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» Diario Cordoba
Fecha: 23/05/2025 07:02
Con el nuevo Reglamento de Extranjería recién estrenado, tras su entrada en vigor este martes, las entidades sociales que trabajan con esta población como Cáritas, Red Acoge o CEAR han hecho público un comunicado en el que advierten de que la norma sigue teniendo margen de mejora y que algunas de las demandas clave no se han incluido. Mientras el Gobierno habla de una nueva regularización masiva de inmigrantes, las organizaciones que trabajan a diario con esta población en Córdoba se han puesto manos a la obra para informar sobre los cambios y el impacto real que tendrá este nuevo reglamento. Así, la Red de Entidades Promigrantes de Córdoba ha organizado este jueves a partir de las 9.30 horas, unas jornadas formativas para profesionales y esta tarde a las 19.30 horas, el abogado Francisco García Calabrés ofrecerá una conferencia sobre el reglamento en el Colegio de la Abogacía. El número de extranjeros que viven en la provincia no ha dejado de crecer en los últimos años aunque de momento, sigue representando un porcentaje mínimo de la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en Córdoba residen 28.190 extranjeros con una edad media de 31,8 años, lo que supone un 3,67% de la población. En 2023, la cifra de adquisiciones de nacionalidad española en Córdoba casi se duplicó, con 902 casos, siendo la cifra más alta de personas de origen venezolano (142), frente a los 495 del año anterior, cuando apenas se nacionalizaron 14 venezolanos frente a los 142 de Marruecos. Arraigo social y Protección internacional o asilo Solicitar la nacionalidad es algo excepcional para que un extranjero regularice su situación. La mayoría, según Lucía Pérez, coordinadora de Córdoba Acoge, solicitan la residencia por arraigo social, una medida para la que hasta ahora se necesitaba llevar al menos tres años viviendo en España (hay que demostrarlo) y un contrato. Esos tres años se han rebajado con el nuevo reglamento a dos, pero para las entidades sigue siendo insuficiente. «Si una persona que cumple unos requisitos mínimos recibe una oferta de trabajo en Córdoba, ¿qué sentido tiene que se le haga esperar dos o tres años para regularizarlo?», comenta Lucía, «las empresas no pueden esperar y ellos tampoco, este requisito está fomentando la precariedad laboral de muchos migrantes que se ven obligados a subsistir sin apenas recursos o a trabajar en negro, cuando hay sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura, entre otros, que están demandando mano de obra y que no los pueden contratar». Antonio Alférez, técnico de otra de las organizaciones sociales que trabajan con migrantes en Córdoba, coincide en que esta medida «está generando bolsas de personas en situación muy vulnerable que no tienen posibilidad de trabajar de forma reglada». En Córdoba, explica, «hay muchos jóvenes inmigrantes en situación de sinhogarismo por este motivo», explica, «hay chavales de 18 a veintipocos años durmiendo en la calle, con el desgaste físico y psicológico que esto provoca, esperando que pasen esos tres años, que ahora se reducen a dos, para poder demostrar que llevan el tiempo exigido y poder solicitar el arraigo para trabajar». Ante la imposibilidad de obtener la documentación, «se buscan la vida como pueden, ya sea aparcando coches o pidiendo algún tipo de trabajo rápido en los mercadillos, en la feria o donde pueden». Insiste Alférez en que «dos años sigue siendo una eternidad para alguien que no tiene ningún tipo de ingreso y que vive en la calle». Pese a todo, asegura, «vemos cómo estos jóvenes inmigrantes, que están deseosos de trabajar para mandar dinero a sus familias, acuden a los recursos para estudiar el idioma y para formarse». Esta realidad, conocida por muchos migrantes, estaba generando en muchos casos, que parte de las personas que venían de fuera recurrieran a la solicitud de protección internacional o asilo para poder trabajar sin esperar. Hasta la reforma del reglamento, con esa solicitud se les hacía entrega de la llamada tarjeta roja que les autorizaba para residir y trabajar mientras se resolvía su solicitud. Salvo excepciones como las de la población ucraniana, que obtiene el estatuto de asilo de forma automática en 48 giras, según Lucía Pérez, el 80% de esas solicitudes, «que tardan en aprobarse o no» unos dos años, venían denegadas, un tiempo en el que habían aprovechado para formarse y trabajar y que les contaba para el próximo paso, la solicitud de arraigo social. Cambios con consecuencias Para reducir las solicitudes de asilo, el nuevo reglamento no solo suprime esa ventaja sino que si se deniega, se obliga al extranjero a iniciar el proceso desde cero, como si acabara de llegar, sin contabilizar esos dos años de espera. La Policía Nacional no da cifras sobre cuántas personas han solicitado en los últimos dos años la protección internacional. «Solo en Córdoba Acoge, el año pasado tramitamos más de cien solicitudes que ya no tienen marcha atrás», explica Lucía Pérez, «todos los que la reciban denegada dentro de un año estarán de nuevo en la casilla de salida». Esto está generando mucha inquietud e incertidumbre por la «inseguridad jurídica que provoca», ya que el cambio de esta norma tendrá efecto directo sobre la vida de muchas personas. «En cuanto se les deniega, quienes están viviendo en un recurso, se tienen que ir y la empresa en la que estuvieran trabajando, los tiene que despedir». Puede que una parte de las solicitudes buscaran acortar los trámites, pero también hay quienes son víctimas de conflictos o situaciones susceptibles del derecho de asilo a las que se les deniega. En Córdoba Acoge, saben que «cuando el conflicto está reconocido a nivel internacional, no hay problema, pero si se trata de guerras civiles o de situaciones como la homosexualidad perseguida en tu lugar de origen, no siempre se puede demostrar de forma fehaciente». Entidades como Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Red Acoge creen que el nuevo Reglamento de Extranjería va a ocasionar que «muchas personas y familias que están trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular y perdiendo los derechos reconocidos». Otras dificultades Para Antonio Alférez, «la nueva norma ha entrado en vigor sin que haya información clara suficiente sobre las instrucciones de aplicación, por lo que cuesta entender cómo va a aterrizar el nuevo reglamento porque hay muchas dudas». Las personas extranjeras que viven en Córdoba se quejan de complicaciones añadidas para regularizar su situación. «En el caso de los marroquíes, tienen que pagar unos 130-150 euros para obtener su pasaporte ante el Consulado, una cantidad importante para alguien sin recursos que además se complica porque tienen que solicitarla online con un sistema muy complejo que está haciendo que algunos tengan que pagar 10 euros para que otros les resuelvan el trámite», explica. Pasa igual, añade, «con el empadronamiento en Córdoba para quienes viven en la calle y para quienes acceden a una habitación realquilada de la que no tienen papeles para demostrar que es su residencia». Estas situaciones están llevando a muchos a «aprovecharse de la desgracia ajena» y exigirles dinero para lucrarse de esa situación de necesidad a cambio de darles los papeles para que se puedan empadronar. Las organizaciones sociales reclaman la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria aunque algunos critican la postura «utilitarista» de los extranjeros, ya que en lugar de darles una solución estable «se recurre a esta vía por la bajada de la natalidad o cuando hace falta mano de obra». Suscríbete para seguir leyendo
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