoche, con discusiones acaloradas, amenazas y hasta presencia policial. “Mi lugar en el mundo, que es mi casa, se convirtió en un espacio triste, maltratado, con confrontaciones con algunos vecinos. Me sentí muy indefensa”, cuenta Silvia Ravines (65), copropietaria de uno de los departamentos, que vive en la torre desde hace más de tres décadas. La clausura de los ascensores a fines de marzo —por falta de contrato con una empresa que realizara el mantenimiento, responsabilidad exclusiva del administrador— fue el punto de quiebre. “De ese día no me voy a olvidar más”, dice Natalia que, a partir de entonces, se dedicó a recorrer piso por piso para recolectar 16 escrituras, el porcentaje mínimo exigido por ley para solicitar intervención judicial. El escrito fue ingresado el 2 de abril al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1. En menos de una semana, el juzgado resolvió dar lugar al pedido de los copropietarios de la calle Cafayate y convocar a una asamblea judicial en el propio edificio, para que los vecinos decidieran, por mayoría, si continuar con la administradora o elegir una nueva. La faja de clausura con fecha del 26 de marzo de 2025 dejó al edificio de 22 pisos sin ascensores durante 34 días “Los votos se festejaban como goles” La asamblea judicial se realizó el martes 13 de mayo, a las 19, en el edificio. La decisión de hacerla allí y no en los tribunales de la calle Lavalle al 700 fue determinante: “Si la hubiéramos fijado en Retiro, iban a venir 20 o 30 personas; al hacerla en Lugano, vinieron más de 70”, explica Máximo Musich, secretario del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1. “Nuestro objetivo fue facilitar la participación del máximo número de consorcistas. Eso también es acceso a la justicia”, agrega. Al llegar al lugar, el equipo del juzgado —también integrado por las abogadas María Eugenia Ríos, Estefanía Cafaro y Pilar Montilla— improvisó una oficina en el palier: llevaron mesas, sillas, parlantes y hasta iluminación desde sus propias casas. Luego de un saludo general, se dedicaron a verificar uno por uno los papeles presentados por los vecinos para acreditar su derecho a voto. “Eso demoró un tiempo porque muchos no tenían sus escrituras, sino documentos emitidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), partidas de defunción de sus padres y actas de nacimiento que demostraban la tenencia de la propiedad. Pero una vez que se chequeó todo, realizamos la asamblea con total fluidez y en perfecto orden”, señala el juez Gustavo Caramelo. La votación fue doble: se eligió una nueva administración y también un nuevo Consejo de Administración compuesto por nueve copropietarios. “Nosotros no tomamos la decisión por ellos. Lo que garantizamos es que se respetaran las formas”, aclara Musich. “En una hora y media resolvimos muchos años de conflictiva que había ahí. La gente celebraba los votos como si fueran goles”. Gustavo Caramelo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 1 de Capital Federal Para evitar confusiones, el juzgado entregó papeles amarillos al momento de la acreditación: solo quienes estaban habilitados podían usarlos para votar. “Lo hicimos de esa forma para garantizar transparencia. Porque ahí, el problema que suele haber, es que siempre va más gente de la que puede votar”, explica Caramelo. Según el magistrado, mientras se realizaba la votación, el clima de tensión inicial comenzó a distenderse. “Noté un cambio en los rostros de las personas: pasaron de estar muy serios a estar más entusiasmados. Y eso se reflejó al final: cómo nos saludaron, cómo nos agradecían la intervención”. Para él, ese es el sentido del rol judicial que encarna: “Quienes trabajamos en el fuero Civil tenemos que tener claro que nuestro rol es acompañar a la gente para que tenga la mejor calidad de vida posible”. Para los vecinos del complejo, la intervención marcó un antes y un después. “Hemos tenido justicia y el Poder Judicial nos ha acompañado para que así sea", dijo a Infobae uno de ellos “Sentí que por fin llegó la Justicia” La asamblea judicial significó algo más que un cambio de Administración de Consorcio y nuevo Consejo: fue, para muchos vecinos, una forma de recuperar el control sobre sus propias vidas. “Sentí que por fin llegó la Justicia. Esa noche, después de mucho tiempo, pude dormir en paz”, dice Natalia. “Como abogada también me gratificó: todo lo que uno estudia, en algún momento, tiene sentido”, agrega. Mariana Reneé Avila (55), quien vive en el edificio desde hace más de 20 años y fue electa como integrante del nuevo Consejo, habló de un momento “histórico” y destacó la forma en que el juez “puso orden y pudo disciplinar a varios miembros del edificio”. Según ella, la intervención marcó un antes y un después para el complejo. “Hemos tenido justicia y el Poder Judicial nos ha acompañado para que así sea”, sostiene. En tanto, Silvia Ravines resume el impacto con una frase contundente: “En un país donde las personas de a pie siempre nos quedamos mirando, como desde atrás de la vidriera, lo que desearíamos para nuestras vidas, esto me trajo un alivio inmenso. Yo deseo una Argentina donde la defensa no sea un sueño que pocos puedan pagar”. Para el juez Gustavo Caramelo, experiencias como esta ayudan a reparar un vínculo deteriorado. “Lamentablemente, hay como un divorcio de la sociedad con la Justicia. Desconfían. La consideran una corporación oscura, ineficiente y sospechada de corrupción. Y no es porque sí: a todo la Justicia le dio motivo”, reconoce. “Por eso es tan importante que podamos dar una respuesta rápida, concreta, casi quirúrgica, como la que dimos. Con mi equipo volvimos de allí convencidos de haber contribuido, en algún grado, al restablecimiento de reglas básicas para el ejercicio de la vida democrática de esa comunidad, habiendo garantizado su acceso al sistema de justicia”.
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