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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 21/05/2025 23:30
De ANÁLISIS El fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy presentó el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al productor agropecuario de Diamante, Leonardo Airaldi, y otras 14 personas, por conformar una organización dedicada al narcotráfico. La acusación apunta a una banda que funcionaba en las ciudades de Diamante y Paraná. Los hechos investigados se habrían desarrollado entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, día en que se llevaron adelante los allanamientos de la Dirección Investigaciones de la Policía provincial. Según el requerimiento fiscal, Leonardo Roberto Airaldi era el organizador, proveedor y financiador de la red narco. Se le atribuye haber elaborado o diseñado una estructura funcional para facilitar delitos de tráfico de drogas, distribuyendo tareas y administrando recursos humanos y materiales. La Fiscalía sostiene que Airaldi dirigía a sus asistentes y colaboradores mediante órdenes emitidas por diferentes vías. También aplicaba y disponía de recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas. El fiscal califica su conducta como particularmente grave, equiparándola con el crimen organizado. Airaldi era investigado desde principios de 2019 por su supuesta vinculación con la droga, hipótesis surgida de notas periodísticas y testimonios anónimos de vecinos de Las Cuevas que indicaban haber visto avionetas sobrevolar su campo. La investigación se inició en diciembre de 2018 con una presentación de la Prefectura Naval Argentina ante la Fiscalía Federal, que dio lugar a una investigación preliminar por parte del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos. Se señalaba que personas descargaban bultos arrojados desde barcazas que navegaban el río en la zona costera e islas del departamento Diamante. Posteriormente, sucesivas escuchas telefónicas y tareas de campo fueron reforzando la sospecha inicial. En octubre de 2021, las actuaciones se acumularon con otras, y la investigación quedó a cargo de personal de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que ya venía realizando tareas en una causa previa donde un vecino de la zona rural de la estancia de Airaldi manifestó que dentro de la propiedad habría una pista de aterrizaje. En tareas de investigación presencial pudieron observar una posible pista de aterrizaje dentro del predio del imputado, lo cual se condecía con un informe de Prefectura que adjuntaba una imagen de una avioneta saliendo de la zona. La fiscalía considera que las pruebas, principalmente las numerosas intervenciones telefónicas transcriptas, permiten comprender el alcance de las conductas imputadas, evidenciando la existencia de una red de narcotráfico donde cada integrante tenía un rol específico bajo el liderazgo de Airaldi. Se señala que la organización operaba de manera dinámica, sistemática y compleja, buscando garantizar el flujo constante de estupefacientes. Roles y participación en la organización Además de Airaldi, el fiscal Ardoy imputa a otras personas con distintos grados de participación. La mayoría son acusados como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, por cumplir un rol relevante y con intervenciones sostenidas en el tiempo. Otros son considerados partícipes secundarios, por la naturaleza accesoria y fungible de su colaboración. Las conductas imputadas a la mayoría (excepto dos personas) se consideran una sola conducta de comercialización de estupefacientes. Las otras personas imputadas y sus roles, según la Fiscalía, son: • Jimena Irupé Burne: es la pareja, asistente y colaboradora de Airaldi. Había sido procesada por tener un rol preponderante en la organización, ya que en las escuchas telefónicas se advirtió que su rol no era pasivo ni secundario. Sin embargo, luego la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le bajó la calificación legal del delito imputado a ella por uno menor, lo cual le permitió recuperar la libertad. Se le imputa el delito de tenencia simple de