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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 28/05/2025 18:43
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti El número de jueces y la composición misma de la Corte Suprema viene suponiendo un asunto espinoso para la Casa Rosada, que no encontró las mismas facilidades para negociar esos aspectos como sí las tuvo para aprobar reformas significativas como la Ley Bases. A principios de abril se dio una muestra de aquello: la oposición no dialoguista consiguió voltear los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En rigor, esto sucede porque La Libertad Avanza precisa dos tercios del Senado para nombrar a un ministro de la Corte. Además de no tener el número de senadores propios, se suma la dificultad de que el peronismo kirchnerista tiene más de un tercio de las bancas del recinto, por lo que tiene el poder de veto de cualquier iniciativa propia. En las usinas libertarias hacen los cálculos de cómo podría componerse el Senado después de las elecciones nacionales de octubre y, aunque hay pronósticos más optimistas que pesimistas, parece una realidad que el peronismo seguiría teniendo ese poder para determinar si un pliego tiene las de salir o si no. Este miércoles en el Senado se reanudaron las conversaciones sobre una ampliación de la Corte. Esto sucedía en una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que debatía un total de ocho proyectos para ampliar el número de jueces que componen el máximo tribunal. El bloque libertario buscó que este encuentro se aplace, aunque sin éxito. El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans (RS Fotos) Y es que en Casa Rosada son enfáticos. “No vamos a hablar del tema hasta noviembre”, ratificó una fuente inobjetable a Infobae, es decir, hasta después de que se conozcan los resultados de las elecciones generales del 26 de octubre. El Gobierno no tomó el guante por ninguno de los proyectos impulsados por la oposición (dialoguista e intransigente), afirmando que ninguno está avalado por los responsables de la estrategia política-judicial de Milei. Un debate de esas características parece una quimera dada la proximidad -cada vez más cercana- que hay con los cierres de alianza y de candidaturas en los 24 distritos del país. En estas épocas suele mermar significativamente la actividad legislativa, por lo que el oficialismo tampoco se toma en serio la presentación de los proyectos y lo considera solo como “una apurada”. Pero, por otro lado, los libertarios afirman que “no puede seguir existiendo una Corte de tres miembros” y que prefieren discutir “una ampliación antes que funcione con conjueces”. Esta modalidad se produce actualmente por la vacancia de los dos puestos que aún no pudieron ser designados. En caso de no existir mayoría necesaria de tres votos en los fallos, esto se garantiza con la designación por sorteo de diferentes jueces federales que están habilitados a participar de esta instancia. Entonces, el Gobierno considera la urgencia de nombrar jueces, pero no puede hacerlo sobre la base de cinco miembros, porque eso implicaría ceder uno de esos pliegos al peronismo kirchnerista para que prospere en las votaciones del Senado. “Nosotros escuchamos desde el inicio de las negociaciones por la Corte que todos los partidos querían ampliar la composición. La que tenemos hoy es evidentemente chica, la más chica de Latinoamérica”, reconocen en el oficialismo. Este miércoles se iban a informar en comisiones las propuestas para elevar el número de ministros a siete, nueve o quince integrantes. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio ¿Qué números satisfacen al oficialismo? Ven con buenos ojos que la Corte pase a tener 7 o 9 integrantes, aunque aún no están hechas las estimaciones de cuáles son las mejores para destrabar la futura discusión de los pliegos. “Cualquiera de esas dos podría dar ser más representativa de la sociedad y por qué no de los partidos”, afirmaron a este medio. No está en carpeta que el número de una futura ampliación sea más de nueve, porque aquello podría hacer que los expedientes que tramite la Corte se traten con una lentitud mayor, ya que depende de la coordinación de muchas manos. “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros y no tanto de si son muchos o pocos miembros”, opina un operador libertario. Tampoco, bajo ningún aspecto, se considera la opción de dividir a las funciones de la Corte por salas, porque aquello es directamente inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se meterá en las discusiones políticas que se puedan dar sobre su composición. Una fuente judicial que conoce al dedillo ese paño opina que “los ministros no van a estar ni a favor ni en contra de la ampliación y no van a incidir en esas discusiones”. Son difusas las intenciones que hay en el Gobierno al respecto de qué hacer con la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre la que también se debate su composición en ambas cámaras. Hasta entonces, los libertarios han promovido que se mantenga el número de siete integrantes, pero no habilitan las negociaciones para los nombramientos de las seis vacantes que hay actualmente: tres representantes de la Cámara de Diputados y los tres del Senado, quedando solo su titular, el peronista porteño Juan Manuel Olmos. Mariano Cúneo Libarona, Sebastián Amerio y los jueces de Comodoro Py en capacitación sobre el nuevo Sistema Acusatorio Hasta tanto, el próximo desafío para la cartera judicial está en la implementación del Sistema Acusatorio en Comodoro Py, el ámbito más influyente de la justicia federal, a partir del 11 de agosto próximo. Ayer por la tarde hubo una importante capacitación al respecto con todos los secretarios, jueces y camaristas de la justicia federal de CABA, incluido el juez Lijo, quien hasta hace dos meses todavía aparecía como juez de la Corte designado por decreto. En ese marco, se conoció que el Ministerio de Justicia solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, información detallada sobre la dotación actual de Comodoro Py para reasignarlo para el sistema acusatorio. Se trata de una medida que busca reparar un reclamo de años de parte de las fiscalías, que tienen una diferencia de personal de 1 a 5 con los juzgados y que con el nuevo sistema tendrán a su cargo las investigaciones.
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