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Victoria » Diario Victoria
Fecha: 28/05/2025 03:55
El femicidio de Soledad Andino puso bajo un intenso escrutinio la actuación de la fiscalía de Victoria, generando un debate público sobre las percepciones y desafíos que rodean a este tipo de procedimiento tan sensible. “No todo está en nuestras manos”, afirmaron los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Según se informó a AHORA, en la Ciudad de las Siete Colinas, los fiscales Eduardo Guaita y Flavia Villanueva realizaron una conferencia de prensa para explicar la actuación del Ministerio Público Fiscal en los casos de género, en especial sobre el caso de Soledad Andino, asesinada el martes 13 de abril. Además, en la conferencia reproducida por LT 39 Radio Victoria, se escucha a los funcionarios hablar de carencia de personal y falta de recursos. Villanueva fue la fiscal que llevó adelante el proceso abreviado por delitos cometidos en un contexto de violencia de género que terminó con la condena condicional a dos años y seis meses de prisión condicional contra Diego Albornoz, quien a los pocos días terminó asesinando a Soledad Andino. La fiscal, esposa del juez de Garantías de Victoria José Alejandro Calleja, reconoció que existen “voces encontradas” sobre su persona y la actuación de la fiscalía en casos de violencia de género. Esta situación escaló con la realización de una asamblea pública en Victoria donde se manifestaron estos cuestionamientos. La percepción pública a menudo interpreta el juicio abreviado como un “premio al imputado”, lo que lleva a preguntar por qué estos casos no llegan a juicio oral. La propia fiscalía siente que el área de violencia de género “está más cuestionada” en general. Frente a esto, Villanueva explicó que el juicio abreviado es un “procedimiento especial que está contemplado en el Código Procesal de la Provincia de Entre Ríos”. No es un acuerdo entre víctima e imputado, sino entre la defensa y la fiscalía, donde el imputado debe “reconocer el hecho que se le impute” y “reconocer la prueba”. Subrayó que no es una probation o tareas comunitarias, sino una condena que puede ser condicional o, en delitos graves, de “pena efectiva” de años de cumplimiento, citando ejemplos de penas de 12 o 13 años. La decisión de optar por un juicio abreviado, como en el caso de Soledad Andino (donde la pena fue de ejecución condicional debido a que los delitos imputados lo permitían), se justifica desde la fiscalía en varios desafíos que enfrentan. Villanueva afirmó que hay sobrecarga de trabajo y falta de recursos. “Es imposible llevar a juicio la cantidad de causas que tramitamos”. En ese sentido, Guaita ejemplificó que en Victoria, solo la fiscal Villanueva y una empleada se encargan de los casos de violencia de género, sin contar con un equipo técnico propio (psicólogos, psiquiatras), debiendo recurrir a equipos externos que generan demoras. La situación es “bastante compleja” y se necesitan “más recursos humanos”, ya que no tienen personal para cubrir Mesa de Entrada. Ambos fiscales hicieron hincapié en las “carencias” de recursos humanos y técnicos en la Fiscalía de Victoria. Villanueva señaló que la fiscalía, “a pesar de tramitar los casos más graves de violencia de género, no consta de un equipo de psicólogo, psiquiatra, digamos; no tenemos esos recursos”. Tienen que recurrir a un equipo técnico interdisciplinario del juzgado de familia, que les fija turnos y cuyos informes, aunque dan un perfil de la persona, aclaran que la personalidad por sí sola no es indicativa de que vaya a cometer un delito. La carga de trabajo es muy alta, dijeron los fiscales. Además de género y delitos sexuales, la fiscalía tramita delitos de robos, hurtos, estafas y narcomenudeo, cuyas causas son complejas y demandan mucho tiempo. La ley establece un marco “muy acotado” para la prisión preventiva, que se fija por plazos y solo procede por posibilidad de entorpecimiento del proceso o fuga, no para evitar la comisión de nuevos delitos. Esto limita la capacidad de mantener a imputados graves privados de libertad mientras se espera un juicio oral prolongado, incluso en casos con condenas iniciales por juicio por jurados. El juicio abreviado ofrece la “certeza de tener una condena” sin la incertidumbre y demora de un juicio oral. Además, al imponer reglas de conducta y permitir la revocación rápida en caso de incumplimiento de una persona ya condenada, se considera una forma de “neutralizar los peligros” en un contexto de “mucha violencia en Victoria”. Para llegar a un acuerdo de juicio abreviado, la defensa también participa. Si los delitos permiten una pena condicional, el abogado defensor no acordará una pena efectiva, especialmente si el imputado no tiene antecedentes penales. La fiscal Villanueva también aborda el impacto personal y social de estas presiones. Describe el momento tras el femicidio de Soledad Andino como “muy difícil”, sintiéndose “muy angustiada”, en “crisis”, y replanteándose “todo”. La afectación personal y psíquica fue “mucha”, sintiéndose “muy apenada” y “destrozada”. A pesar de esto, priorizó dar explicaciones a la familia de la víctima y continuó trabajando. La interacción con la familia de Soledad Andino, aunque con cuestionamientos, fue descrita como “en buenos términos” y “muy comprensiva”, dispuesta a escuchar y no solo a criticar. En cuanto a la actuación en el caso de Soledad Andino específicamente, la fiscalía describe las primeras medidas tomadas en el lugar del hecho y el estado actual de la investigación, que sigue en trámite y donde el imputado, Diego Albornoz, se encuentra grave y sedado en terapia intensiva, sin estar en condiciones de declarar. Se aclaró que, a diferencia de lo que se dijo públicamente, Villanueva no tuvo intervención en el caso de Soledad Almada ni antecedentes previos en el de Berenice. Respecto a las críticas sobre que su cargo no fue obtenido por concurso, Villanueva explicó que los concursos para fiscales auxiliares se realizaron y quedaron pendientes de resolución por un recurso ante la Corte Suprema, por lo que su designación no es ilegal. También se menciona la dinámica de los juzgados en Victoria, un fuero “chico” donde las excusaciones de jueces son habituales. En ese sentido, dijo que en este caso actuó Luis Márquez Chada, juez del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, porque el juez de Garantías Callejas debió excusarse por ser su pareja. Finalmente, los fiscales se refirieron a la percepción pública de su responsabilidad: “Se nos hace responsables de muchas cosas. La gente como que entiende que nosotros somos los responsables de evitar que todo suceda y no siempre podemos evitar que todo suceda”. Aseguraron que hacen mucho esfuerzo, pero “no todo está en nuestras manos” y que con mejores herramientas podrían mejorar su trabajo. Informaron que actualmente hay 280 medidas vigentes en Victoria (exclusiones, botones antipánico), una cifra considerable que, con el personal policial disponible, hace “prácticamente imposible poder neutralizar todas las posibilidades de nuevas conflictividades”.
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