estupefacientes. Cabe recordar que, luego de que recuperó la libertad, se comunicaba con Airalid por teléfono y así se pudo saber que el jefe narco tenía un tanque enterrado en el campo. • Sebastián Agustín Armocida: asistente, colaborador y amigo de Airaldi. Tenía relación con empleados del Bar Mandela y con Juan Erbes, e incluso poseía llaves del depósito. Conversaciones interceptadas sugieren su voluntad de ocultar actividades ilícitas, mencionando “Hay que mentir a la policía”, decía. Además, le manejaba la camioneta a Airaldi. • Armando Marcelo Balcaza: Administrador. Fue el capataz de la estancia El Mirador, en Las Cuevas, y colaborador de Airaldi hasta meses antes de los allanamientos. Realizaba “todo tipo de trabajos, incluso los que tenían que ver con la droga”. Conversaciones con Godoy y Airaldi dan cuenta de sus actividades y vínculo de confianza, donde Airaldi le brindaba directivas. En diálogos utilizaba un lenguaje cuidado con cifras no razonables y referencias a buscar “verdes” para comprar animales, lo que denota su involucramiento en el narcotráfico. Mantuvo conversaciones con Gisel Kranevitter (expareja de Airaldi) expresando enojo por el malgasto de dinero y la preocupación de que Airaldi volvería al negocio de la droga y terminaría preso. • Juan Andrés Erbes: Administrador y socio. Era el dueño del Bar Mandela de Diamante. Según la fiscalía, el bar funcionaba como punto de venta y distribución de estupefacientes en modalidad delivery. Se lo describe como socio principal de Airaldi para el reparto, distribución y colocación de estupefacientes, utilizando la estructura del bar y sus empleados. Era muy cauteloso en las conversaciones telefónicas, utilizando palabras clave y advirtiendo a sus interlocutores. Diálogos refieren a “paquete volador de 4 kilogramos”, “pizzas” envasadas, y órdenes a empleados como “Porotito”. • Roberto Fabián Coronel: Administrador. Miembro de la Policía de Entre Ríos con grado de sargento. Comenzó a trabajar para Airaldi en noviembre de 2023, reemplazando a Balcaza como administrador del establecimiento El Mirador. Se le imputa el rol de asistente, colaborador, logística en seguridad, utilizando su condición de funcionario policial para obtener información y protección. Conversaciones interceptadas evidencian su rol en logística y transporte, así como en la seguridad personal de Airaldi y la administración de sus bienes y actividad ilícita. En un diálogo con Airaldi, éste le dice que el puesto caminero “es mío”, refiriéndose a la posibilidad de pasar sin control. Realizaba gestiones administrativas bajo instrucciones de Airaldi. • María Soledad Cáceres: Administradora, colaboradora, asistente, almacenadora, vendedora. Trabajó para Airaldi y se presentaba como su secretaria. Realizaba gestiones, incluyendo las relacionadas con estupefacientes, a los que llamaba “esa mierda”. También se desprende de las escuchas que vendía narcóticos. En su domicilio se hallaron dinero en efectivo ($100.000 y U$D 800), una balanza digital, cartuchería y 3 gramos de marihuana. Aunque se habría desvinculado de Airaldi en noviembre de 2023, elementos la vinculan a la organización hasta esa fecha. Diálogos revelan tensiones con Gisel Kranevitter y su disposición a hablar sobre las actividades ilícitas si era presionada. • Carlos David Schumacher: persona de confianza de Airaldi. Mantenía conversaciones constantes con él. Airaldi le enseñaba cómo vender y almacenar drogas (hablaban de “novillito” y “carne”), hablando de pureza. Participó en transacciones. • Joel Damián Schonfeld: Vendedor. Colaboró en diferentes operaciones. Mantenía diálogos con Erbes y Cáceres relacionados con la comercialización. Utilizaba lenguaje críptico ("cabeza grande, cabeza chica, verde", "los azules, los mejores", refiriéndose a dinero o droga). • Emanuel Enrique Cuello, alias Coti: Colaboró en diferentes operaciones. Dialogaba con Erbes sobre “planes”, “plata grande” y transacciones. • José Nicolás Godoy: Asistente, resguardador, transporte. Colaboró en diferentes operaciones. Conversaciones con Balcaza. Diálogos con otra persona