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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/05/2025 05:26
Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia Desde hace varios días, la prestación del servicio de justicia se ha visto severamente afectada, como resultado del reclamo de mejoras salariales que vienen llevando a cabo los empleados judiciales. Si bien la noticia ha tomado estado público, no deja de llamarnos la atención, la módica repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, en la sociedad y en las autoridades. Cuál es la causa de semejante silencio, es difícil de saberla con precisión. Como sucede habitualmente, puede ser por un conjunto de diversos motivos. Hablando con algunos colegas, nos decían que tal vez se deba a que, como consecuencia de la digitalización de los trámites judiciales, los abogados no caminamos como antes los pasillos de tribunales lo que evita que sea más visible la limitada actividad que vienen desarrollando las dependencias judiciales. Otro achacaba la falta de difusión y preocupación a la apatía general que ha ido in crescendo en los últimos años debido a la continua conflictividad en que vivimos, es como que la gente dice “es un paro más…” nos decía. Frente a tal percepción, pasa como uno más dentro de muchos previos. Un tercer colega con cierto humor, pero con algo de realismo expresaba que la gente (sobre todo algunos poderosos) se sienten más tranquilos cuando los tribunales no funcionan “como pasa durante la feria de enero, que muchos respiran aliviados al menos por unos días”. No lo es tanto, para quien depende en exclusiva del litigar a fin de procurarse sus ingresos. Lo cierto es que más allá de las causas que provocan el conflicto, nos preocupa sobremanera no solo lo que está sucediendo sino, sobre todo, la falta de reacción, fundamentalmente de quienes tienen en sus manos la posibilidad de solucionarlo. Es que el “parate” del servicio de justicia se viene sintiendo fuerte. Tal vez como pocas veces hemos vivido. Cualquiera que recorre los tribunales se encuentra con carteles que advierten que la actividad esta resentida por reclamos salariales. En una fiscalía, por ejemplo, nos dijeron que trabajan dos o tres días a la semana, y que solo atienden las causas con presos por ser las más urgentes, ¿y las demás causas? ¡a esperar que se resuelva el conflicto! La situación es realmente complicada; más aún porque, según lo conocido públicamente -y pudimos saber por nuestra cuenta- hay una gran intransigencia de ambas partes que hace que nadie quiera ceder algo de sus posiciones. Según pudimos saber, uno de los problemas es la decisión de las autoridades judiciales de no conversar con los empleados autoconvocados, que comprende un gran grupo de agentes que sin estar afiliados al gremio han decidido organizarse por fuera de este y realizar el reclamo por las condiciones laborales. Esto no cae bien entre algunas autoridades judiciales quienes no le reconocen legalidad para actuar, lo que multiplica la “bronca” de muchos de los empleados. Al gremio tampoco le gusta la participación de estos porque claramente debilita su poder. Se trata, en definitiva, de una muestra más, a nivel local, de la deslegitimación de las organizaciones sindicales o colegiales, tal vez un signo de los tiempos, que no solo se palpa en tribunales: no pocos colegas piensan igual respecto del colegio de abogados. En este caso, ya en la pandemia del COVID-19 se evidenció un divorcio entre las autoridades colegiales y los colegas que no se ha cerrado a la fecha. Independientemente de estas cuestiones, y yendo a la anatomía del conflicto, es necesario que se recuperen los canales de diálogo y que las partes se puedan sentar en una mesa a conversar (vale decir que hubo una convocatoria a tal fin de parte del ministerio de trabajo de la provincia) para encontrar una solución. Para ello, seguramente sea necesario que se reconozca que los tiempos han cambiado y que sindicalizados o no, todos los empleados son trabajadores con los mismos derechos. Y que independientemente de cómo se constituya, si la estructura tiene una representación válida por detrás, aun solo fáctica, resulta un interlocutor que puede aportar a dar salida al diferendo. Resolver el conflicto no solo repercutirá en una mejora para los bolsillos de los judiciales, sino también permitirá normalizar el servicio de justicia -que sin dudas es un servicio esencial-. No se debe olvidar que son muchas las personas que están esperando porque se protejan, restauren o reconozcan sus derechos en los expedientes electrónicos que poco y nada avanzan por la medida. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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