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» LaVozdeMisiones
Fecha: 20/05/2025 19:52
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas rechazó esta mañana todas las nulidades planteadas por las defensas de los cuatro aduaneros que llegaron a juicio por una causa de coimas en el puente internacional Posadas-Encarnación y programó la próxima audiencia para el 27 de mayo, instancia en la que los imputados tendrán la oportunidad de declarar. Tras culminar la lectura de los documentos del plexo probatorio que restaban, las partes procedieron al planteo de cuestiones preliminares y las defensas desarrollaron diversos pedidos, aunque ninguno prosperó. El primero en tomar la palabra fue el letrado Ramón Camargo, en representación de los aduaneros Orlando Ariel Alfonso (56) y Lorenzo René Juárez (67). Ambos están imputados por “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, aunque el primero también afronta otra causa por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”. En ese otro expediente está involucrado Miguel Ángel Jara, quien en 2017 fue detenido tras cruzar el puente al mando de un vehículo repleto de mercadería de contrabando y ya reconoció su culpabilidad al acogerse a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía, aunque su homologación por parte del tribunal depende de cómo avance el juicio en proceso. Ambas cuestiones fueron atacadas por el abogado Camargo, quien pidió la nulidad de la conexicidad de ambas causas en un solo juicio y también la nulidad del acuerdo firmado entre Jara y la fiscalía. Para el letrado, la incorporación de ese otro expediente en este juicio podría vulnerar el “principio de imparcialidad” en los magistrados del tribunal ya que podría “generar elementos de convicción” previo a dictar sentencia, consideración al cual adhirieron sus colegas. Luis Palma, por su parte, defensor particular de Francisco Antonio Llorente (64), sumó otro planteo y solicitó declarar la nulidad del dictamen por el cual se ordenaron las escuchas telefónicas que permitieron develar el esquema de corrupción que reinaba en el puente e identificar a los involucrados en el ardid. Lo mismo pidió Roberto Benítez, abogado del cuarto imputado, Bernardino Castor Esquivel (51), quien añadió que la medida se ejecutó sin los fundamentos necesarios y viola “el derecho a la privacidad de las personas”. Tanto la fiscal Vivian Barbosa, como la querellante particular por Arca (ex Afip) Rossana Sienra, se opusieron a todos los planteos y requirieron al tribunal no hacer lugar a nada, lo cual finalmente fue la resolución adoptada por los jueces Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch. Después de comunicar el dictamen, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 27 de mayo, instancia en la cual los imputados tendrán la posibilidad de declarar ante las partes.
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