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» Diario Cordoba
Fecha: 21/05/2025 11:53
Una decisión tomada "sin legitimidad" y al margen del procedimiento legal. Así ha calificado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía el acuerdo por el que el consejo regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles aprobó una controvertida cuota extraordinaria para el ejercicio 2024. La resolución, fechada el 25 de febrero aunque su contenido se ha conocido ahora, estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por varias bodegas del marco Montilla-Moriles y anula el acuerdo del organismo vitivinícola, que se ha visto obligado a retrotraer el procedimiento. Recogida de la uva en un viñedo de Montilla-Moriles. / José Antonio Aguilar La medida representa una victoria significativa para el grupo de bodegas que integran el colectivo Vitivinum, que decidieron plantarse ante lo que consideraban una "imposición arbitraria", interponiendo un recurso de alzada. El origen del conflicto se remonta al pasado 27 de agosto, cuando la comisión permanente del consejo regulador aprobó una cuota extraordinaria que debía ser abonada por todos los operadores inscritos. Posteriormente, esta decisión fue ratificada en una sesión plenaria extraordinaria celebrada el 20 de septiembre. Pero, a juicio de los recurrentes, el proceso estuvo plagado de irregularidades. Alegaciones En el recurso de alzada presentado el 18 de octubre, las bodegas afectadas alegaron numerosas vulneraciones del procedimiento: desde la "falta de legitimidad" de la comisión permanente para tomar una decisión de este calado, hasta deficiencias en la convocatoria del pleno, pasando por "presiones" que habría ejercido la dirección del consejo para "condicionar" el voto de los vocales. La Junta no ha pasado por alto estas alegaciones. En su resolución, a la que ha tenido acceso CÓRDOBA, subraya que la comisión permanente no tiene competencias para aprobar cuotas extraordinarias, ya que este tipo de decisiones, de acuerdo con el reglamento del consejo y la normativa vigente, debe ser adoptada por el pleno en sesión ordinaria. Y aunque el acuerdo fue posteriormente ratificado, la raíz del procedimiento ya estaría "viciada". En el texto que firma la secretaria general provincial de Agricultura, Laura Siles, se alude a un informe del Servicio de Calidad y Control Agroalimentario, que establece que aunque la comisión permanente del consejo regulador puede gestionar ingresos y ordenar pagos, no tendría autorización para aprobar nuevos cobros obligatorios. Por tanto, el intento de legitimar el procedimiento a posteriori mediante un pleno extraordinario no bastaría para enmendar el defecto "de origen". El consejo regulador había argumentado que la comisión permanente tenía funciones delegadas desde el año 2020, basándose en un informe de gestión. Sin embargo, la Consejería ha concluido que esa delegación no incluía la potestad de establecer nuevas cuotas y, mucho menos, de carácter extraordinario. A pesar de que se detectaron otras irregularidades en el desarrollo de las sesiones —como la escasa antelación en la convocatoria, la ausencia de documentación previa adecuada o la presión ejercida por la presidencia—, la resolución entiende que, por sí solas, no generan una indefensión material suficiente como para invalidar el acto. Sin embargo, el defecto principal, relativo a la competencia, ya era motivo suficiente para anular la cuota. Con esta decisión, la Consejería no solo da la razón a las entidades recurrentes —entre ellas, Bodegas Robles, Bodegas Doblas, Lagar de Casablanca, Lagar Los Raigones y Lagar de los Frailes—, sino que lanza un mensaje rotundo sobre la importancia del respeto al procedimiento legal y a las competencias asignadas a los órganos colegiados. Solicitarán la devolución A su vez, desde el colectivo Vitivinum solicitarán formalmente al Consejo Regulador la "devolución de las cuotas cobradas de manera ilegal a sus miembros", toda vez que advierten que "de esta medida puede beneficiarse cualquier operador o viticultor del marco Montilla-Moriles". Por otro lado, la Junta ha rechazado la solicitud de suspensión de la actividad del consejo regulador, al no apreciarse transgresiones suficientemente graves ni reiteradas que justifiquen una medida de tal calado. Suspender la actividad "podría perjudicar los intereses socioeconómicos de la entidad", señala el texto, al que ha tenido acceso este periódico. Pleno este jueves Ahora, el consejo regulador –que tiene convocado para este jueves un pleno ordinario– deberá volver a iniciar el procedimiento desde cero si desea imponer una cuota extraordinaria, asegurándose de que esta vez sea aprobada conforme a Derecho. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al consejo, en la convocatoria del pleno se ha incluido este asunto en el orden del día. La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque queda abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.
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