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Parana » Bicameral
Fecha: 19/05/2025 14:58
Un plenario de las comisiones de Hacienda y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos debatirá esta semana un proyecto de ley ingresado por Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) que dos unidades fiscales de Delitos contra el Ambiente. La norma fue presentada en 2024. De acuerdo al texto, se crearán dos oficinas. Una estará ubicada en Gualeguaychú, pero tendrá jurisdicción también sobre hechos que ocurran en los departamentos Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy. La otra en Paraná, con potestad además en La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano y Rosario del Tala. Cada una tendrá un fiscal titular y dos auxiliares. Las Fiscalías Ambientales tendrán como fin promover acciones penales e impartir instrucciones ante organismos competentes. Estarán asistidas por un Cuerpo de Investigación Científica, conformado por profesionales del ámbito científico con especialización en ciencias, carreras y disciplinas ambientales y al menos cinco años en ejercicio. “Ante el escenario actual, donde el paradigma ambiental ha tomado un protagonismo importante, es que venimos a proponer una herramienta jurídica moderna y cada vez más común en los fueros judiciales de creación de Fiscalías Ambientales en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos. La vía jurisdiccional propuesta será destinada a que los ciudadanos puedan demandar la protección efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, señaló Arrozogaray en los fundamentos del proyecto al que accedió Bicameral. “En el plano provincial existen avances muy importantes y experiencias muy enriquecedoras en materia de Fiscalías Ambientales”, agregó luego, detallando experiencias en Corrientes, Buenos Aires, Jujuy y Córdoba. La ex viceintendenta de Gualeguaychú apuntó luego: “En términos generales, la creación de Fiscalías Ambientales en la Provincia de Entre Ríos contribuirá a mejorar la prestación del servicio de justicia, aportando especialización y eficiencia en el trámite de litigios judiciales en estos temas. Tienen por objetivo facilitar el acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos y dotar al poder judicial de precisión técnica en la materia“. Y finalizó: “Se busca dar respuestas desde el poder judicial a una demanda relativa a la protección de derechos ambientales, permitiendo a las Fiscalías Ambientales la investigación de los conflictos donde se encuentre comprometido el interés colectivo y la protección de animales”.
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