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» Amanecer
Fecha: 16/05/2025 03:41
En su informe anual correspondiente al año 2024, la Auditoría General de Gestión (AGG) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reportó la apertura de 114 legajos disciplinarios contra fiscales, fiscales adjuntos y otros funcionarios del organismo, una cifra récord desde la creación de la Auditoría. El documento, elaborado por el auditor general Leandro Mai, ya está en manos de la fiscal general María Cecilia Vranicich y será elevado a la Legislatura como establece la ley orgánica del MPA. Las regionales con mayor cantidad de legajos fueron Rosario (Regional 2) con 48 casos (42,11%) y Reconquista (Regional 4) con 28 (24,56%). Le siguen Santa Fe (Regional 1) con 27 casos, Venado Tuerto (Regional 3) con 7 y Rafaela (Regional 5) con 4. Del total de 114 legajos, 90 ya fueron concluidos, mientras que 24 continúan en trámite. El 66,67% de los casos finalizados resultaron en la desestimación de las denuncias. Otros expedientes fueron elevados a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura por su gravedad o conexiones con otros casos. En cuanto al origen de las denuncias, más del 50% provinieron de particulares: 39 presentaciones fueron realizadas directamente ante la AGG y otras 23 en dependencias del MPA. En total, se registraron 62 legajos por denuncias de ciudadanos, superando el récord anterior de 55 en 2023. Además, la AGG abrió 13 expedientes de oficio, recibió 11 desde fiscalías regionales, 9 de otras oficinas judiciales y 8 de organismos fiscales. Entre los casos que llegaron a la Legislatura en 2024, destacan sanciones significativas: el fiscal adjunto de Rosario, Matías Edery, fue suspendido por cuatro meses sin goce de sueldo; el fiscal Aldo Gerosa (Reconquista) fue primero suspendido y luego removido en marzo; la fiscal Gabriela Lescano (Cañada de Gómez) fue destituida; y Guillermo Persello (San Justo) recibió una suspensión de 30 días. Actualmente, se evalúa la remoción del fiscal adjunto Alejandro Rodríguez (Reconquista), cuyo expediente ya fue trabajado por el diputado José Corral como instructor. El informe también advierte sobre los desafíos institucionales que enfrenta la AGG. El crecimiento del MPA, con nuevas incumbencias como el abordaje del microtráfico y la justicia penal juvenil, y la incorporación de fiscales subrogantes, ha incrementado la carga de trabajo. Asimismo, las reformas legales han ampliado las funciones de la Auditoría, que ahora también actúa como acusadora en causas disciplinarias contra empleados del MPA. En respuesta a estas exigencias, la AGG implementó la Comisión Regional Evaluadora para las fiscalías de las regiones 1, 2 y 5, lo que ha supuesto una mayor demanda operativa. Mai destaca la necesidad de planificar estratégicamente con los recursos existentes y propone la utilización de un «tablero de indicadores» como herramienta de monitoreo y gestión institucional. Finalmente, el informe resalta que la Auditoría se constituyó presencialmente en todas las dependencias del MPA durante 2024, relevando legajos prioritarios sin movimiento durante más de un año, con el objetivo de construir un diagnóstico completo que no dependa exclusivamente de la información suministrada por los auditados.
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