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» Sin Mordaza
Fecha: 23/05/2025 13:54
Edgar López, con décadas de trayectoria en el ámbito público y privado, sostiene que su familia fue víctima de una “obsesiva persecución judicial” por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en una investigación que califica como "plagada de errores y abusos de poder", con allanamientos a quienes "nada tienen que ver con esta causa". Todo comenzó en 2020 cuando José Manuel Ruiz Moreno, un hombre que decía ser heredero de un paquete accionario, denunció que la familia Pirera había vendido lotes de un terreno en Recreo que le pertenecía. A partir de esa presentación, la fiscal Bárbara Ilera —en ese momento acompañada por sus colegas Giménez y Urquiza— inició una causa penal contra los vendedores y, de manera colateral, contra López, sus hijos y otros profesionales involucrados en la escrituración. “Nunca fuimos parte del conflicto. No compramos ni vendimos los lotes. Solo intervenimos como profesionales en un proceso legal, asesorado y validado por organismos públicos”, subraya. Según detalla, incluso la documentación sobre la legitimidad de los trámites fue incautada durante los allanamientos: “Se llevaron pagarés firmados, títulos de propiedad, y hasta las matrices originales de escrituras de clientes que nada tenían que ver. Violaron todos los derechos posibles”. Filtraciones, escraches y detenciones Uno de los momentos más oscuros se dio el 6 de agosto de 2021, cuando se realizaron siete allanamientos simultáneos a viviendas particulares, estudios contables y jurídicos. “Bárbara Ilera cerró con patrulleros la calle San Jerónimo, en pleno centro de Santa Fe, y le pedía al camarógrafo que la tomara de perfil, con la placa de la escribanía de fondo. Como si fuera un caso de narcotráfico. Todo teñido con la figura incierta de la asociación ilícita”, recuerda López. El despliegue mediático y el operativo generaron un daño profundo a nivel personal, familiar y profesional. “Tengo cuatro hijos y diez nietos. Tuvimos que afrontar tratamientos psicológicos, revocación de poderes, cancelación de escrituras. Mi hijo fue detenido. Y todo esto en base a una acusación que no tiene sustento documental ni jurídico”. Tras agotar los reclamos ante la Auditoría del MPA, López presentó su denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, en 2022. “Nunca me contestaron. Nadie me llamó. Pasaron tres años, una fiscal se jubiló, otra se fue de la causa. Pero el daño ya está hecho”, lamenta. Con la causa estancada, López apunta directamente al encubrimiento institucional. “El MPA se ha convertido en una formidable maquinaria de apriete”, calificó en más de una oportunidad. Incluso en la investigación sobre Ruiz Moreno —el denunciante inicial—, “nosotros buscamos pruebas, fuimos a Buenos Aires, aportamos documentos, demostramos que ese hombre no era ni presidente del directorio, ni titular, ni nada. Hasta presentó un acta firmada por una mujer que había muerto dos años antes”. Hasta el momento, Ruiz Moreno sigue libre y nunca fue imputado. “Se fijó una audiencia para ampliarle la imputación y no se presentó. El abogado fue con excusas, maniobras dilatorias. Pero nadie lo fue a buscar, como sí hicieron con nosotros”, reclama. Un loteo paralizado y 600 familias afectadas Más allá del daño personal, López remarca las consecuencias sociales de esta causa: “Ese loteo quedó abandonado. Las empresas que abrían calles y ponían luminarias se fueron. Se metieron ocupas. Nadie paga impuestos. Hay más de 600 familias con boletos de compraventa que nunca van a poder escriturar por este desmanejo del MPA”. “Yo ya estoy grande, pero lo que me duele es que los hijos de mi amigo fallecido, el doctor Albiñana, van a crecer con el estigma de que su padre fue señalado como delincuente, cuando no lo fue. Eso no se puede permitir”. “No vamos a aflojar” López asegura que continuará su reclamo. “Hemos iniciado una demanda por daños y perjuicios contra la provincia y vamos a ampliarla. Hay hechos nuevos. Lo que quiero dejar en claro es que no vamos a aflojar. No vamos a dejar que esto quede impune ni que se olvide. La comisión de Acuerdos tiene la responsabilidad de actuar. No por mí, sino por todos los que confiamos en la justicia”. Y concluye con un mensaje directo: “Espero que esta vez, quienes tienen que tomar decisiones lo hagan con responsabilidad y conocimiento. No se puede jugar con la vida de las personas desde un escritorio o una cámara de televisión. Porque cuando la justicia falla, lo que se quiebra es la fe en todo el sistema”. Ver la nota completa:
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