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Parana » Radio La Voz
Fecha: 25/05/2025 19:41
En ciertos territorios, la Justicia no es ciega. Es obediente. Y en la ciudad donde Laura Stratta consolidó su poder político, esa obediencia se ha vuelto doctrina. Porque allí no hay imparcialidad: hay doble vara judicial, diseñada para proteger a los suyos y castigar a quienes se atrevieron a no someterse. De opositora combativa a jefa del aparato Stratta nació políticamente en la vereda opuesta. En 2007, como integrante de La 100, encabezaba una de las campañas más duras contra el entonces gobernador Sergio Urribarri. Desde su rol de comunicadora, diseñaba y difundía piezas gráficas denunciando corrupción, clientelismo y desmanejo estatal. Sin embargo, el giro fue absoluto: en 2011 fue electa diputada provincial y en 2015 se convirtió en ministra de Desarrollo Social de Gustavo Bordet, convertida ya en pieza clave del esquema que antes combatía. Desde allí, tejió una red de poder que no solo ocupó espacios políticos, sino también institucionales y judiciales. No fue una designación aislada: fue una verdadera colonización del Estado. Su hermano fue vicepresidente del Instituto del Seguro y hoy es presidente de la Caja de Jubilaciones local. Su madre, senadora suplente. Su amiga íntima Ana Valencia, primero asesora letrada, ahora seria promovida como defensora oficial por un acuerdo con Benítez. Y Gonzalo García Garro, su operador judicial, hoy integra el Jurado de Enjuiciamiento. Todo cuidadosamente armado. El operativo: bajar a Garcilazo En 2015, Rubén Darío Garcilazo —entonces intendente peronista con gestión ordenada y respaldo social— buscaba la reelección. Pero Stratta quería ser intendenta. No estaba dispuesta a esperar. Fue entonces cuando, oportunamente, el fiscal Gamal Taleb le inició una causa penal por supuestos dichos de un opositor. Una denuncia menor, sin sustancia, pero funcional para instalar una campaña mediática de desprestigio que terminó desplazándolo de la candidatura. A la distancia, los hechos hablan solos: Garcilazo no salió de la intendencia con fortuna, sino con una causa penal que arrastra hace diez años. Vive con su madre, trabaja, y jamás se le pudo comprobar enriquecimiento alguno. En cambio, quienes manejaron millones en subsidios, frazadas o créditos truchos jamás fueron citados. La ciudad del silencio judicial Durante estos años, Victoria ha sido una ciudad profundamente afectada por la violencia de género. Mujeres abusadas, golpeadas y, en algunos casos, asesinadas. Pero los conflictos internos de la Justicia local —entre fiscales, jueces y camarillas políticas— han impedido que exista siquiera un juez penal fijo que actúe en estas causas. Mientras tanto, Stratta jamás se inmutó. Aunque utilizó la bandera del género para proyectarse como legisladora y consolidar su imagen política, nunca impulsó reformas reales ni denunció la parálisis judicial en su propia ciudad. No movió un dedo. No pidió informes al procurador. No exigió respuestas. Su compromiso con la equidad de género se quedó en los actos, los carteles y los discursos. En la realidad de Victoria, las mujeres siguen solas. Una familia estatal Hoy, Stratta encarna una verdadera familia estatal. Todos colocados. Todos protegidos. Todos blindados. Sin antecedentes en la actividad privada, su nivel de vida es más elevado que el de cualquier funcionario común, pero nadie pregunta, nadie controla, nadie denuncia. Porque el poder que construyó también abarca los silencios. Mientras tanto, Garcilazo —el que no obedeció— sigue en la parrilla judicial, acusado por gastos de $5.000 con tarjeta, todos rendidos. El que trabajó, el que se fue del Estado y no volvió millonario, el que representa lo que el aparato no tolera: dignidad, autonomía, y memoria. La próxima semana, en La Caldera, vamos a mostrar cómo se construyó el entramado judicial en Victoria, quiénes son sus verdaderos operadores, y de qué manera se utilizaron los cargos y las causas para proteger a unos pocos y castigar a quienes no se alineaban. Una por una, las causas que siguen generando preguntas: los subsidios entregados a personas fallecidas, los créditos otorgados sin control, y hasta la famosa frazada. Todo con un denominador común: la cobertura política del poder, la manipulación judicial y la proyección electoral de Guillermo Michel, el candidato de esta estructura para el Senado.
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