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» Sin Mordaza
Fecha: 21/05/2025 14:55
Tras la detención de una suboficial de 21 años sospechada de filtrar información desde el 911 a su pareja, un preso vinculado a una banda narco, el gobierno de Santa Fe anunció este martes una directiva que establece inspecciones socioambientales para policías jóvenes. La orden fue firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y apunta a implementar controles sobre postulantes, cadetes, efectivos en comisión y agentes confirmados, tanto en la Policía provincial como en el Servicio Penitenciario. El objetivo, según el texto oficial, es verificar conductas, relaciones o entornos que puedan comprometer la función policial o erosionar la confianza en las instituciones de seguridad. Detención en Piñero El anuncio del gobierno llegó horas después de la detención de la agente Luana María R., quien fue aprehendida mientras visitaba a su pareja, Kevin R., en la cárcel de Piñero. El joven, de 25 años, cumple prisión preventiva por una balacera contra un colectivo y habría actuado bajo órdenes de Carlos “Peloduro” Fernández, condenado por homicidio y asociación ilícita. Luana R., madre de un bebé de cinco meses, se encontraba con licencia por maternidad, pero se sospecha que desde su puesto en el Centro de Monitoreo del 911 filtraba información sensible que beneficiaba a su pareja. La fiscalía analiza imputarla por incumplimiento de deberes, violación de secreto y omisión de denuncia. Controles en marcha La directiva firmada por Cococcioni fue remitida a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera, a la Secretaría de Seguridad Pública y a Asuntos Internos. El texto plantea implementar inspecciones para detectar “componentes actitudinales” y “patrones de conducta, relaciones sociales, familiares o comerciales” que representen un riesgo. “Buscamos garantizar que quienes ingresen o permanezcan en la fuerza tengan un perfil acorde a la responsabilidad institucional que se les delega”, explicaron desde el Ministerio. Antecedentes preocupantes El episodio con la suboficial no es un caso aislado. En marzo pasado, el gobierno provincial pasó a disponibilidad a cinco agentes recién egresados que habían subido a redes sociales fotos portando armas reglamentarias con mensajes amenazantes. Una de las imágenes, por ejemplo, mostraba a una joven policía posando con su arma acompañada por la frase: “Hoy el que me diga algo lo mando a dormir de una”. En ese momento, Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio, advirtió que esas actitudes “distan considerablemente del quehacer que nosotros pretendemos para una fuerza profesional”. Una política de depuración El gobierno provincial, que desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro viene promoviendo una política de control interno y depuración de las fuerzas de seguridad, considera que el ingreso de agentes sin formación ética o con entornos vulnerables puede favorecer los vínculos con bandas delictivas, especialmente en un contexto de crecimiento del crimen organizado en la provincia. Con las nuevas inspecciones, el Ejecutivo busca reforzar los filtros de ingreso y permanencia, y cortar posibles lazos entre jóvenes policías y estructuras criminales. La eficacia de esta política dependerá, en adelante, de su implementación sostenida y su articulación con las investigaciones judiciales en curso.
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