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» tn24
Fecha: 23/05/2025 18:45
La norma fue sancionada recientemente y otorga al Ejecutivo municipal la propiedad y gestión del histórico predio frutihortícola. La cooperativa que lo administra desde hace décadas inició acciones judiciales y reclama ser escuchada. El futuro del Mercado Central frutihortícola de Resistencia quedó envuelto en una fuerte disputa institucional y judicial. Una ley provincial aprobada días atrás traspasó al municipio la titularidad del terreno donde funciona este espacio emblemático, habilitando también su gerenciamiento. La decisión generó un profundo malestar en la cooperativa que lo gestiona desde hace 45 años, cuyos integrantes afirman haberse enterado de la medida una vez ya aprobada. La norma encendió las alarmas entre los productores y comerciantes del sector, que aseguran que el traspaso pone en riesgo un modelo de gestión autogestionado que abastece a cientos de fruterías y verdulerías en toda la provincia. Además del recurso de amparo, presentaron dos medidas cautelares para intentar frenar la aplicación inmediata de la ley. La cooperativa sostiene que el predio fue otorgado en comodato en 1976 y que desde entonces se invirtieron décadas de trabajo para construir ocho naves, un centenar de puestos de venta, más de 25 depósitos y decenas de cámaras de frío. Aseguran también que el mantenimiento, la limpieza, el control bromatológico y la logística del lugar corren por cuenta del propio colectivo de trabajadores, sin generar costos al Estado. Para los integrantes de la cooperativa, el cambio no es solo jurídico sino profundamente simbólico. Lo interpretan como un intento de desplazamiento de un actor que lleva casi medio siglo sosteniendo la cadena frutihortícola local. Denuncian además la falta de diálogo institucional, ya que no fueron convocados al debate legislativo ni han obtenido respuesta a los pedidos de audiencia con las autoridades municipales ni provinciales. La incertidumbre crece ante la posibilidad de que el municipio asuma funciones operativas en el lugar. Para los cooperativistas, esto representaría un giro forzado y potencialmente conflictivo, con consecuencias para cientos de trabajadores directos e indirectos. Mientras la vía judicial sigue su curso, el colectivo que administra el mercado se declaró en estado de alerta, pero mantiene abierta la posibilidad del diálogo. Advierten que no buscan la confrontación, pero que están dispuestos a defender lo que consideran una construcción colectiva, productiva y social que no puede ser desmantelada sin consecuencias.
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