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» El Sur Diario
Fecha: 23/05/2025 02:41
En una entrevista con Andrés Lezcano, miembro del equipo técnico de la Dirección Municipal de Legales de Villa Constitución, se conocieron los fundamentos del reciente veto parcial aplicado por el Departamento Ejecutivo al presupuesto municipal 2025. La decisión, que recayó sobre dos artículos específicos agregados por el Honorable Concejo Municipal, abrió un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos poderes. Según Lezcano, la medida se basó en un dictamen técnico emitido por la Asesoría Letrada, que identificó irregularidades en el procedimiento legislativo. Los artículos vetados fueron incorporados de forma unilateral por el Concejo, sin consulta ni acuerdo con el Ejecutivo, lo cual —según explicó— constituye un “exceso de facultades”. Modificaciones inconsultas “El presupuesto fue remitido por el Ejecutivo en tiempo y forma, como se hace cada año, para su tratamiento mediante ordenanza”, explicó el letrado. Sin embargo, el Concejo introdujo dos artículos de manera “bilateral y sin consulta”, lo que, a criterio del área legal, vicia de origen la ordenanza. “La Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza de Contabilidad establecen claramente que, si se desean hacer modificaciones, se debe convocar al Departamento Ejecutivo o a alguno de sus secretarios competentes”, añadió el abogado. Esa convocatoria no ocurrió, y, en cambio, los ediles avanzaron con incorporaciones por su cuenta. ¿Diálogo o co-gobierno? Andrés fue claro al marcar los límites institucionales: “Los concejales pueden y deben proponer cambios, pero el procedimiento exige diálogo. Lo que no pueden hacer es alterar el presupuesto inconsultamente. Eso da la sensación de querer ejercer un co-gobierno que no está previsto legalmente”. Desde su visión técnica, lo que se espera en un sistema democrático es que existan canales institucionales de comunicación entre poderes. “Podrían haber convocado al Intendente o al Secretario de Finanzas. Eso habría sido lo adecuado”, insistió. ¿Puede el Concejo revertir el veto? Sí. Según explicó Lezcano, el Concejo aún tiene la posibilidad de insistir en su redacción original si reúne las firmas de al menos dos tercios de sus miembros. “Si eso sucede, el Ejecutivo deberá promulgar la ordenanza tal como la aprobó el Concejo”, aclaró. En ese escenario, la Municipalidad podría acudir a la Justicia para que determine la legitimidad de los artículos. “La vía judicial sería el camino para dirimir si esa insistencia es legal o no”, adelantó. Promulgación parcial y vigencia del presupuesto Mientras tanto, el presupuesto 2025 se encuentra vigente, aunque de forma parcial. El Ejecutivo promulgó el resto de la ordenanza, excluyendo los dos artículos observados. “No se vetó todo el presupuesto, solo se hizo una observación parcial. Los puntos observados volverán a ser tratados por el Concejo”, explicó Lezcano. El abogado también recordó que los contenidos que los ediles quisieron incluir pueden ser presentados como proyectos legislativos independientes. Sin embargo, una vez más, deberán transitar los canales institucionales correspondientes y contar con el aval del Ejecutivo. Precedentes y el rol de la Asesoría Letrada En defensa del proceder del Ejecutivo, Lezcano mencionó antecedentes judiciales en los que la asesoría legal del Municipio salió favorecida. “Nos ha pasado con la RTO, con la erradicación en Zona Franca y, recientemente, con el caso del Banco Nación, que buscaba evitar el pago del DREI”, ejemplificó. “En todos estos casos actuamos dentro del marco jurídico, y la Justicia nos dio la razón. Apostamos siempre a la legalidad y al equilibrio financiero. Eso mismo es lo que estamos haciendo ahora”, subrayó. El llamado al diálogo institucional Consultado sobre si esta situación podría derivar en un conflicto político mayor entre el Intendente y el Concejo, Andrés fue cauto: “Mi función es técnica, no política. Pero siempre promovemos el diálogo. Somos parte de un mismo gobierno municipal y apostamos a una relación institucional saludable”, expresó. Finalmente, el abogado confirmó que el dictamen legal enviado al Concejo no solo expone el exceso de facultades, sino que también hace hincapié en la necesidad de una correcta administración financiera y el respeto por los marcos legales vigentes. “Ahora es el Concejo quien debe decidir cómo continuar. Desde nuestra parte, seguiremos actuando dentro de lo que marca la ley”, concluyó.
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