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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/05/2025 00:24
El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera Instancia Nº2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó por extorsión a un referente de la agrupación política Libres del Sur de esa ciudad del norte bonaerense. Según la acusación, Néstor Frangolini les exigía un porcentaje de lo que cobraban a 26 beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo y los obligaba a participar de marchas y acciones del espacio que representaba. La causa se inició en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Luego, por razones de jurisdicción, intervino el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, Matías Di Lello. Villafuerte Ruzo avaló la incriminación que formuló el Ministerio Público Fiscal (MPF) en base a diversas evidencias. Sostuvo que, ejerciendo su rol dentro de la organización, Néstor Roque Frangolini solicitó indebidamente dinero en carácter de colaboración, contribución o aporte a los beneficiarios de planes sociales, bajo amenazas de suspender o dar de baja en caso de no entregarlo o no asistir a las marchas y movilizaciones. Indicó que recibió el dinero en una cuenta bancaria personal y en mano durante las reuniones que convocaba la organización. Nota periodística El sumario sobre la conducta de Frangolini comenzó a partir de la denuncia tramitada por Marijuan ante los hechos expuestos en una nota periodística publicada en el diario Clarín, el 30 de enero de 2024. Allí se relataban irregularidades en la gestión del Programa Potenciar Trabajo en San Nicolás que involucraba al dirigente del Movimiento Libres del Sur. El periodista Tomás Díaz Cueto difundió en redes sociales conversaciones tomadas de la aplicación WhatsApp de donde surgió que Frangolini cobró porcentajes del monto de la prestación y amenazó a los beneficiarios con darle de baja si no iban a las “manifestaciones sociales” que convocaba. Una vez formalizada la denuncia, el Juzgado federal delegó la instrucción del sumario al MPF de San Nicolás que, entre otras medidas, dispuso tomar declaración testimonial a Díaz Cueto, quien confirmó que ya había denunciado los hechos. Esa causa se individualizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fue iniciada el 28 de enero de 2024, por la presunta coacción y/o extorsión a los beneficiarios de planes. En ese primer tramo de la pesquisa, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la CABA hizo averiguaciones sobre el listado de integrantes de la “Asociación Civil Un Futuro para Todos” (unidad de gestión del Programa Potenciar Trabajo vinculada a Libres del Sur). Surgió que 26 personas transfirieron dinero de manera periódica a la cuenta bancaria de Frangolini. Sus nombres coincidían con los que aparecían en las listas de mensajes intimidatorios denunciados como enviados por el dirigente. Como existían dos pesquisas sobre los mismos hechos, el MPF solicitó al magistrado de la CABA que se inhibiera y remitiera las actuaciones al juzgado de San Nicolás, donde se unificaron. La investigación acumuló múltiples evidencias que, para la Fiscalía, confirmaron los delitos. Principalmente, se trata de mensajes telefónicos que intercambiaban los beneficiarios damnificados con el dirigente. Algunos mensajes que enviaba Frangolini son demostrativos de los hechos: “Buen día, hasta las 16 estamos recibiendo aportes. Personas que no aportaron en noviembre”, dice un texto, que después advierte: “Vamos a proceder a las bajas así no le causa gracia a nadie”. En otro mensaje, el encartado indicó: “Esto es para todos los que no quieran hacer campaña, los que no aportan y los que no marchan y colaboran con la organización, directamente a partir de hoy los doy de baja estoy cansado de renegar, si no le interesa la organización váyanse, no reniego más”. Del análisis de los resúmenes de cuenta proporcionados por una entidad bancaria, se confirmó que Frangolini recibía periódicamente un gran número de transferencias de diferentes personas, que oscilaban entre los $1.000 y $34.000 pesos. En enero de 2024, recibió 110 transferencias, acumuló un saldo a favor de 1.100.000 pesos y realizó una extracción en efectivo por caja de un monto similar. El MPF consideró acreditado el grado de sospecha sobre la participación de Frangolini y solicitó su indagatoria, acto que se formalizó el 11 de febrero pasado, instancia donde le imputó el delito de extorsión por cobrar indebidamente al menos a 26 titulares del programa Potenciar Trabajo un porcentaje de la prestación “a cambio de gestionarles el acceso y permanencia”, entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024. La suma total que percibió fue de $721.705. Al hacer su descargo, el dirigente entregó una planilla donde identificaba a las 26 personas nombradas que adherían a la organización Libres del Sur. Especificó que la organización se financia con aportes “solidarios y voluntarios”, que nunca extorsionó a nadie y que cada persona que integra o integró el grupo firmó el compromiso convencida de que esa era su intención. Expuso además que hubo “una intencionalidad política” en la denuncia en su contra. El juez Villafuerte Ruzo resolvió finalmente procesarlo, al entender que “vulneró la libertad de las 26 personas”. “Se vislumbra la finalidad patrimonial perseguida, así como también la incidencia ejercida por sus amenazas en el comportamiento de los beneficiarios de los planes que, ante las extorsiones manifiestas, tenían temor de perder el ingreso con el que sustentaban su hogar”, estableció el sentenciante. “Ante el miedo a la pérdida de este ingreso social, los afectados realizaron transferencias bancarias y entregaron dinero en mano en reuniones al imputado. Ambas acciones son determinadas coactivamente a las víctimas por Frangolini”, explicó, además. Sobre el destino que le dio al dinero, Villafuerte Ruzo concluyó que no es posible afirmar que fue destinado a comedores, merenderos o mejoras en viviendas, porque que la documental aportada por el imputado y sus dichos no alcanzan para acreditarlo. “En el hipotético caso de haberlo destinado a esos fines, la conducta igualmente resulta antijurídica”, postuló.
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