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Concordia » Diario Junio
Fecha: 25/05/2025 18:42
El letrado cuestionó la legalidad y transparencia de la medida, y solicitó detalles tanto sobre el procedimiento general como sobre un decreto específico —el Decreto 819/25, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio el 9 de abril— que autoriza este acuerdo con Claudio Omar Abaca, domiciliado en Claypole, provincia de Buenos Aires. Según el decreto, Abaca fue contratado por un año para realizar un seguimiento detallado de la agenda del ministro, que incluye elaborar reportes antes y después de cada actividad, identificar patrones de comportamiento en el entorno y aportar datos para mejorar protocolos de seguridad. Todo ello se encuadra en lo que el Gobierno calificó como “una obra”, aunque el abogado insiste en que no corresponde usar ese término para este tipo de tareas ni justificarlo bajo esa figura legal. Contratación secreta, pero sin fundamentos públicos Lo que más llama la atención del decreto es que se fundamenta en una cláusula legal que habilita contrataciones sin licitación cuando las operaciones “deben mantenerse en secreto” (artículo 27, inciso c, punto 13 de la Ley 5140). Sin embargo, Berta Schroder remarcó que en los considerandos del decreto no aparece ninguna justificación de esa supuesta “secrecía”, ni tampoco existe una situación de peligro que justifique medidas extraordinarias. Además, se preguntó cuál es la necesidad de contratar a una persona externa para realizar esta tarea, cuando el ministro ya tiene bajo su mando a toda la estructura de la Policía de Entre Ríos. Un contrato que contradice los anuncios oficiales Otro punto señalado por el abogado es la contradicción con los anuncios oficiales. En noviembre de 2024, el propio Frigerio había declarado públicamente que a partir de enero de 2025 todos los ingresos a la administración pública provincial serían “por concurso público, transparente y abierto”, y que no habría más “contratos basura” o mal llamados contratos de obra. Sin embargo, en este caso, la contratación se realizó de manera directa, sin concurso y sin que se explicite la razón de urgencia o confidencialidad. Pedido de acceso a la información pública Por estas razones, Berta Schroder presentó un pedido formal de acceso a la información pública, amparado en la nueva Ley Provincial N° 11.191, sancionada en noviembre pasado y publicada en el Boletín Oficial el 10 de marzo de 2025, pese a haber sido vetada parcialmente por el Ejecutivo. En su presentación, el abogado se puso a disposición del Tribunal de Cuentas y remarcó que su reclamo busca ejercer el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades, además de garantizar el control ciudadano sobre el uso de fondos públicos y los mecanismos de contratación estatal. Fuente: Con información de APF digital
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