revelan la intención de utilizar el transporte de avena para caballos de salto de unos socios “rosarinos” de Airaldi para llevar “una bolsita” de droga. También se refirió a “mandarle plomo a Los Monos allá” en Rosario. • Walter Gonzalo Olivero, alias Bocha: Empleado del Bar Mandela y Sub Oficial de la Policía de Santa Fe. Inicialmente imputado como vendedor, transporte y asistente, la fiscalía considera que solo la actividad de asistente está suficientemente acreditada. Respondía a los mandatos de Erbes, principalmente en el manejo de la caja del bar. No se considera que su relación con el tráfico estuviera ligada a su condición policial, a diferencia de Coronel. Participó en diálogos con Erbes sobre ir a buscar algo “del tío” (por Airaldi). • Cristian Emanuel Sánchez, alias “Poroto”: Asistente de Erbes e interviniente en el Bar. Empleado del Bar Mandela. Cumplía funciones de repartidor y cadete (delivery) para Erbes. Recibía dinero de la caja del bar. Colaboró en diferentes operaciones. • Marino Martínez: Asistente de Erbes e interviniente en el Bar. Empleado del Bar Mandela, realizaba trabajo de delivery en moto. Llevaba y traía "cosas" y cerraba "pequeñas transacciones". Fue advertido por Erbes para tener cuidado con lo que hablaba por teléfono, sugiriendo operaciones ilícitas. Colaboró en diferentes operaciones. • Keila Ramos Luto: Mencionada en conversaciones. Dialogó con Erbes, haciendo referencia a los efectos de una sustancia comparada con la medicina. No obstante otras menciones, se le imputa el delito de tenencia simple de estupefacientes, al igual que a Burne. No hay elementos en el lugar que indiquen destino de comercialización. La Fiscalía destaca que la dirección de la operación criminal y los recursos para consolidarla recaían en Leonardo Roberto Airaldi. Éste planificaba la implementación en Paraná y Diamante, distribuía roles, establecía las condiciones del accionar conjunto, hacía contactos para la provisión de droga, suministraba capital y tomaba recaudos a través de sus contactos con las fuerzas de seguridad para evitar controles vehiculares. Los demás miembros desempeñaron roles y grados de participación variados, encuadrados como coautores o partícipes secundarios. La verificación de las maniobras delictivas se fundamenta en las tareas de investigación, inteligencia y vigilancia de la PER, y principalmente en el resultado de las intervenciones telefónicas, así como en las actas de procedimiento y secuestros realizados en los allanamientos. En los domicilios allanados se secuestraron drogas (marihuana, cocaína y MDMA), dinero en efectivo (aproximadamente $1.490.460 pesos argentinos y U$D 3.328 dólares estadounidenses), armas de fuego, balanzas digitales, teléfonos celulares, equipos de comunicación, sistemas de monitoreo de video y elementos de corte y fraccionamiento. En la celda de Airaldi se encontró cocaína. Se agregan como pruebas constancias de tareas de investigación e inteligencia, resoluciones de allanamientos, actas de procedimiento y secuestro con material fotográfico y croquis, actas de apertura de efectos secuestrados, informes de reincidencia, antecedentes prontuariales, hallazgo en la celda de Airaldi, constancias bancarias de dinero secuestrado, dictámenes médicos, declaraciones testimoniales de personal policial y testigos civiles que participaron en allanamientos e investigación, informes de vida y costumbres y socio ambientales, informes técnicos sobre teléfonos celulares, pericias informáticas, anexo fotográfico de GNA, e informes de la Dirección de Inteligencia Criminal de la PER. La Fiscalía concluye que el conocimiento por parte de los imputados sobre la naturaleza ilícita de las sustancias y la intención de comercialización surgen del comportamiento evidenciado durante la investigación, especialmente por el cuidado y uso de lenguaje críptico en sus comunicaciones para evitar ser detectados. Por todo esto, Ardoy pidió al juez federal Ríos disponer la elevación de la causa al Tribunal Oral Federal de Paraná para el correspondiente juicio.
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