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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/05/2025 00:04
El Gobierno pagará una indemnización al exjuez Héctor Boleso por orden de la Corte Interamericana El Gobierno nacional dispuso el pago de una indemnización al ex juez laboral Héctor Hugo Boleso, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó a la Argentina por la excesiva demora en la tramitación de un amparo relacionado con la intangibilidad de su salario. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 337/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Gerardo Werthein. Boleso se desempeñaba como juez del fuero laboral en Corrientes. En 1990, en medio de la crisis económica e hiperinflación, interpuso una acción de amparo contra la provincia de Corrientes, reclamando por la intangibilidad de su remuneración. Aunque el recurso fue concedido en 1992, la ejecución efectiva de la sentencia sufrió una dilación de más de 21 años. En 1997, la provincia interpuso un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Sin embargo, al intentar ejecutar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes consideró que el fallo tenía carácter meramente declarativo y que no correspondía el pago. Esto llevó a una larga batalla judicial que concluyó recién en marzo de 2011, cuando finalmente se abonó la suma reclamada, según la liquidación efectuada por el propio magistrado. La decisión de la Corte IDH El 11 de agosto de 2023, la Corte IDH dictó sentencia en el caso “Boleso vs. Argentina” y declaró al Estado argentino internacionalmente responsable por la demora en la ejecución del amparo. El tribunal internacional concluyó que se habían violado los derechos del exjuez a un juicio justo (artículo 8.1) y a la protección judicial (artículo 25.1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Como reparación, ordenó al Estado argentino pagar USD 12.000 (o su equivalente en moneda nacional) en concepto de daños materiales e inmateriales, costas y gastos, con un plazo máximo de un año desde la notificación de la sentencia, que ocurrió el 11 de agosto de 2023.
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