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CABA » Plazademayo
Fecha: 20/05/2025 19:45
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar el rol del propio presidente Javier Milei en la presunta estafa internacional de la criptomoneda $Libra, fue eliminada por el Ejecutivo. No se conocen públicamente sus conclusiones. El gobierno de Javier Milei disolvió este martes la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado para investigarse a sí mismo en el marco del escándalo internacional por la criptomoneda $Libra, promocionada por el presidente en sus redes sociales antes de asumir. La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del propio Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. En un argumento que rozó lo insólito, el Ejecutivo afirmó que la UTI “ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado”, y que por lo tanto “carece de utilidad” su continuidad. Sin embargo, no se hizo pública ninguna de las conclusiones de la investigación, ni tampoco se presentó un informe detallado de las supuestas acciones realizadas. La comisión que se investigó a sí misma La UTI fue creada en febrero de 2025 mediante el Decreto 114/2025, en pleno auge del llamado “criptogate”, cuando diversos medios nacionales e internacionales comenzaron a indagar el posible vínculo de Milei con una presunta estafa multimillonaria en la que ciudadanos argentinos e inversores extranjeros habrían sido engañados mediante la compra del criptoactivo $Libra. La singular comisión tenía por misión “recabar elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”. Para ello, fue autorizada a requerir información a organismos nacionales, provinciales e internacionales, incluyendo la Oficina Anticorrupción (OA), el Banco Central, la UIF, la CNV, la Casa Militar, Migraciones, la Cancillería y hasta la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei. Al frente de la UTI fue designada María Florencia Zicavo, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, subordinada directa de Cúneo Libarona, lo que reforzó los cuestionamientos por la falta de independencia de la unidad encargada de investigar al propio presidente. Sin informe, sin transparencia En el decreto de disolución, el Gobierno afirma que todos los organismos consultados “cumplieron con los plazos establecidos” y que el trabajo de la comisión culminó con la remisión de un dictamen al Ministerio Público Fiscal. No obstante, ningún documento ha sido difundido públicamente, ni se comunicaron hallazgos, responsabilidades ni recomendaciones. La causa judicial continúa su curso bajo la órbita de la jueza María Romilda Servini, aunque aún no se conocen avances sustantivos, y el dictamen de la UTI no es vinculante. Polémica e indignación La decisión de crear una comisión interna para investigar al propio presidente ya había generado fuertes críticas en su momento, tanto por la forma como por el fondo del asunto. La posterior disolución de esa misma comisión sin rendir cuentas avivó las denuncias por encubrimiento, opacidad institucional y falta de respeto a los principios republicanos. Desde distintos sectores políticos y organizaciones de transparencia exigieron que el informe elaborado por la UTI sea hecho público y entregado al Congreso Nacional. En tanto, voces de la oposición señalaron que la maniobra del Gobierno representa “una burla a la ciudadanía” y un “peligroso precedente de autoinvestigación sin control externo”. El escándalo del criptogate, lejos de cerrarse con este decreto, suma un nuevo capítulo de opacidad y sospechas, mientras la sociedad y la Justicia esperan respuestas concretas sobre un caso que puso al presidente en el centro de una trama financiera de alcance global.
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