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Parana » Inventario22
Fecha: 28/05/2025 09:44
El estudio documenta que, desde la asunción del nuevo gobierno, se produjo un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva bajo el argumento de una supuesta “eficiencia” en el gasto público. Esta estrategia se traduce en la paralización y el desfinanciamiento de programas esenciales, y, en consecuencia, debilita gravemente el rol del Estado como garante de derechos. Como resultado, no solo se han profundizado los obstáculos preexistentes, sino que también han surgido nuevas barreras que ponen en riesgo la vida, la salud y la autonomía de mujeres y personas gestantes. Entre los datos más alarmantes, la organización registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso al aborto, en comparación con 2023, a través de su formulario de atención y denuncias. “Lo que estamos viendo es un retroceso deliberado en políticas públicas que costaron años de lucha. No se trata solo de recortes: se está erosionando al Estado desde adentro, debilitando su capacidad para garantizar derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva. Con estas medidas se busca reinstalar un modelo que relega a mujeres al rol reproductivo y de cuidado. Sin embargo, esta regresión no es exclusiva de Argentina es parte de una tendencia global que busca socavar los avances en derechos conquistados por los movimientos feministas en todo el mundo, como está ocurriendo bajo el gobierno de Trump o en Hungría”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. El incremento de denuncias ante barreras en el acceso al aborto también da cuenta de una creciente conciencia y organización por parte las mujeres y personas gestantes que toman acción no solo para ejercer sus derechos, sino también para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares de vulneración de derechos. En este escenario, las redes de acompañamiento y el activismo se consolidan como una herramienta vital para garantizar el acceso al aborto en contextos de retroceso institucional. La disponibilidad de insumos, condición necesaria para el acceso a derechos Una de las expresiones más evidentes de la erosión interna del rol del Estado como garante de derechos es la interrupción total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE. Durante 2024, el Estado nacional no distribuyó insumos a las provincias. Al mismo tiempo, la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo cayó un 81 % entre 2023 y 2024, a pesar de ser esenciales para que las mujeres puedan decidir si tener hijos o no, cuándo y cuántos. Este retroceso afecta gravemente el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en todo el país y profundiza las desigualdades territoriales, haciendo que el acceso a derechos fundamentales dependa del lugar de residencia de la persona. Entre los numerosos testimonios que recibió la organización que evidencian el impacto de dicho desabastecimiento se encuentra el caso de “María” de Misiones que, cursando seis semanas de embarazo, decidió interrumpirlo. María tiene cuatros hijos y un salario de un empleo no registrado. Cuando quiso acceder a un aborto, le dijeron que no podían garantizar el procedimiento por falta de insumos, debido a la interrupción intempestiva del suministro desde Nación y que tenía que comprar la medicación por su cuenta. “Yo en ese momento no tenía 100.000 pesos (unos 73 dólares, al tipo de cambio paralelo de julio). Mi marido se había quedado sin empleo registrado, por eso, concurrí al hospital público para acceder gratis. Cuando pregunté si tenían el medicamento, me respondieron: no, no tenemos. Yo me largué a llorar, volviendo a mi casa me agarró una desesperación porque mi marido se fue lejos a trabajar, me quedé sola. Es como que la puerta se me cerró en todos lados. Y yo llegué a mi casa llorando con mi bebita en brazos”, contó María a la organización. La provisión nacional de estos insumos no es opcional: es una función indelegable del rol de rectoría sanitaria del Estado Nacional. Un sistema de salud con personal capacitado, pero sin insumos no puede garantizar derechos. Si bien las provincias deben reforzar y adaptar la atención en sus territorios, es el Estado Nacional quien debe asegurar el piso mínimo de equidad y acceso en todo el país. La falta de información sobre el derecho al aborto, la barrera más identificada El informe revela que el 33,67% de las personas que se contactaron con la organización señalaron no saber cómo y dónde acceder al aborto legal, evidenciando una profunda barrera en el acceso a información necesaria para el ejercicio de derechos. A nivel nacional, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud es una herramienta clave para el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos. Incluso en muchas provincias, es el único canal oficial disponible. Sin embargo, la ausencia de campañas públicas que promuevan su existencia y uso limita su alcance: el 80% de quienes se contactaron con Amnistía Internacional manifestaron no haberse comunicado previamente con la línea o directamente no haber sido atendidas. “Encontré una publicación con la línea de teléfono 0800 y me animé a llamar, pero las veces que intenté comunicarme nadie contestaba. (...) Seguí buscando por internet y ahí fue que llegué a ustedes y completé el formulario”, relata Carla, quien reside en la provincia de Buenos Aires a la organización. Frente a este panorama, algunas provincias han implementado buenas prácticas, como líneas de atención provinciales, difusión activa de centros de salud que garantizan el acceso a la práctica o la publicación de mapas georreferenciados. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo aisladas. Garantizar el acceso a información clara, precisa y oportuna es una obligación estatal. Sin información, muchas pueden desistir o retrasar la búsqueda de atención, con consecuencias graves para su salud. A casi cuatro años de la sanción de la ley los avances en salud pública son innegables: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, contribuyendo a la reducción de las muertes por aborto. No obstante, los casos relevados en el informe exponen retrocesos preocupantes que deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales para proteger la salud y los derechos reproductivos de todas las personas en Argentina. Recomendaciones Amnistía Internacional insta al Estado argentino a garantizar presupuesto suficiente y sostenido para la provisión de insumos esenciales vinculados al acceso al aborto y la planificación familiar, y a asegurar su distribución equitativa en todas las jurisdicciones del país. Asimismo, reclama la implementación de campañas públicas de información y el fortalecimiento de la línea nacional 0800 de salud sexual. Finalmente, insta al gobierno a capacitar de forma obligatoria y continua al personal de salud en sus obligaciones legales, erradicar prácticas coercitivas y rendir cuentas periódicamente con datos actualizados sobre la aplicación de la Ley 27.610.
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