28/05/2025 19:40
28/05/2025 19:40
28/05/2025 19:39
28/05/2025 19:39
28/05/2025 19:39
28/05/2025 19:39
28/05/2025 19:38
28/05/2025 19:38
28/05/2025 19:38
28/05/2025 19:36
Colon » El Entre Rios
Fecha: 27/05/2025 16:30
El expresidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) puso en dudas la existencia de investigaciones penales sobre su gestión al frente del organismo. “A ver, denuncias penales no hay a raíz de la supuesta auditoría, que nadie conoce, nadie sabe dónde está. Es una supuesta auditoría sobre la que hicieron un informe y elevaron al Tribunal de Cuentas respecto al tema de prótesis. El Tribunal de Cuentas saca una resolución diciendo que con los elementos que cuenta no observa ningún tipo de delito, pero a raíz de la solicitud que hace la Fiscal del Tribunal de Cuentas se eleva al Ministerio Público Fiscal para que realice una investigación si es que se cometió algún ilícito. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público Fiscal? Le envía un oficio al Iosper y le dice: ´Usted lo que me presentó acá no tiene ninguna prueba, si usted tiene una auditoría hecha, por favor mándemela porque no tengo nada para investigar ahora´. Esto es lo que dicen los papeles, lo que dice el Gobierno en los medios es otra cosa”, señaló Cañete.“No debemos olvidar que cuando estaban en campaña el propio hoy Gobernador, en ese momento candidato Frigerio, dijo que el Iosper debía ser conducido por un CEO (Gerente o gerenciador). Nosotros estuvimos reunidos todo ese tiempo con él en un par de veces, donde nos garantizó a nosotros que de ninguna manera iba a producir una intervención. Asume en el año 2023 y nosotros tuvimos otra reunión con él, y nos propusimos la viabilidad de trabajar de manera conjunta, pero ocurrieron hechos que son muy difíciles de predecirlos, como la megadevaluación que pasó en diciembre del 2023 y el desquicio económico de la economía Argentina en el 2024, y a partir de allí comenzaron a suceder situaciones que uno no podía controlar, por ejemplo, el aumento excesivo de medicamentos que nos puso en un escenario muy complejo, donde de un 32% que nosotros teníamos en el 2023 y que utilizábamos para medicamentos, en el 2024 necesitábamos el 65% para dichas compras”, describió.Respecto de la investigación que hubo sobre el último directorio obrero en Iosper, Cañete habló del trabajo de la Comisión Fiscalizadora, designada por el Poder Ejecutivo.“Teóricamente esta Comisión Fiscalizadora hace un informe al Gobernador diciendo que hay serias irregularidades, y a raíz de ese informe es que sale el decreto de intervención. Dice, por ejemplo, que nosotros no contestábamos los oficios del Tribunal de Cuentas y yo tengo acá delante mío, que solamente debía para contestarle al Tribunal de Cuentas el expediente 328951 y el expediente 327882, nada más que eso”, sostuvo Cañete.Y agregó: “Con fecha 29 de enero de 2024 la Comisión Fiscalizadora presenta una nota solicitando conocer la situación financiera del Iosper. ¿Quiénes son los prestadores de servicio? ¿Quiénes son los proveedores en general? ¿Cómo está integrado el recurso humano y la estructura edilicia? Y el 30 de enero del 2024 se contestó a la Comisión Fiscalizadora con todo lo solicitado”.“En definitiva el decreto de la intervención que habla de serias irregularidades es absolutamente mentira, porque miente, miente, miente, que algo quedará y es lo que está ocurriendo acá”, refutó el extitular de Iosper.Luego, señaló que en uno de los puntos, “hablaban de los amparos, de las tensiones con prestadores, nos criticaron a nosotros por el tema de los amparos. Nosotros en el año 2024 tuvimos 1.508 amparos, en los primeros 5 meses de la intervención llevan 1.572 amparos. A nosotros nos critican, resulta que ellos llevan mucho más que nosotros, lo que a nosotros nos costó 1 año, ellos lo están llevando en 5 meses”.“Otro de los reproches era los convenios irregulares que teóricamente existían. Les digo una cosa: no puede haber un solo contrato funcionando en el Iosper si no tenía la autorización de la Comisión Fiscalizadora. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la ley actual todavía dice que es vinculante la opinión de la Comisión Fiscalizadora. Quiere decir que si la Comisión Fiscalizadora se oponía, nosotros no podíamos seguir adelante, ¿se entiende? Todos los convenios que teníamos nosotros estaban auditados y autorizados por la Comisión Fiscalizadora”, indicó.Respecto del convenio de cobertura de prótesis, Cañete aseguró: “Hablaron del tema de prótesis. Hasta cuando estuvimos nosotros entregamos 3.841 prótesis. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que nosotros hemos pagado prótesis que no fueron colocadas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? No puede haber una prótesis abonada si no fue colocada. ¿Y le explico por qué? Porque para pagar una prótesis tiene que haber protocolo quirúrgico y certificado de implante. Si Juan Pérez solicita una cirugía con una prótesis, Juan Pérez tiene que tener la cirugía protocolo quirúrgico y tiene que tener certificado implante, que es lo que habilita a que se colocó la prótesis. Entonces, es imposible que nosotros en todo el proceso administrativo abonemos una prótesis que no está colocada. Dicen que abonamos sobreprecio teníamos un valor capitado es imposible”.
Ver noticia original