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» SL24
Fecha: 27/05/2025 15:00
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp La protesta fue convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y se concentró frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, epicentro del poder agroexportador de la región. Allí, trabajadores y dirigentes gremiales denunciaron que las reformas impulsadas desde Nación buscan desmantelar la Marina Mercante nacional, abrir las aguas a banderas extranjeras y licuar derechos laborales históricos. “No estamos reclamando, estamos enfrentando el peor atropello a la democracia, a la soberanía y a los derechos laborales”, expresó el Capitán Néstor Larrosa, delegado rosarino del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, en declaraciones reproducidas por 11Noticias. Contra el FMI y la desregulación: “Quieren eliminar la herramienta de lucha” Los discursos fueron duros y sin rodeos. Larrosa advirtió que el Ejecutivo busca “cumplir con las condiciones impuestas por el FMI en el último préstamo otorgado” y que eso implica “limitar el derecho de huelga, licuar a los sindicatos y eliminar la herramienta de lucha de los trabajadores”. Los gremios denuncian una ofensiva múltiple: desde el decreto 340/2025 que desregula el transporte por agua, hasta la resolución que golpea a las obras sociales del sector. Además, alertan sobre el peligro de abrir las aguas argentinas al ingreso de buques de bandera extranjera, lo que generaría pérdida de empleo local y desplazamiento de flotas nacionales. “La soberanía no se negocia”: alerta en todo el litoral La movilización en Rosario se suma a otras protestas replicadas en Zárate, San Nicolás, Campana y el Cordón Industrial, donde los puertos operaron a mínima capacidad por el paro de 24 horas. Mirá también Empresarios denuncian que el paro de los puertos es político y viola el decreto de desregulación “La soberanía no se negocia, se defiende en el río y en los puertos”, sostienen los gremios, que mantienen el estado de alerta y no descartan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no modifica el rumbo. Mientras tanto, las cámaras empresarias —como la de Puertos Privados— presionan para que se garantice la operatoria mínima, tal como lo establece el decreto. El conflicto es total. Y la hidrovía, otra vez, el escenario de una disputa clave entre trabajadores, empresarios y Estado.
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