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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 24/05/2025 08:27
“Pensé que eran $500 mil”, dijo Verónica Acosta quien recibió una millonaria transferencia del Gobierno de San Luis, la usó para compras y regalos familiares, y ahora, enfrenta cargos judiciales. Una mujer llamada Verónica Acosta fue imputada por el delito de defraudación al Estado tras recibir por error $510 millones del Gobierno provincial en su cuenta bancaria, dinero que gastó en apenas 48 horas sin haber sido notificada previamente de la equivocación. Según relató Acosta, en su cuenta esperaba un depósito de $8.000 del padre de su hijo. Al ver el dinero acreditado, pensó que se trataba de $500 mil, y solo después entendió que eran millones: “Fui a hacer compras y ayudé a mi familia”. La mujer realizó 66 transferencias a parientes y usó parte del dinero para adquirir: -Una heladera -Dos televisores (uno para su cuñada) -Una freidora -Un microondas -Cerámicos para su vivienda -Un auto Ford Ka modelo 2014-2015 Según su testimonio, muchos de esos bienes ya fueron devueltos voluntariamente. La Justicia dispuso el allanamiento de su vivienda, incautó los celulares de sus hijos y congeló la cuenta bancaria. Además, otras cinco personas también fueron imputadas y se les exigió una fianza de $30 millones a cada una para evitar la prisión preventiva. El contador del Gobierno de San Luis que ejecutó la transferencia fue quien denunció el error, aunque no está imputado por el momento. Desde la Fiscalía provincial aseguraron que ya se recuperó el 90% del dinero y que el resto se rastrea en billeteras virtuales. “Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, expresó Acosta, quien sigue bajo investigación para determinar si hubo intención delictiva en el uso de los fondos. La causa continúa en curso. Qué dice la defensa Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran «exorbitante e imposible de cumplir». La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. Esto suma un total de 180 millones de pesos. El letrado defensor criticó la desproporcionalidad de esta medida, especialmente aplicada a «gente humilde». También comparó su situación con la de figuras políticas de alto perfil que enfrentan acusaciones graves y están en libertad, sugiriendo que sus defendidos son «perejiles» a los que se les quiere aplicar «todo el peso de la ley». Tanto la imputación, como el monto de la caución han sido apelados por la defensa. Mientras se espera una resolución, las familias afectadas, que incluyen niños pequeños, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, viven con la amenaza de volver a prisión. Verónica Acosta reiteró: «No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro». Fuente: El Once
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