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» Facundoquirogafm
Fecha: 23/05/2025 18:42
Luego de que la Justicia Federal citara a indagatoria a Marta Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial y a otros tres funcionarios del área en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculados al dirigente piquetero Ramón "Tito" López, para este 27 y 28 de mayo, la abogada de la ex funcionaria pidió la nulidad. Lo curioso del pedido es que realizó Gloria Zalazar, abogada de Soneira y ex ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, durante la gestión de Jorge Capitanich, misma gestión en la que la funcionaria, acusada de ceder tierras al piquetero Tito López, trabajó para el Estado chaqueño. El pedido formulado por el fiscal federal Patricio Sabadini se realizó a principio de mes, cuando fue aceptado por el juez federal N° 2, Ricardo Mianovich, quien fijó las fechas para las declaraciones indagatorias los días 27 y 28 de mayo, de manera virtual. Ahora, según el escrito al que tuvo acceso DataChaco, Zunilda Niremperger, quien está al frente de la causa por licencia de Mihanovich, fue la encargada de suspenderlas audiencias. El planteo de nulidad que realiza la abogada patrocinante de Soneira, habla de "la ausencia de objetividad al momento de realizar el análisis del trámite administrativo de la adjudicación de tierras fiscales"; "Desconocimiento total de la Ley de Tierra 471-P"; Mala interpretación voluntaria de las obligaciones legales como funcionaria pública"; "Intención manifiesta de un posible engaño al juez para que autorice medidas coercitivas contra la licenciada Marta Soneira" e "indeterminación voluntaria, por la cantidad de años que lleva la investigación, de la supuesta conducta ilícita que se desea reprochar". Según detalla el escrito, Soneira tomó conocimiento de la existencia de la causa en su contra a través de medios de comunicación, y recién el pasado 16 de mayo se le otorgó vista de las actuaciones. Desde ese momento, accedió a las pruebas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. En ese marco, la defensa considera que se han vulnerado principios constitucionales y garantías procesales, por lo que argumenta la nulidad absoluta del acto jurídico del 30 de octubre de 2024 (en la que se investigan presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público), que consistió en una ampliación del requerimiento de instrucción. En ese marco, el escrito finaliza el planteo pidiendo:
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