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» Elterritorio
Fecha: 23/05/2025 20:00
El titular del Colegio de Abogados, Antonio López Forastier, advirtió sobre la amplitud del decreto presidencial que reconfigura el derecho a huelga en Argentina. "Incluso la educación obligatoria y la actividad gastronómica quedan bajo nuevas restricciones que nunca pasaron por el Congreso", señaló. viernes 23 de mayo de 2025 | 14:00hs. El reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado esta semana por el Poder Ejecutivo, que en principio apunta a regular el funcionamiento de la marina mercante, despertó fuertes críticas en el ámbito jurídico por sus efectos colaterales sobre el derecho constitucional a huelga. Así lo expresó el presidente del Colegio de Abogados, Antonio López Forastier, en una charla en el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, quien analizó en detalle su contenido y sus posibles consecuencias. “El decreto modifica cuestiones que exceden ampliamente el sector marítimo”, advirtió López Forastier. “Amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales y además crea una nueva categoría: las actividades de importancia trascendental. En esa lista están incluidas prácticamente todas: frigoríficos, gastronomía, radio, televisión, educación, etc.”. Según el abogado, esta ampliación tiene implicancias directas sobre el ejercicio del derecho a huelga. “Si una actividad es considerada esencial, durante una huelga se debe garantizar un mínimo del 75% de los servicios. Si es trascendental, un 50%”. Para López Forastier, esto representa una limitación severa: “Se está reglamentando un derecho al punto tal que se impide su ejercicio efectivo”. Además, cuestionó el mecanismo elegido por el Gobierno. “No se puede modificar una ley vigente mediante un decreto. El derecho a huelga ya está regulado por ley, y esa ley ahora es alterada por un DNU, sin debate legislativo. Es jurídicamente discutible que esto sea válido”. También recordó antecedentes similares. “En 2020, el gobierno de Alberto Fernández intentó declarar a internet como servicio público esencial por decreto, para poder regular tarifas. La Justicia lo frenó. Lo mismo pasó con el DNU 70/23 que quiso restringir el derecho de huelga. Todo indica que este nuevo decreto también será judicializado”. Respecto a los alcances de la norma, López Forastier advirtió: “La amplitud es tal que hasta una carnicería podría quedar comprendida. Y también toca sectores cuya regulación corresponde a las provincias, como la educación primaria y secundaria”. A su juicio, la falta de fundamentación es otro punto crítico. “Un decreto que restringe un derecho constitucional necesita una fundamentación sólida, razonada. Este no la tiene. Es tan general que resulta irrazonable. Por eso creo que será impugnado y probablemente suspendido por la Justicia”. Más allá del aspecto técnico, también señaló las consecuencias prácticas. “Por ahora, el DNU está vigente, pero dudo que sea respetado por la actividad sindical. La huelga es un hecho, y si una organización gremial con personería la convoca tras agotar instancias previas, está amparada por la Constitución. Otra cosa es que eso se contradiga con el decreto. Ahí empiezan los conflictos”. “Esto no termina acá”, advirtió. “La conflictividad judicial será muy alta. Hay normas internacionales suscriptas por Argentina, como los tratados con la OIT, que protegen el derecho a huelga. Esta reglamentación va en contra de esos compromisos”. Finalmente, evaluó que el intento del Gobierno podría tener un efecto inverso al deseado. “Se pasó de un extremo a otro. En vez de ordenar el ejercicio del derecho a huelga, se lo restringe casi por completo. Esto va a generar más problemas que soluciones. Seguramente quedará sin efecto, como otros decretos anteriores”.
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