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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/05/2025 03:23
El grupo de docentes nucleado en el Colectivo de Trabajadores por la Ventana, integrante de la Agrupación Multicolor de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), emitió un comunicado en el que describe la realidad de los empleados estatales y particularmente de los docentes, y reclama “un urgente llamado a paritarias para discutir en serio cuál es la canasta familiar mínima y qué salario mínimo, vital y móvil tiene que ganar un trabajador activo y jubilado”. El comunicado enviado a ANALISIS sostiene que “los salarios en Entre Ríos que dependen del gobierno son los más miserables a nivel nacional ‘actualizados’ por el dibujo del Índice del Precio al Consumidor (IPC) con base Marzo/25. Es decir que a los bajísimos sueldos que recibimos los trabajadores y trabajadoras se les aplica un porcentaje de dudosa confiabilidad (INDEC) devaluados a marzo, con una pérdida real del poder adquisitivo de compra del 50% en los últimos años. Una pata de la “discusión” paritaria es la del gobierno y la otra, la fila de “representantes” de las direcciones sindicales que militaron, con bajísima adhesión, la aceptación anual”. En tal sentido, desde el Colectivo de trabajadores puntualizan: “Una muestra contundente, con rostro humano, de lo que estamos planteando es el reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que mostró que, en el Gran Paraná, el índice de pobreza es de 38,5% y la indigencia del 8,7%. En la zona que comprende también Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull hay 110.763 personas pobres y 25.002 indigentes. Concordia, por su parte, sigue siendo la segunda ciudad más pobre del país, después de Resistencia (Chaco)”. Critican ante ello que “la contrapartida del Gobierno de Entre Ríos es el avalúo fiscal de la propiedad única, del que pudo acceder, llevando los impuestos en más de un 200% respecto del año anterior. Al mismo tiempo desgrava a los sectores de las clases propietarias para apoyar la “iniciativa privada”. Claramente es un gobierno empobrecedor de las mayorías populares y de los sectores del trabajo respecto a los sectores más pudientes”. Y agregan que “la energía eléctrica que se produce en Salto Grande y que llega a nuestros hogares es de los pocos servicios sobrevaluados que se están pagando, porque de lo contrario te cortan la energía. Otro vital insumo es el combustible, que tuvo un salto en 2024 del 400% y que influye en el gasto del automóvil o el transporte público”. “El saqueo del bolsillo tiene en su haber el aumento universal del aporte jubilatorio del 3% llevándolo al 19%, el más alto en el concierto nacional, y ahora se suma la intervención del IOSPER que aumentó criminalmente las prestaciones de salud”, denuncian. En este contexto, plantean que “la caída en el consumo es mucho más profunda de lo que muestran las estadísticas oficiales y su evolución del mal vivir se acentuó provocando una acelerada malnutrición, afectando gravemente la salud mental, aumentando la violencia social en la escuela e influyendo en el clima escolar con consecuencias presentes y futuras en el proceso educativo. Del horizonte del trabajador de la educación se ha resentido la actualización formativa, la compra de libros e insumos tecnológicos, la recreación, la cultura, el esparcimiento, vacaciones, etc”. “Estos indicadores demuestran fehacientemente que se están violentando los derechos humanos elementales con rango constitucional, tanto de la “Carta Magna” nacional como provincial, en referencia a los siguientes artículos: artículo 14 bis de la Constitución Nacional del salario mínimo vital y móvil; artículo 82, inc. d de la Constitución provincial (“El salario se fijará conforme al costo de la vida, no será inferior al vital y móvil, y estará sujeto a aportes y contribuciones”); y agregamos el artículo 7, inc. b del estatuto del docente entrerriano (“Son derechos de los docentes el goce de una remuneración justa, actualizada periódicamente de acuerdo a las oscilaciones del costo de la vida”)”. Para finalizar, reclaman: “Con este breve y sintético panorama, es necesario y posible un avalúo del consumo popular de bienes y servicios para no seguir cayendo en la indigencia inducida que requiere de un urgente llamado a paritarias para discutir en serio cuál es la canasta familiar mínima y qué salario mínimo, vital y móvil tiene que ganar un trabajador activo y jubilado”.
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