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La Paz » Politica con vos
Fecha: 23/05/2025 23:36
Los órganos penales y de inteligencia provinciales irán sobre las operaciones de sospechosos. «No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente», dijo el ministro de Seguridad. Por Hernán Lascano Maximiliano Pullaro entiende que el plan del gobierno nacional de incentivar el uso de activos no declarados puede servir para estimular la actividad económica, pero también ser aprovechado por organizaciones criminales para disponer más fácilmente de sus ganancias. Y por eso ordenó medidas para bloquear que se beneficien quienes hoy están captados por el sistema penal o por órganos de inteligencia provincial conectados a la criminalidad. La idea rápidamente debatida de que grupos al margen de la ley pueden estar entusiasmados de volcar dinero negro al mercado fue tomada al vuelo por el gobierno provincial. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo que la medida «al poner más laxos algunos controles eleva riesgos de que flujos financieros alienten las actividades criminales» y por eso en Santa Fe «se ponen medidas administrativas para protección inmediata contra el crimen organizado». «No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente», dijo Cococcioni este viernes, en conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Pablo Olivares. Olivares afirmó que Santa Fe está en línea con el propósito de la reactivación económica que busca la Casa Rosada con esta medida. Pero que hay un uno por ciento de sus posibles beneficiarios que las pueden utilizar para financiar actividades criminales y la violencia. El ministro Cococcioni señaló que la provincia está poniendo en funciones un comité creado por el gobernador con un programa de medidas concretas tendiente a bloquear la circulación de activos de estas organizaciones criminales. La definió como un sistema de alerta y contrarrestos administrativos y financieros para limitar el movimiento económico de personas que ya están sindicadas en actividad criminal por la Justicia Penal o los órganos provinciales de inteligencia. «Va a funcionar en la Subsecretaría de inteligencia, de la Dirección provincial de Información Patrimonial, y sus actividades están regidas por la ley de Inteligencia y de protección de datos, que impone un deber de confidencialidad de todos los que participan», dijo. Ministros de Economía y Seguridad de Santa Fe, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni Cococcioni indicó que se dispondrán cruces dinámicos de información para neutralizar o desalentar las actividades criminales. «No se trata de suplantar los controles que hacían los organismos nacionales, ni de instituir nuevos controles en el ámbito bancario, financiero o fiscal, sino de focalizarnos en aquellos sujetos que están vinculados a organizaciones criminales para apuntarles directamente a ellos y tratar de limitar su poderío económico, que es lo que le da la posibilidad de seguir con la violencia», sostuvo. Explicó que el primer paso es recabar información y controlar datos de las operaciones en el ámbito de la provincia para vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales. «Se trata de bloquear accesos y servicios del propio Estado. Una persona que está procesada por narcotráfico, o bajo inteligencia por tener conexión con una organización criminal, no puede inscribir una sociedad comercial, inscribir un inmueble, hacer operaciones en el marco de la administración pública provincial», señaló. Podemos poner patrulleros en las calles, podemos construir cárceles, fortalecer la investigación penal. Pero en la medida que no ataquemos el poderío económico de las organizaciones criminales y del narcotráfico que operan en nuestra provincia esta guerra va a estar siempre incompleta y expuesta a rebrotes El cedazo de la provincia se coloca, dijo el funcionario de Seguridad, «sobre una serie de habilitaciones que el Estado da a los ciudadanos pero que tiene la capacidad de bloquear cuando considere que incrementa un riesgo para la seguridad pública. Esto en el marco de la libertad de los ciudadanos y también del ejercicio de su defensa». «Podemos poner patrulleros en las calles, podemos construir cárceles, fortalecer la investigación penal. Pero en la medida que no ataquemos el poderío económico de las organizaciones criminales y del narcotráfico que operan en nuestra provincia esta guerra va a estar siempre incompleta y expuesta a rebrotes. Vamos a dirigir nuestra acción contra la circulación económica que financia la violencia», dijo Cococcioni. Olivares dijo que la medida de incentivo al uso de activos no declarados «genera determinadas ventajas para la circulación económica que son favorables para el 99 por ciento de la población y es buena para la actividad económica. Pero destacó que también se las da a un uno por ciento conectado al campo ilícito. «Tenemos determinadas incógnitas y nos hacemos nuestros interrogantes. Todos aquellos que querían o podían sacar los dólares del colchón tuvieron un blanqueo generosísimo», sostuvo el ministro de Economía. «Entonces que estas medidas aparezcan para quienes no lo hicieron a través de un blanqueo y que sea a expensas de cerrar los ojos porque se quitan ciertos controles a nosotros nos hacen tener los ojos más abiertos que nunca. Si se le habilita la oportunidad a los que no ingresaron los dólares del colchón en un blanqueo nos imponen esta obligación», completó. Ya en ocasión del blanqueo del año pasado, el gobierno santafesino había hecho saber que entendía la medida pero estaba lejos de celebrarla. «Los que vienen con la plata del blanqueo no son héroes, en Santa Fe les vamos a pasar el escáner», dijo hace un año a LPO. «Los verdaderos héroes son los que cumplen sus obligaciones tributarias», añadía. Santa Fe determinó luego que quienes introdujeran activos por más de 100 mil dólares debían abonar un impuesto del 2% sobre el monto excedente. Ahora, ante la medida de ayer anunciada por Toto Caputo para que la gente escupa sus dólares, el ministro de Seguridad de Santa Fe anunció este viernes que se activarán luces de alarma. «Los sujetos alcanzados por estas medidas son los sindicados por investigaciones penales, por condenas o por detecciones del sistema de inteligencia. No estamos hablando de medidas sancionatorias penales o administrativas, sino de bloquear o posponer, hasta que la persona justifique, un acceso a habilitaciones cuya llave la tiene el Estado», completó Cococcioni. (LPO)
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