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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 23/05/2025 19:03
La Unión del Personal Civil de la Nación UPCN apeló la resolución del Consejo General de Educación (CGE) que en mayo revocó una disposición de septiembre que había dispuesto la recategorización de empleados de escuelas privadas. En ese marco, UPCN presentó un recurso de apelación jerárquica contra la resolución del CGE que revoca 500 recategorizaciones para auxiliares de educación de escuelas privadas. En el escrito, el sindicato solicitó al gobernador Rogelio Frigerio que ordene “el inmediato cumplimiento de esas recategorizaciones y abone los incrementos salariales correspondientes”. Además, pide que “se investiguen las responsabilidades por una acción que perjudica tanto a los trabajadores como al propio Estado”. “Expresamos nuestro total rechazo a la resolución que revoca a la anterior. Es una absoluta injusticia para todos los auxiliares de escuelas privadas, que no merecen un tratamiento desigual”, sostuvo la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Marcha atrás El jueves 15 del actual el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el texto de la resolución Nº 1.295, dictada el 8 del actual por el Consejo General de Educación (CGE) y por la cual se revocó la resolución Nº 2.747, del 20 de septiembre de 2024, que había dispuesto “la recategorización de agentes de establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación de Gestión Privada”. Las escuelas públicas de gestión privada se rigen por el régimen del empleado privado y ningún docente de esos colegios tiene estabilidad, como sí lo tienen los de las escuelas públicas. La norma que ahora se revocó hubiese generado “un perjuicio económico” al Consejo de Educación. Aunque ese daño al erario público no se alcanzó a materializar por cuanto aquella resolución jamás fue publicada y tampoco fueron notificados los supuestos beneficiarios de las recategorizaciones. Así lo certificó la Dirección General de Ajustes, Liquidaciones, Recursos Humanos y Tecnología, que dio a conocer que la mentada resolución “no ha sido aplicada hasta el momento”; de igual forma, la Dirección de Despacho dio cuenta que “no se notificó virtualmente a cada agente” como tampoco “se notificó personalmente a los beneficiarios o alcanzados individualmente por dicha norma”. En tanto, la Dirección de Educación de Gestión Privada comunicó “que no se ha realizado notificación individualizada de la norma mencionada a los agentes alcanzados por ella”. Al intervenir en el proceso administrativo la Dirección de Asuntos Jurídicos del CGE emitió dictamen y aseguró que “la resolución en crisis es un acto jurídico nulo, de nulidad absoluta, por encontrarse comprometidos los elementos esenciales del acto con un vicio, que lo afecta en su validez”. Más aún, agrega, el instructivo de recategorizaciones de 2022 “con el cual se fundamenta la solicitud que da lugar a la norma, no alcanza ni incluye a los agentes de establecimientos dependientes de la Dirección de Educación de Gestión Privada, además de no existir una relación laboral directa entre este Organismo y los agentes involucrados”. Al corregir el desmadre previo, la nueva resolución de Educación señala que el “ejercicio supervisivo, de contralor y seguimiento (por parte del CGE), no implica per se relación de dependencia jerárquica entre los establecimientos educativos (privados) y el Superior Gobierno de la Provincia, mucho menos sobre los trabajadores de la educación que prestan funciones en dichos establecimientos”. Además, agrega, “estos establecimientos se encuentran a cargo de personas, físicas o ideales, dotados de personalidad jurídica propia, que requieren a este Organismo educativo únicamente la pertinente autorización para prestar el servicio educativo, estando a cargo del Consejo la fiscalización del cumplimiento de su actividad conforme a la normativa vigente y – de corresponder – su oportuna sanción ante el incumplimiento”. Y que la relación con los trabajadores de las escuelas públicas de gestión privada es ajena al Estado. Los colegios privados, confesionales o no, dice la resolución, están habilitados “para nombrar el personal que estimen necesario