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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/05/2025 02:10
El gobernador Martín Llaryora firmó un Decreto por el cual centraliza en la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Gestión Pública la gestión sobre beneficios fiscales en el marco de regímenes y programas promocionales de la Provincia de Córdoba. En efecto, la norma establece la intervención obligatoria de Ingresos Públicos en toda gestión de estos beneficios tributarios. El objetivo es institucionalizar un control fiscal previo sobre beneficios promocionales, buscando una mayor previsibilidad presupuestaria. En resumen, cada beneficio fiscal que es tipificado como gasto tributario, o sea recursos que dejan de ingresar, deberán pasar en cualquier caso por Economía previo a su aprobación. “En realidad era una práctica que ya se venía ejecutando. Sin embargo, la idea es que cualquier beneficio a futuro cuente con un análisis previo de los costos fiscales y los beneficios que pueda generar”, resumió a Comercio y Justicia una fuente oficial. La misma fuente aclaró que la norma no busca revisar las exenciones otorgadas que de hecho siempre se analizan, básicamente respecto a que cumplan con la normativa que le otorgó el beneficio. “El punto es que, si eventualmente un Ministerio genera un proyecto para eximir del pago de determinados tributos a ciertos sectores, previamente se analice su viabilidad en la Secretaría de Ingresos Públicos”, concluyó el informante. Así, desde la publicación del decreto, todo proyecto de ley, decreto o resolución vinculado con materia tributaria debe contar previamente con un dictamen de la Secretaría de Ingresos Públicos antes de la intervención de Fiscalía de Estado. El gasto tributario presupuestado para 2025 en la Provincia de Córdoba alcanza un total estimado de $359.686 millones, de los cuales $219.712 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos. y $106.772 millones, a beneficios otorgados por distintos regímenes de promoción económica.
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