para garantizar el servicio educativo. Dicha contratación es realizada por el Establecimiento, no por el Consejo General de Educación y las funciones que cumplen no tienen carácter público, dado que no garantizan un servicio de limpieza, mantenimiento y orden de un mueble o inmueble público, sino privado. Sin embargo, los Agentes de la Educación de Gestión Privada tienen la responsabilidad de cumplir con la legislación laboral y educativa vigente”. Así, “habiéndose indicado que la Administración no tiene, vínculo jurídico con los trabajadores dependientes de los establecimientos privados, resulta imposible disponer su recategorización, siendo nulo de nulidad absoluta todo acto que disponga lo contrario, por ser manifiestamente repugnante al ordenamiento jurídico imperante en la materia”. Las recategorizaciones de agentes de establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación de Gestión Privada habían sido otorgadas mediante resolución Nº 2747, del 20 de septiembre de 2024, tras atravesar sin inconvenientes todas las áreas del CGE, que expresaron su viabilidad. Ahora, la resolución N° 2747/24, fechada el 8 de mayo de 2025, revoca aquella norma y da marcha atrás con esas recategorizaciones, aduciendo que provocaría un perjuicio económico al organismo. “No entendemos cómo, en el término de pocos meses, el CGE puede firmar una cosa y después desdecirse. Es muy grave”, advirtió la adjunta de UPCN y explicó que la apelación jerárquica, que se presentó como paso previo a un eventual proceso por la vía judicial, apunta a que directamente resuelva el Gobernador. “Solicitamos que se dé la baja a esa resolución que revoca las recategorizaciones y se pague todo como corresponde”, expuso Domínguez y señaló que también se requiere “la investigación de las responsabilidades ante una acción que perjudica tanto a los trabajadores como al propio Estado”. En el escrito, UPCN plantea que quede “sin efecto la resolución N° 1.295 CGE”, al tiempo que pide a Frigerio que “ordene la inmediata publicación de la resolución N° 2.747 CGE” y que, a la vez, “de inmediato cumplimiento a la medida, mandando a abonar a los trabajadores los incrementos salariales de acuerdo a lo allí previsto y a las afectaciones presupuestarias con que ya cuenta la resolución”. En los fundamentos, el sindicato sostiene que la resolución que revoca las recategorizaciones es “francamente violatoria de los derechos de las y los trabajadores involucrados” y, además, “un verdadero mamarracho administrativo e institucional”, que demuestra “la falta de preparación y de idoneidad por parte de los funcionarios que intervinieron”. Principalmente apunta a la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, quien “actuó con enorme irresponsabilidad al respecto, violentando el ordenamiento jurídico, burlando derechos de las/los trabajadores y pretendiendo colocarse por encima del ordenamiento legal”. En ese sentido se pregunta “por qué el supuesto perjuicio económico de la medida, para las arcas del Estado provincial, no fue advertido antes del Dictado de la Resolución 2747 cuando se dictaminó que presupuestariamente era viable”. Discriminación La adjunta de UPCN sostuvo que la entidad gremial ha intentado hablar con los trabajadores de este sector, pero muchas veces les han dificultado el ingreso a las escuelas privadas. “Esto marca una enorme contradicción, porque los compañeros cumplen igual tarea que un auxiliar de escuela pública, pero están excluidos del reconocimiento de derechos, y eso tiene un solo nombre en cualquier lugar: discriminación”, advirtió. Por último, consideró que con la baja las recategorizaciones “el CGE le da un golpe más a UPCN”, que se suma a una serie de acciones u omisiones de la cartera educativa entrerriana que apuntan contra el Sindicato. “No convoca a la Paritaria Sectorial; nos usó cuando estaba enfrentada a los docentes por la resolución de presentismo; nos dijo que se daría la discusión conjunta por el código 029 pero después nos dejó afuera; también excluyó a los auxiliares del descuento del 50% en el boleto del transporte público que otorgó a docentes”, enumeró Domínguez. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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